Por Claudia Betancourt M.
A pesar de los esfuerzos de Sebastián Piñera por desmarcarse de sus orígenes empresariales al instalarse en La Moneda, transcurridos casi tres años de gobierno ya hay indicios de la intención del Ejecutivo de querer revertir lo que por momentos ha llegado a ser una tensa relación.
Su amplia experiencia en el pasado en el sector privado, le ha jugado a favor al mandatario al momento de negociar con los gremios y empresarios cuando han estado sobre la mesa los intereses de Estado. Sin embargo, fueron más las oportunidades en que las decisiones del gobierno causaron un profundo malestar en el sector, que si bien generalmente, no lo han vociferado públicamente, en privado ha quedado expuesto con firmeza.
Una de las quejas más sentidas es la “poca claridad” respecto de la institucionalidad vigente graficado en el “sorpresivo” anuncio -dado que no estaba considerado en programa de gobierno- de una reforma tributaria, a lo que se ha sumado la incertidumbre en materia medioambiental que ha derivado en la paralización de diversos proyectos, muchos de ellos del ámbito energético.
El factor Barrancones
A estas alturas ya nadie duda del hito -o “pésimo precedente”, según varios representantes del mundo empresarial- que planteó el caso Barrancones en la relación con el sector privado.
La inédita solicitud realizada por el propio presidente Piñera a la empresa franco-belga GDF Suez para que reubicara la construcción de la central termoeléctrica Barrancones, aun cuando la iniciativa se había ajustado a las exigencias medioambientales, generó grandes desconfianzas básicamente por la discrecionalidad con que actuó el mandatario en este caso.
Aunque las relaciones en público se muestran cordiales, paulatinamente han ido apareciendo voces que se han atrevido a criticar públicamente el accionar del Ejecutivo.
En entrevista con DF, Horst Paulmann aseveró “Le pido al gobierno que a los empresarios nos dejen trabajar (...) Con este gobierno a veces sentimos que no somos amigos”.
Concientes de esta limitación y ad portas de un año clave en materia electoral, en La Moneda buscan revertir este escenario. Los ministros de Hacienda, Felipe Larraín; de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y hasta el propio presidente han estado dedicados al asunto. Hasta la sede de la CPC llegaron en los últimos meses el ministro Chadwick y hasta el propio Piñera, en un gesto que no se veía desde la administración Lagos.
Desde que asumió, el presidente se ha reunido al menos dos veces al año con la cúpula de la CPC, no obstante, se prevé que este año podrían hacerse más frecuentes.
Una señal potente fue la reunión que convocó el presidente en La Moneda con los principales ejecutivos de las empresas generadoras, distribuidoras y transmisoras eléctricas y la posterior Cumbre de Fomento a la Inversión, realizado en un hotel de la capital.
Uno de los episodios más claros de la tensión con que se han manejado las relaciones gobierno-empresarios fue la “propuesta” del grupo Matte (Colbún) a Endesa, ante la falta de consenso sobre la política en el sector eléctrico, de no continuar con el proyecto Hidroaysén, uno de los íconos de las protestas ciudadanas en el sector, y un caso en el que el gobierno habría optado por postergar lo más posible.
El accidentado camino tras barrancones
Una dura e inédita polémica surgió tras la decisión del presidente Sebastián Piñera de intervenir personalmente en la instalación de la termoeléctrica Barrancones de GDF Suez. El proyecto generó un fuerte rechazo ciudadano expresado en manifestaciones callejeras y en las redes sociales, principalmente por la ubicación al sur de la reserva ecológica de Punta Choros, en la IV Región. Además de haber "pasado por sobre la institucionalidad ambiental" que le había dado el vamos al proyecto, lo más criticado fue la llamada del mandatario, dado -según se planteó- que perjudicaba terrenos cercanos al asentamiento del proyecto, de amigos personales.
El golpe de timón de colbún
El sorpresivo anuncio del grupo Matte (Colbún) de recomendar la detención del proyecto de línea de transmisión de HidroAysén, apuntando a una falta de institucionalidad energética y a una escasez en el marco regulatorio para desarrollar proyectos eléctricos de alta complejidad, dejó en una delicada situación al gobierno de Sebastián Piñera. Tras la "recomendación", La Moneda convocó a una reunión de emergencia a los empresarios del sector eléctrico, donde tras realizar un diagnóstico conjunto sobre la situación del sector, se comprometió con una nueva institucionalidad y duplicar la matriz energética al 2020.
Freirina y su arista política
En 10 de diciembre, la empresa Agrosuper decidió cerrar la planta faenadora de cerdos tras persistentes denuncias de contaminación y malos olores que hicieron los habitantes del sector. La decisión fue precedida de días de intensas manifestaciones en la zona y duras declaraciones de autoridades de gobierno y representantes de los vecinos de Freirina, que acusaron que el Ejecutivo había revertido decisiones sanitarias que apuntaban al cierre de la compañía, La situación provocó un nuevo debate sobre el manejo político de La Moneda en la situación, la negociación con la empresa y la presión que habrían ejercido las movilizaciones de vecinos en la postura asumida por el gobierno.
El sello de longueira
Uno de los obstáculos en los puentes que han intentado tender desde La Moneda hacia el empresariado, estaría en la particular gestión que ha desarrollado el ministro de Economía, Pablo Longueira, quien "se puso del lado de los consumidores" gatillando un distanciamiento natural de los empresarios y principalmente de los del retail, que ven en cada una de sus acciones una amenaza. Longueira fue la cara de la puesta en marcha del Sernac Financiero, del "destape" en el caso La Polar sobre la que subrayó "si esa empresa tiene que quebrar, tendrá que ser así". También fue especialmente activo en el caso Pollos, y la constitución de una mesa entre supermercados y proveedores para agilizar los pagos en el sector.