Una fuerte rebaja a la proyección de crecimiento de la economía chilena aplicó ayer el Ministerio de Hacienda, en el marco de la presentación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de este año, el primero que da a conocer la nueva administración. Así, las autoridades de la repartición se sumaron a las entidades que han advertido que el país enfrentará dos años de estancamiento económico.
Al exponer el nuevo escenario fiscal ante los senadores de la comisión del ramo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, previeron que este año el Producto Interno Bruto (PIB) se expandirá 1,5%.
Esta cifra está en línea con el rango medio del Informe de Política Monetaria (IPoM) más reciente del Banco Central y con la apuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su última actualización en abril, pero dista del 3,5% pronosticada por el gobierno anterior en febrero.
De hecho, el número fue cuestionado por el mismo Marcel en el marco de las reuniones de traspaso con su antecesor en Hacienda, Rodrigo Cerda.
“El IFP de enero modificó los supuestos macroeconómicos para 2022 por encima de los utilizados en el Presupuesto y las expectativas del mercado. En este informe se aplica una mayor dosis de realismo y consistencia”, señaló Marcel ante los legisladores, hasta donde asistió acompañado por el coordinador macroeconómico de la cartera, Andrés Sansone.
El gobierno también se hizo cargo del mayor escenario de precios, subiendo en 2,4 puntos porcentuales el cálculo de Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio para este año, para situarlo en 8,9%.
Todo esto en el marco de un escenario, aseguró Marcel, de una inflación que se está volviendo un “fenómeno generalizado” no solo en Chile, poniendo como ejemplo que en Estados Unidos, la zona Euro, México y Brasil la variación anual de los precios se ubica en niveles entre 8% y 12%. En el país, el acumulado roza el 10% a marzo de este año. El viernes se conoce el dato del mes de abril.
Como contraparte, recortó las perspectivas esperadas para la demanda interna, previendo una caída de 1% este año, desde el aumento de 2,6% que se anticipaba en el último IFP.
El tipo de cambio promedio para este año se ajustó a la baja, desde $ 825 por unidad promedio a $ 811 por unidad este año.
El valor del cobre, por su parte, se revisó al alza a US$ 4,45 promedio la libra, 35 centavos superior a la versión anterior.
Mientras que el precio promedio del petróleo WTI para el año también recoge el escenario inflacionario producto de la invasión rusa a Ucrania, con un pronóstico de cotización de US$ 95 por barril, US$ 26 mayor que el IFP de febrero.
Compromiso fiscal “exigente, pero realista”
En la presentación, el gobierno dio a conocer su compromiso de trayectoria para el déficit estructural de las finanzas públicas en los cuatro años de su administración.
Así, planteó que su objetivo es reducir en 0,75 puntos del PIB el saldo negativo de las arcas fiscales por año entre 2022 y 2026. Martínez dijo que es un escenario “exigente, pero realista”.
El punto de partida de este año es un saldo negativo de 3,3% del Producto, mientras que el déficit efectivo representaría 1,7% del PIB este año. Esto implica un empeoramiento de cinco y siete décimas respecto al IFP anterior.
La novedad de este compromiso es que por primera vez incorpora como “ancla” un nivel de la deuda pública bruta, partiendo en 38,8% del PIB este año, para aumentar sobre el 40% en 2023 y llegar a 43,9% del Producto a 2026 en el escenario base, a 46,7% en el escenario pesimista y a 42,8% del Producto en un escenario optimista.
Perspectivas de mediano plazo
El IFP también incorporó proyecciones macroeconómicas para los cuatro años de la actual administración.
De esta forma, se recortó en seis décimas la apuesta para expansión del PIB para 2023, a 0,4%, pero aplicó ajustes al alza para 2024 (siete décimas, a 3%) y 2025 (una décima a 3%), mientras que para 2026 se mantuvo el cálculo en 3%.
La inflación, según el panorama de Hacienda, comenzará a normalizarse a partir del próximo año, con un IPC promedio de 3,6% (cuatro décimas mayor a lo previsto en febrero) y se mantendrá en la meta de 3% del Banco Central entre 2024 y 2026.
El Fisco gastará US$ 965 millones más de lo esperado
este año por las medidas de emergencia por la pandemia y pensiones
Haciéndose cargo de un escenario de desaceleración de la economía y una situación sanitaria donde la pandemia sigue presente, el Ejecutivo actualizó las proyecciones de gasto público para este año, incorporando más desembolsos a lo esperado. El Informe de Finanzas Públicas (IFP) estima que el gasto total del Fisco totalizará casi US$ 73.000 millones, US$ 965 millones por sobre lo previsto en el IFP de febrero.
“Esta actualización es consecuencia de la implementación de medidas para seguir enfrentando los efectos de la actual crisis sanitaria y económica, provocada por la pandemia del Covid-19, así como del mejoramiento del sistema de pensiones”, explicó Hacienda y la Dipres.
Eso sí, esta revisión no cambia en lo fundamental la trayectoria de contracción del gasto para este año, en línea con lo aprobado por el Congreso tras dos años de histórico sobregasto del Fisco.
Dado lo anterior, los nuevos cálculos apuntan a una caída de 25,2% del gasto total, menor a la merma de 30% que se anticipaba en febrero.
“Está consolidación fiscal no es en lo absoluto incompatible con la implementación de la agenda del gobierno del Presidente Boric, la que se reflejará en dos dimensiones. Primero, en ajustes en la composición del gasto público, enfatizando la inversión pública y gastos ligados a la prestación de servicios con un sello inclusivo. Segundo, con una reforma tributaria que financiará la ampliación de derechos sociales y reformas estructurales en salud y pensiones, entre otros”, dijo Marcel ante los senadores.
Dipres advierte una alta cantidad de programas
estatales que ejecutan bajos montos de recursos fiscales
En el marco del monitoreo de la oferta pública de programas, un análisis elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) detectó un nivel alto de “fragmentación” y “concentración” de iniciativas estatales que tienen un nivel de gasto acotado.
Así, los números entregados por la directora de Dipres, Javiera Martínez, ante la comisión de Hacienda del Senado dan cuenta de que cerca de la mitad (330 programas estatales) presentan un gasto promedio menor a $ 2.000 millones al año (del orden de US$ 2 millones).
Esto se desglosa en cerca de 150 programas cuyos desembolsos no superan los $ 500 millones cada uno, casi 80 que gastan menos de $ 1.000 millones y cerca de 50 que ejecutan por debajo de $ 1.500 millones. De esta manera, un tercio de la oferta programática del aparato público gasta menos de $ 1.000 millones al año.
Yendo más allá en el análisis, la Dipres detectó que existen 540 programas con un monto de gasto inferior a $ 10.000 millones, lo que representa un 77% de las iniciativas monitoreadas.
Para este año, la entidad se encuentra evaluando 17 programas, de los cuales dos corresponden a la cartera de Educación (Subvención Escolar Preferencial y Modernización y Fortalecimiento de la Formación Técnico Profesional); cinco a Interior (Barrios Comerciales Protegidos y el Fondo Nacional de Seguridad, entre otros); uno a Economía (Programa de Formación para la Competitividad); uno a Salud (Hospital Digital); uno a Trabajo (Despega Mipe); y el programa Elige Vivir Sano, por citar algunos.
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