Republicanos piden pronunciamiento de Contraloría y sanción a ministros que participaron en reuniones con empresarios
Además anunciaron que presentarán una censura en contra del presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, el socialista Juan Santana.
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Por si fuera poco con el caso convenios, las reuniones de ministros y parlamentarios con empresarios, en la casa de Pablo Zalaquett, se están convirtiendo en un nuevo problema para el Gobierno. La oposición encontró otra situación para golpear al Ejecutivo no sin razón, ya que el hecho de que estos encuentros no hayan sido registrador en la Lay de Lobby, le restan transparencia y ponen en tela de juicio el contenido de las mismas.
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Es por ello, que representantes del Partido Republicano (PR) decidieron concurrir este lunes a la Contraloría General para que se pronuncie acerca de la legitimidad de lo que calificaron como reuniones “clandestinas”.
Los diputados de la colectividad Benjamín Moreno y José Carlos Meza ingresaron una denuncia ante el organismo fiscalizador para que investigue y sancione “a todas las autoridades que han asistido a estas citas -que no cuentan con registro en la Ley de Lobby- con empresarios de distintos ámbitos”.
En el documento, los diputados solicitan a la contralora (s) Dorothy Pérez que analice los antecedentes y adopte las medidas pertinentes, persiguiendo la responsabilidad administrativa en contra de las ministras del Interior Carolina Tohá, del Trabajo Jeannette Jara y de Medio Ambiente Maisa Rojas; y, los ministros de Economía Nicolás Grau, de Relaciones Exteriores Alberto Van Klaveren y de Agricultura Esteban Valenzuela. Y que establezca las sanciones que correspondan, en el caso de que sean procedentes por eventuales infracciones cometidas por estas autoridades.
En este contexto, Meza anunció que también pedirán la censura del presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, el socialista Juan Santana y de todos los parlamentarios que se ha conocido que asistieron “de forma irregular a estas reuniones” y que sean llevados a la Comisión de Ética. Tras lo cual calificó lo ocurrido como de la “máxima gravedad”.
Mientras que Moreno añadió que “la Contraloría tiene que emitir su pronunciamiento y tiene que investigar todas las responsabilidades administrativas que le caben a cada uno de los ministros”.