El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) quiere dejar atrás los errores cometidos con el Censo 2012 y empezar a caminar a paso firme en la elaboración de las estadísticas públicas. Sin embargo, aún existen algunas cuentas pendientes que se deben zanjar para iniciar un nuevo ciclo en el organismo. Una de ellas es la investigación que lleva adelante el Ministerio Público para determinar si la denunciada manipulación de datos efectuada en el marco del citado conteo de población por parte de la dirección encabezada por Francisco Labbé constituye o no delito.
Para ese proceso, la Fiscalía de Alta Complejidad le solicitó al Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) dos informes con detalles sobre el proceso 2012 y las recomendaciones que este ente le entregó en diversas reuniones a la administración anterior.
Si bien todavía no se logra una conclusión clara sobre si se puede tipificar como delito la manipulación de datos que se realizó a la hora de imputar las viviendas no logradas y las personas no censadas -al ser el censo un instrumento público-, con este segundo reporte, donde Celade relata los inconvenientes del censo, la Fiscalía espera resolver si se formaliza o no.
Al proceso se suma la querella criminal presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el delito de falsificación de instrumento público "previsto y sancionado por el artículo 193 número 4 del código penal" y en contra de todos aquellos que resulten responsables, sin perjuicio de otros ilícitos que se puedan acreditar en el curso de la investigación.
También está pendiente una investigación que lleva adelante la Contraloría para determinar los errores administrativos que se cometieron.
¿Qué dice el informe Celade?
En el informe de catorce páginas, Celade detalla los problemas que tuvo el proceso anterior; las recomendaciones que ellos entregaron al INE y también la de los organismos internacionales sobre censos.
Uno de los primeros puntos que cuestiona, es que si se efectúa alguna imputación,los métodos utilizados y el número de casos afectados debe describirse claramente en un informe que se presente en el Censo, situación que no ocurrió en el proceso anterior, ya que no se diferenció entre población censada y la estimada.
Asimismo, se sugiere que todo este proceso sea transparente. En el informe, también se entrega una opinión técnica sobre la pertinencia de efectuar imputaciones de población a viviendas ocupadas con moradores ausentes y la forma en que se debe registrar.
En este aspecto, aclaran que "se debe diferenciar entre dos procedimientos: estimar la población de residente en viviendas ocupadas, pero cuyos moradores están ausentes con la cual Celade está de acuerdo y es lo que hace un proceso de conciliación demográfica. El otro, en cambio, es modificar la base de microdatos del Censo creando en esas viviendas registros de personas, que es lo que se conoce como imputaciones de población omitida, procedimiento sobre el cual Celade-Cepal tiene serias reservas porque los riegos de distorsionar las características de la población".
El reporte dice que "el INE en ningún momento mencionó que estaba pensando estimar la población de viviendas censadas con moradores estaban ausentes y tampoco sobre la opción de hacer imputaciones a la base de datos".
Pese a ello, Celade aconsejó "transparencia en el caso hipotético de que el INE escogiera la opción de estimar la población residente en aquellas viviendas cuyos moradores estaban ausentes en el momento del censo".
Con todo, se concluye que "un censo con alta tasa de omisión puede estar distorsionando la realidad, pero corregirlo mediante imputaciones da la sensación de calidad que el censo no tiene y se pueden estar introduciendo más sesgos que los que originalmente tenía".
Funcionarios INE esperan reunión con Economía y analizan paro
El jueves pasado la Asociación de Funcionarios del ente estadístico (Anfine) se reunió con la directora Ximena Clark -en la cita habitual que se desarrolla cada quince días-, donde se abordó el tema de la autonomía, y del clima laboral.
Precisamente, este último punto ha estado en entredicho luego de las renuncias de las encargadas del Censo abreviado 2017. Tanto es así que durante la semana pasada se realizó una encuesta para conocer la opinión de funcionarios del INE sobre el ambiente laboral. Los resultados de ese proceso estarán listos a medianos de noviembre.
Según funcionarios del INE durante el encuentro no se abordó en mayor detalle los problemas que aquejan los funcionarios, ya que desde la dirección esperan conocer los resultados de la encuesta para adoptar medidas al respecto.
Ahora bien, para abordar estos temas, la directiva de la Anfine espera concretar una reunión con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes para plantearle sus inquietudes sobre el proyecto de autonomía y por las relaciones laborales. Si bien el encuentro debería realizarse la próxima semana, en Economía todavía no está agendada la cita, la que de efectuarse debería ser entre lunes y miércoles, ya que Céspedes viajará el jueves al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) junto a la presidenta Michelle Bachelet.
Los funcionarios esperan tener una buena recepción de parte del ministro, ya que de lo contrario no descartan iniciar algún paro de actividades o, bien, movilizarse. Si bien está la idea, la posibilidad de concretarse dependerá de cómo les vaya en la reunión con el ministro y de qué tan receptivo sea el ministro con sus peticiones.
El principal problema que existe entre los funcionarios es el clima laboral, ya que afirman que no ha mejorado, pese a los intentos de la nueva administración. "La idea del paro no es de la directiva de la Anfine propiamente tal, sino que muchos funcionarios nos han planteado su descontento por la forma que los asesores director de la directora se relacionan con el resto de los funcionarios", sostiene. En este punto, aseguran que si bien el problema no es con Ximena Clark, a quien la evalúan de buena forma, sino que más bien con sus subalternos quienes "se toman atribuciones que muchas veces no le corresponden", indican en el INE.
La cronología de los hechos que llevaron a realizar un censo abreviado
2013
Abril 2: se publicaron los resultados definitivos del censo 2012 que arrojaron un total nacional de 16.634.603 habitantes.
Abril 25: a fines de este mes se comenzaron a conocer las primeras denuncias sobre manipulación de datos que habría realizado el director del INE, Francisco Labbé. La denunciante fue Marcela Alcerreca, asesora directa de Labbé en todo el proceso estadístico
Abril 27: gobierno pide la renuncia a Francisco Labbé, y presenta denuncia ante el Ministerio Público. La dirección queda bajo el mando del economista Juan Eduardo Coeymans. Nombra una comisión externa para revisar la base de datos del Censo 2012. Ellos recomiendan realizar un censo abreviado en 2015. Coeymans decide nombrar una comisión internacional para tener una segunda opinión. Esta valida los datos.
2014
Marzo 12: asume Ximena Clark como directora del INE. Decide suspender publicación de base de datos y anuncia auditoría.
Junio 10: gobierno anuncia la realización de Censo abreviado 2017.
Septiembre 5: La población oficial de Chile a 2014 es de 17,8 millones. De ellos 8,8 millones corresponden a hombres y 9 millones a mujeres.
Septiembre 24: Auditoría detecta serios problemas en la base de datos y se decide no publicar la información, ya que no reúne condiciones de un Censo.
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