Concertación interviene debate de “nuevo trato laboral” y saca a gobierno al pizarrón

Marta Sánchez L



Concluido el rescate de los 33 mineros, la Concertación busca liderar el debate político retomando aquellos temas que “han sido característicos” de los gobiernos de centro-izquierda como el caso de la agenda laboral.
Su objetivo, señalan fuentes de oposición, es no quedarse atrás y evitar que La Moneda -tras el éxito de los mineros- siga apareciendo ante la opinión pública como “una administración eficiente, preocupada de los trabajadores y dispuesto a hacer lo que en cuatro gobiernos la Concertación no pudo concretar”.
De ahí que al anuncio del presidente de la República, Sebastián Piñera, de que “nunca más en nuestro país vamos a permitir que se trabaje en condiciones tan inseguras y tan inhumanas como se trabajaba en la mina San José”, alertó a la Concertación quienes comenzaron a preparar una batería de medidas que “permitan sacar al pizarrón al gobierno”.
Sobre todo, agregaron, cuando el 25 de octubre se dará a conocer un informe preliminar de la Comisión de Seguridad del Trabajo, liderada por la ministra del ramo, Camila Merino.
De hecho, la secretaria de Estado sostuvo que ya han “recogido más de 170 testimonios, recibimos a sindicatos, empleadores y comités paritarios”.
Agregó que la idea del gobierno es implementar estos cambios “lo antes posible” -algunos de ellos serán materia de ley- para evitar que un accidente como el de la mina San José se vuelva a repetir.



Competencia


Y como el tema está inslado en la agenda del Ejecutivo, los representantes de la oposición fueron tajantes. 
El presidente del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade, afirmó, precisamente, que “hemos manifestado, a través de la vocera de la Concertación (Carolina Tohá), nuestra preocupación para que el anuncio que ha hecho el presidente de un nuevo trato no sea un anuncio más que quede en el vacío”. 
Es que, agregó, “hemos tenido varios anuncios que están en el vacío; está todavía pendiente el planteamiento del gobierno respecto del multirut, del 7% de salud de los jubilados y están pedientes varias cosas”.
Además, se preocupó de recordar que la Concertación pudo haber avanzando mucho más en materia laboral durante sus gobiernos, pero fue la propia derecha la que puso obstáculos para seguir avanzando.
Por ello, afirmó que “nuestra preocupación es que el presidente ordene sus filas, porque queremos que los parlamentarios de la derecha, que hoy son gobierno, dejen de cumplir el mandato de Pinochet de cuidar a los ricos y se preocupen de cuidar a los trabajadores”.
Mientrás que el máximo timonel del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), José Antonio Gómez, aseguró que la oposición le ha dado todas las facilidades y posibilidades al gobierno de llegar a un acuerdo, “ahora lo que necesitamos es que el gobierno se deje de recorrer el mundo y se ponga a trabajar con la fuerza que se requiere para resolver los problemas que hay aquí en Chile en materia laboral”.



Las propuestas


En tanto, los senadores de la Democracia Cristiana (DC), Ximena Rincón y Jorge Pizarro, elaboraron una propuesta que será presentada a la directiva del partido para su aprobación final y luego a la Concertación, pues varias de sus medidas requieren proyecto de ley.
En ella sostuvieron que si bien “lo ocurrido a los 33 mineros de Atacama nos interpela a todos”, el foco de la discusión se debe centrar en terminar con que “las empresas no invierten en seguridad laboral ni garantizan adecuadas condiciones sociales y materiales de trabajo”. 
De este modo, dentro de sus planteamientos se encuentran dos puntos en común con las peticiones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Primero, elevar las sanciones e indemnizaciones en caso de accidentes y de enfermedades profesionales. A lo que se suman penas de cárcel para los empleadores por concepto de negligencia criminal. Y, segundo, que los “trabajadores tengan derecho a detener las faenas frente a situaciones de peligro permanente”.
Además, indicaron que no están de acuerdo con que en el proyecto de ley recientemente enviado al Congreso sobre trabajo a distancia “se pretenda disminuir sustancialmente las obligaciones del empleador en diversas materias, pero particularmente en higiene y seguridad”. 
En términos de fiscalizaciones, indicaron que se “deben establecer instancias formales de coordinación entre los entes encargados del área remarcando sus competencias, fortaleciendo sus recursos y aumentando la fiscalización en terreno”. 
Finalmente, insistieron en “nuestra disposición de dialogar y consensuar un nuevo trato laboral en el Parlamento”.