Pasaban algunos minutos de las 15:30, horas para la que estaba convocada la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, y el diputado José Miguel Ortiz (DC) daba por iniciada la sesión con la asistencia de los ministros de Interior, Rodrigo Peñailillo; de la Segpres, Ximena Rincón; y del Sernam, Claudia Pascual. El presidente de la instancia, Pablo Lorenzini (DC), quien llegó atrasado, se molestó y tuvo un pequeño intercambio de palabras con su compañero de bancada, porque no se habría respetado el tiempo legal de espera. Tras ello, el director de Presupuestos, Sergio Granados, comenzaría su exposición admitiendo que con el aumento de parlamentarios, “existirá un mayor desembolso por concepto de dieta parlamentaria”.
Las palabras de Granados, contenidas en el Informe Técnico vienen a confirmar algo que no sólo la oposición había expuesto, sino también parlamentarios de la NM. Durante todo este tiempo el gobierno aseguró que el proyecto tenía costo cero para el Fisco, pero el aterrizaje de la iniciativa en la Comisión de Hacienda hizo cambiar el escenario. Ello, porque junto con admitir que se requieren más recursos para solventar los nuevos escaños le endosa al Senado y la Cámara de Diputados la responsabilidad de conseguir el dinero adicional.
El esperado reconocimiento puso en guardia a la oposición. Sus representantes en la comisión sacaron inmediatamente la artillería pesada, argumentando, entre otras cosas, que –como lo dijo el RN Nicolás Monckeberg- “es completamente ilegal” que el gobierno disponga que sean las corporaciones las que se hagan cargo de los recursos a través de un “acuerdo político” al que hace alusión el informe financiero.
Más duro fue el diputado UDI Patricio Melero, quien recalcó que dado que el gobierno estaría consciente de que “la gente no quiere este proyecto” le traspasa al Congreso la responsabilidad de los recursos, para “sacar las castañas con la mano del gato”. Y aludiendo directamente a Peñailillo, señaló que el ministro –que ha llevado directamente las negociaciones para sacar adelante el proyecto- tuvo una “osadía mayor, pues un poder del Estado le dice cómo tiene que hacer las cosas a otro poder del Estado”, en referencia a que el informe establece que el gasto que contempla el aumento de diputados –de 120 a 155- y senadores –de 38 a 50- deberá ser costeado a través de reasignaciones.
Sus palabras hicieron reaccionar al diputado Sergio Aguiló (IC), quien recordó que el argumento utilizado por Melero para rechazar el cambio al binominal “es como el décimo que le escucho a la UDI” para negarse a aprobar un iniciativa que es un anhelo histórico de la NM. Y ante la preocupación de la oposición por el rechazo ciudadano al aumento de parlamentarios, debido al costo que ello significará, el diputado Osvaldo Andrade (PS) planteó que la aprobación del cambio al binominal es una oportunidad para legitimar al Parlamento.
Dudas sobre acuerdo
En medio del debate, intervino el timonel gremialista, Ernesto Silva, quien intentó, que a través de la comisión, se solicitara una serie de informes a la Biblioteca del Congreso para determinar, entre otras cosas, la legalidad de que el gobierno traspase al Congreso la responsabilidad del gasto en dietas. Y también pidió aclarar el concepto de “acuerdo político”, de lo que el oficialismo hizo caso omiso. No obstante, en la NM dicen que eso “nunca se debió haber puesto” en el documento, pues surgió en la reunión entre Peñailillo y representantes de la coalición de gobierno el lunes en la noche y en que se definió que el Ejecutivo aceptaría que el aumento de escaños conlleva un gasto de recursos adicionales.
El informe complementario no es el único, ya había otro de cuyas cifras no sólo desconfiaba la oposición, sino también el oficialismo, y fue lo que llevó al presidente de la Cámara de Diputados, el DC Aldo Cornejo, a solicitar un informe a la Biblioteca del Congreso. Si ahora las cifras totales no coinciden se debe a que, según explican en la NM, el primero toma la cifra de todos los gastos en parlamentarios en que incurre el Congreso, y el del gobierno sólo se refiere al gasto en dietas. Pero el tema de las reasignaciones abrió otro flanco que dejó en evidencia el diputado UDI Javier Macaya y dice relación con que con este sistema, el gobierno “está dando una muy mala señal, porque significa que estuvimos 25 años gastando muy mal los recursos”.
EL COSTO DEL ALZA DE PARLAMENTARIOS SEGÚN LA DIPRES
Un costo de $4.853 millones en régimen al año 2023 tendrá el aumento de los 47 nuevos parlamentarios -12 senadores y 35 diputados- según se desprende del último Informe Financiero (N° 69) del proyecto de ley que modifica el sistema binominal, y que ayer conocieron los diputados de la Comisión de Hacienda. El documento, contrasta con el primer Informe Financiero (N°41) con fecha de abril pasado y que acompañó la propuesta del gobierno. Ahí se establece que "el presente proyecto de ley no irrogará un mayor gasto fiscal en lo que respecta a la composición del Parlamento", no obstante que existiría un mayor gasto por lo que significarán las mujeres electas. Sin embargo, en el informe divulgado ayer, se establece que para el caso del Senado, en 2018 se incorporarán los primeros 5 senadores y en 2022 los 7 restantes. Por tanto habrá "un mayor gasto por concepto de Dieta Parlamentaria, estimándose en M$ 430.274 para 2018 y en régimen para 2019 la suma de M$ 516.329. Para 2022, el gasto se incrementaría en M$ 602.383 y para 2023, el gasto se estima en M$ 722.860" (ver tabla). La Cámara de Diputados, en tanto, al 2018 tendrá 35 nuevos parlamentarios, por lo que por concepto de Dieta se estima un gasto "M$ 3.011.917 para ese año y en régimen para el 2019 la suma de M$ 3.614.300". Asimismo se consigna que "en virtud del acuerdo politico de no incurrir en un mayor gasto fiscal, será necesarios efectuar los ajustes para adecuar los presupuestos de ambas corporaciones".
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