Fondo Covid: senadores aprueban que empresas con sedes en paraísos fiscales no reciban aportes estatales

La comisión de Hacienda del Senado, en votación dividida, resolvió que las empresas que tengan sede o domicilio en paraísos fiscales no podrán tener acceso a la ayuda estatal con recursos del fondo Covid-19 por US$12 mil millones para enfrentar la emergencia sanitaria, confirmando lo aprobado en la Cámara de Diputados y descartando la propuesta del Ejecutivo que buscaba suprimirlo.

De esta forma, se ratificó la indicación aprobada en la Cámara, que dicta que "se prohíbe la transferencia de recursos o el apoyo financiero del fondo a empresas controladas por sociedades con domicilio principal o que tengan filiales en paraísos fiscales. Misma prohibición aplicará para las empresas que tengan sociedades relacionadas con sede en estos territorios o jurisdicciones con un régimen tributario preferencial".

Otra indicación del Ejecutivo que fue rechazada por los parlamentarios fue permitir el reparto de dividendos por el mínimo del 30% para las empresas que reciban aportes. De todas formas, se buscará perfeccionar la redacción de una norma que permita que se puedan entregar recursos a empresas estratégicas, pero precisando que será sólo para subsidio a la contratación y no para que sea un aporte de capital, adquisición de instrumentos de deuda convertibles en acciones o garantía estatal con cargo al fondo.

Los parlamentarios también acordaron mantener lo aprobado por la Cámara de Diputados que establece que "se prohíbe todo aporte de capital, adquisición de instrumentos de deuda convertibles en acciones o garantía estatal con cargo al fondo a empresas que se encuentren condenadas por sentencia firme y ejecutoriada por ilícitos graves contra la libre competencia".

Dicha norma generó un intenso debate entre los senadores debido a que algunos entendían que la empresa ya había sido sancionada por dichos actos y no era necesario volverla a sancionar.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, planteó que "esta norma es una señal compleja, porque por algo ya sancionado no se puede ser doblemente sancionado". Todo indica que se buscará una mejor redacción para fijar que se retirará el aporte del fondo a empresas que sean sancionadas por atentados a la libre competencia.

El proyecto cumple su segundo trámite constitucional y debe ser visto por la Sala del Senado para mantener o modificar lo acordado en la comisión. De no aceptarse alguno de los cambios de la Cámara de Diputados, el texto debe cumplir tercer trámite y eventualmente ir a comisión mixta.