Con 707.072 votos, Luis Silva fue el consejero que obtuvo la primera mayoría nacional en las elecciones del 7 de mayo. El representante del Partido Republicano llega a la mesa de conversación con el objetivo de poner sus conocimientos específicos en materias constitucionales a disposición de este nuevo proceso, para poder cerrarlo con una propuesta que interprete a una amplia mayoría del país.
El abogado y profesor de derecho de 45 años describe su camino como un proceso de aprendizaje constante, en el cual ha profundizado una vocación de servicio público que se nutre del conocer personas de diversas realidades. Es así como su motivación radica en “los complejos tiempos que atraviesa Chile”, debido a la crisis de seguridad, la inmigración ilegal, la emergencia sanitaria, entre otros.
“Espero poder estar a la altura de la confianza depositada por tantas personas, muchas de ellas decepcionadas por demasiadas promesas incumplidas”, recalcó el consejero de la Región Metropolitana, agregando que espera que la nueva Constitución consagre justamente a un Estado a disposición de esas personas, y no al revés.
"Lo que debe consagrarse en la Constitución es un conjunto de reglas, pocas pero claras, que ponga estándares democráticos exigentes en el caso de que el Estado se involucre en la economía participando como una empresa".
- ¿Por qué cree que triunfaron en las elecciones?
- La promesa de promover ideas basadas en el sentido común para recuperar Chile probablemente interpretó a una gran parte de la población. Pero es obvio que también recibimos votos de personas cansadas de la delincuencia y de la inmigración ilegal descontrolada, que desaprueban al gobierno. Y eso nos obliga a ser extremadamente responsables con lo que propongamos en este proceso, así como también con la manera de conducirlo.
- Algunos consejeros han catalogado como “irresponsable” la campaña de Republicanos al haber puesto la seguridad en el centro de ella. ¿Qué opina de ello?
- El Partido Republicano siempre ha tenido una voz fuerte en los principales temas de preocupación de la ciudadanía, eso es parte de su sello. La Constitución no estaba dentro de esas prioridades, y si bien es cierto pensábamos que un nuevo proceso constitucional no respondería a esas urgencias cotidianas de millones de familias de nuestro país, tenemos el compromiso de conducirlo de manera muy responsable y alejada de estridencias. Pero esto no quiere decir que dejemos de estar extremadamente preocupados por las profundas deficiencias que el gobierno ha demostrado no una, ni dos, ni tres veces, sino en innumerables ocasiones, en materias como seguridad, inmigración ilegal, crecimiento económico, salud y educación. Entonces, materias como la seguridad estarán en el centro de nuestro interés mientras sea una urgencia para las personas.
- ¿De qué forma cree que la Constitución debería contribuir en este ámbito?
- La Constitución es un marco general. Desde esa premisa, uno de sus principales roles es asegurar el fortalecimiento y por sobre todo el buen funcionamiento de las instituciones preocupadas de la seguridad: tribunales de justicia, ministerio público y las policías. Existe, además, la posibilidad de crear nuevos organismos para robustecer, como podría ser una defensoría de las víctimas. La institucionalidad plasmada en la Constitución debe consagrar con fuerza la protección de la seguridad y de las víctimas.
- ¿Qué le pareció el anteproyecto de la Comisión Experta? ¿Reforzaría algunos puntos?
- Es un muy buen punto de partida para el trabajo que estamos iniciando los consejeros electos. Las definiciones específicas se irán desarrollando en las conversaciones del día a día, pero en general veo oportunidades en materias laborales, en el aseguramiento de los derechos sociales sin desconfiar de los privados, o en el reconocimiento de la fe pública como un intangible esencial para la convivencia social, entre otras materias.
- La ceremonia de inauguración del Consejo Constitucional estuvo marcada por el llamado a llegar a acuerdos. ¿Ustedes como partido están dispuestos a renunciar a ciertos puntos o convicciones para llegar a acuerdos con los otros consejeros?
- Nuestra disposición como consejeros republicanos es dialogar con todos los sectores políticos, lograr acuerdos o encontrar mínimos comunes para avanzar, pero sin renunciar a principios que son conocidos por todos, tales como la libertad, la familia o la servicialidad del Estado. Parafraseando al experto de los republicanos en el Comité, Carlos Frontaura, en las democracias tanto las mayorías como las minorías deben ceder. Cómo se traduce esto en el proceso constitucional es algo que dependerá de las circunstancias, que habrá que ponderar prudencialmente.
- En gran medida, el fracaso del proceso anterior fue porque una mayoría impuso su pensamiento en el proyecto. ¿Qué medidas van a tomar como Republicanos para que esto no ocurra?
- Ser mayoría en una democracia implica la responsabilidad de incorporar a la minoría dentro de un proceso conducido con seriedad, alejándonos diametralmente de la fracasada experiencia anterior. Pero la minoría también tiene una responsabilidad, que es la de respetar los acuerdos, sin patear el tablero cuando no sean de todo su gusto. Tenemos que hacer esfuerzos por entender a quien piensa distinto, como condición para detectar esos mínimos comunes, de modo tal que este sea un proyecto que no sólo deje satisfecho a los republicanos, sino ojalá a una gran mayoría de chilenos, tal como lo ha sostenido desde un inicio José Antonio Kast.
- ¿Qué temas estima que hay que mirar con mayor profundidad?
- Veo espacios de oportunidad en materias laborales -el derecho a huelga y su relación con la libertad sindical-, en el aseguramiento de la salud, en ciertas definiciones necesarias para contener el activismo del Poder Judicial, en la defensa de la vida del que está por nacer, en el espacio que ocupará finalmente la definición sobre las Fuerzas Armadas y de Orden, y en el diseño óptimo para potenciar la descentralización, entre otros.
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Rol del Estado
- La Comisión Experta dejó estipulado el rol del Estado como un Estado social y democrático de derecho, dejando la subsidiaridad implícita. ¿Cree que es la forma correcta de abarcar el rol del Estado?
- Creo que lo que debe procurar el Estado es generar las condiciones para que tanto el mundo público como el privado puedan trabajar colaborativamente para resolver los problemas y carencias de las personas. Creo entonces que lo correcto es diseñar la Constitución partiendo de la confianza en las personas y su iniciativa, en vez de concebir un Estado desde la desconfianza en los particulares y sus emprendimientos, que en definitiva tiende a la estatización de la vida social. Dicho esto, es fundamental fijar reglas claras para todos los actores del sistema, y sancionar ejemplarmente a quienes abusen de ellas.
- ¿Respetarán el Estado social y democrático de derecho?
- Ese concepto está en las 12 bases, que son parte de las reglas del juego y es esencialmente republicano acatar el rayado de cancha con el que nosotros aceptamos participar en este proceso. La tarea ahora será dotar de contenido a ese concepto.
- ¿Cómo espera que la nueva Constitución aborde materias económicas, como el rol del Banco Central, la Contraloría, el desarrollo productivo, los tratados de libre comercio?
- Es fundamental entender que la libertad económica y toda la institucionalidad que la garantiza, cumple una función política de primer orden. En efecto, la libertad económica es, junto con la propiedad, uno de los pilares del orden público económico, y sirve para contener el poder estatal -y la amenaza permanente que representa para la libertad personal- reservando un ámbito de relativa independencia y autonomía en el plano personal, familiar y asociativo.
- Respecto al modelo de Estado empresario, que se abre a raíz de la estrategia nacional del litio, ¿cree que se debería consagrar o no en la nueva Constitución?
- Lo que debe consagrarse en la Constitución es un conjunto de reglas, pocas pero claras, que ponga estándares democráticos exigentes en el caso de que el Estado se involucre en la economía participando como una empresa. No se trata de negar la posibilidad del Estado empresario, sino de condicionar su realización a la consecución de intereses ampliamente compartidos por los diferentes agentes políticos, que nos alejen todo lo posible de un ejercicio irresponsable de tal posibilidad.
- En el ámbito medio ambiental, ¿qué se debe considerar en el nuevo documento?
- Creo que una de las oportunidades que nos abre este proceso es poder actualizar el lenguaje y los mecanismos de protección del medio ambiente. La conciencia actual sobre la complejidad y precariedad de los equilibrios medioambientales y la relevancia de nuestras actuaciones en el ecosistema debería traducirse en una regulación constitucional moderna. Esto implica, por supuesto, reconocer la necesidad de articular su protección con el cuidado de otros derechos y libertades fundamentales, que se haga cargo de los requerimientos impuestos por el progreso y desarrollo económico que plantea un país como el nuestro.
- ¿Qué espera que ocurra el día 17 de diciembre? ¿Cree que como consejo logren redactar una nueva Constitución exitosa?
- Los consejeros republicanos vamos a hacer nuestros máximos esfuerzos por conducir adecuadamente el proceso constitucional, lo que significa ser serios, responsables y conscientes de nuestro rol en este momento específico de nuestra historia, alejándose radicalmente de los maximalismos y excesos de la fracasada convención anterior. Para que el 17 de diciembre los chilenos aprueben una nueva Constitución, tiene que ser una buena propuesta, y eso depende de todos los consejeros, no sólo de los republicanos. Hasta ahora he visto una muy buena disposición de los miembros del Consejo. Espero que a ninguno de nosotros se nos olvide ni por un segundo que para que se apruebe el 17 de diciembre, el texto propuesto debe interpretar el común sentir de los chilenos.
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