La demanda por vulneración de derechos laborales que involucra a tres ministros del Tribunal Constitucional

Una demanda por vulneración de derechos fundamentales contra el Tribunal Constitucional por la suma de $ 326.851.425, presentó la exrelatora de la institución, Pilar Arellano Gómez, luego de haber sido desvinculada de la institución.

En el texto, los abogados Ramón Domínguez y Francis Reyes señalan que su representada fue víctima de maltratos, actos arbitrarios y sobrecarga laboral en el Tribunal Constitucional, particularmente por parte de los ministros Gonzalo García, Cristián Letelier y María Luisa Brahm, esta última ahora electa para suceder al actual titular de la entidad, Iván Aróstica a fines de agosto.

"Es necesario destacar que los hechos que se describirán no son aislados y eventuales, toda vez que al interior de esta judicatura, ya que existen procesos anteriores en los que se han denunciado maltratos, actos arbitrarios y sobrecarga laboral, situación por lo que no es extraño para el Tribunal Constitucional comparecer ante los Tribunales del Trabajo", es parte de lo que se lee en la demanda que ingresaron los abogados al segundo Juzgado de Letras del Trabajo.

Los hechos

De acuerdo al documento, con fecha 23 de enero de 2018, Arellano comenzó con un periodo aproximado de 10 meses de licencias médicas, todas a razón de diferentes patologías asociadas a su desempeño profesional, específicamente asociadas a una grave sobrecarga laboral, entre ellas: tendinitis, síndrome de Burnout, problemas de concentración y memoria, trastorno adaptativo, entre otras.

"El Tribunal Constitucional ha estado sobrecargando laboralmente a sus funcionarios, hasta el punto en que estos adquieren enfermedades relacionadas al trabajo, las que les impiden mantener los niveles de productividad que tenían antes de adquirir estos padecimientos, oportunidad en la que el Tribunal Constitucional procede a desvincularlos, en lugar de atacar el problema de fondo", cuestiona el texto.

De acuerdo a la demanda, los ministros García, Letelier y Brahm comenzaron a mostrar una actitud de "animadversión" contra Arellano cuando ella retomó sus funciones desde el 29 de noviembre de 2018.

"Durante el periodo en que Pilar Arellano prestó servicios para el Tribunal Constitucional de Chile, se vio obligada en múltiples ocasiones a servir de intermediaria entre las pugnas que mantenía la Ministra Brahm con el resto de los Ministros y funcionarios de esta institución", dice el texto.

Desvinculación 

Producto de esos y otros episodios, Arellano en enero de 2019 presentó una recaída en su estado de salud, "a causa de la hostilidad recibida a su regreso", relata la demanda.

De acuerdo a la fecha de los hitos, el día 24 de enero de 2019, Arellano habría concurrido a presentar su licencia médica al Tribunal Constitucional. Ese mismo día, el Pleno del Tribunal, según consta en acta de la misma fecha, habría acordado por mayoría de sus miembros, declarar vacante el cargo de relator ocupado por Arellano. Días más tarde, además, el TC se habría negado a recibir las licencias de Arellano y, con ello, realizar la tramitación de éstas.

Motivo de todas estas razones, la defensa de Arellano solicitó al Segundo Juzgado de Letras del Trabajo que "declare que el Tribunal Constitucional de Chile ha lesionado las garantía a no ser discriminado y la integridad física y psíquica de doña Pilar Arellano". Además, pide que se ordene el pago de la indemnización sanción de tutela, contenida en el artículo 489 del Código de Trabajo, ascendente a $ 73.902.675. De forma adicional, pide que se condene al pago de una indemnización por daño moral ascendente a la suma de $ 150.000.000.

Además, pide que se condene al TC al pago de una indemnización por lucro cesante ascendente a la suma de $ 80.621.100 y una indemnización por años de servicios contenida en el artículo 163 inciso segundo, por la suma total de $ 22.327.650.

La causa ahora está en manos de la Corte de Apelaciones, debido a que el juez laboral señaló que como va dirigida contra tres ministros, debe ser conocida por un Ministro de la Corte de Apelaciones. Sin embargo, los demandantes apelaron a esa resolución. 

En efecto, ahora la Justicia debe resolver si quien tiene que conocer la demanda será un tribunal laboral o un ministro de la Corte de Apelaciones.

El Tribunal Constitucional fue consultado por los hechos, pero declinaron referirse al tema.