Con 65 años, Christian Suárez llega al Consejo Constitucional como independiente representando al Partido Socialista (PS), convencido de que su larga trayectoria como profesor de Derecho Constitucional lo llevó a estar donde se encuentra hoy.
Ser parte del nuevo proceso no ha sido el único hito político que marcó la vida del abogado y doctor de Derecho Constitucional. El 2001 fue elegido intendente de la región del Maule y, además, durante siete años fue ministro suplente del Tribunal Constitucional de Chile (2010-2017).
En esta mesa de conversación el abogado de 65 años espera que los otros consejeros electos actúen con patriotismo constitucional y sean capaces de dejar de lado sus intereses, para lograr una Constitución que “los chilenos y chilenas, el país mismo y nuestros hijos merecen”.
"Es muy relevante que las bases constitucionales, así como el acuerdo de la Comisión Experta, contemplen la sustitución del Estado subsidiario por el Estado social y democrático de derecho, que es un tipo de Estado que no mantiene el statu quo y que no abandona a la población".
- ¿Por qué cree que la derecha triunfó en las elecciones del 7 de mayo?
- Fue principalmente un triunfo del Partido Republicano. No soy un experto electoral, pero creo que la crisis económica, la sensación de inseguridad y la desafección de muchos con la clase política tuvo una influencia decisiva como voto de castigo. La gente espera transformaciones y mejoras en materia de salud, trabajo y pensiones, y siente que la clase política en su conjunto ha fallado en esto. Es posible que se explique en alguna medida la avalancha del voto republicano, como voto de castigo. Por eso es necesario introducir cambios y no mantener el actual estado de las cosas.
- ¿Cómo esperan trabajar como pacto para lograr llegar a acuerdos con la oposición, siendo mayoría dentro de este Consejo?
- De buena fe, escuchando, teniendo empatía y buscando los mínimos comunes denominadores para redactar una nueva y buena Constitución que represente a todas y a todos los chilenos. Se requiere deliberar y la deliberación supone mirar al interés general de la Nación y no a la representación de intereses particulares o de grupo. Por eso no es una buena idea ideologizar el texto o pretender que los programas políticos propios queden plasmados en la Constitución.
- En este nuevo proceso Chile Seguro pasó a ser el nuevo "centro". Ustedes como pacto, ¿van a buscar alinearse con ellos para llegar acuerdos?
- Yo hablo aquí por mí, pero estoy seguro que la disposición de la bancada socialista será de diálogo con todos los integrantes del Consejo, por supuesto también con Chile Seguro.
- ¿Cuáles son los cambios fundamentales que espera ver en esta nueva Constitución?
- Es muy relevante que las bases constitucionales, así como el acuerdo de la Comisión Experta, contemplen la sustitución del Estado subsidiario por el Estado social y democrático de derecho, que es un tipo de Estado que no mantiene el statu quo y que no abandona a la población, especialmente a la clase media y a los más vulnerables, dejándolos a su propia suerte. Es importante también descentralizar efectivamente al país y perfeccionar el sistema de partidos y de gobierno.
- ¿Qué medidas implementaría para descentralizar efectivamente el país?
- Me parece importante dotar de mayores atribuciones a los gobernadores, transferir gradualmente competencias a las regiones, concederles iniciativa acotada de ley en materias regionales y constituir consejos económicos y sociales con ciertas facultades resolutivas, entre otras. Creo también relevante que el Presidente presida e integre el Consejo de Gobernadores.
- ¿Qué le pareció el anteproyecto que realizó la Comisión Experta?
- Si bien aún no tenemos a la vista el texto, creo que ha habido un esfuerzo serio por concordar un anteproyecto que represente a todos los chilenos y chilenas sin excepción. Creo que puede ser un buen comienzo para el trabajo que el Consejo debe concluir, elaborando el texto definitivo a proponer el 17 de diciembre a la ciudadanía.
- La Comisión Experta dejó estipulado el rol del Estado como un Estado social y democrático de derecho, dejando la subsidiaridad implícita. ¿Cree que es la forma correcta de abracar el rol del Estado?
- Yo espero que el acento se ponga, como hacen los países más desarrollados y exitosos del mundo, en el Estado social y democrático de derecho. Alemania y los países nórdicos son un buen ejemplo en esto. No sería bueno mantener el estado de cosas de la Constitución actual, en gran medida causante mediata del Estallido Social. A mi juicio esto es fundamental también para la estabilidad y el desarrollo social y económico futuro del país.
- En materia de seguridad social, como pensiones y salud, ¿cómo se deberían abordar en la Constitución?
- Estableciendo las bases de un verdadero sistema de seguridad social y un sistema integrado, que asegure rapidez y oportunidad en la atención de salud. Esto es algo que angustia mucho a los chilenos. Hay una enorme fragilidad del grueso de la población en este aspecto y sería un mayúsculo error mantener el statu quo. Creo que es necesario dejar espacio al legislador democrático para la regulación, pero estableciendo una adecuada configuración de las bases solidarias que ambos derechos por antonomasia requieren.
- ¿Cómo espera usted que sería esa adecuada configuración de las bases solidarias?
- De la manera que he señalado antes. En materia de pensiones, asegurando la existencia de un sistema que garantice la eliminación de las actuales brechas existentes entre hombres y mujeres y entre la jubilación y la última renta recibida, mediante un efectivo pilar solidario que garantice su financiamiento. De manera semejante a lo propuesto en el proyecto elaborado por el ministerio de Hacienda. En materia de salud hay que establecer la rectoría pública de un sistema integrado, rápido y oportuno, que atienda a las condicionantes sociales y ambientales de salud, y que considere los mejores ejemplos de los sistemas sanitarios europeos, independientemente del carácter público o privado del prestador. Las cotizaciones, sin embargo, no deberían ser administradas a la sola discreción de los prestadores. Sobre esto hay una amplia y buena experiencia en los países más desarrollados del mundo, que bien se puede considerar. Pero mantener el statu quo es la peor política que se podría adoptar frente a la angustia que en esta materia viven diariamente millones de chilenos
- ¿A su juicio, la responsabilidad fiscal es una materia que la Constitución debería tocar?
- Me parece que sí, como lo pretendió también el proyecto de la Convención.
- ¿Cómo espera que la nueva Constitución aborde materias económicas, como el rol del Banco Central, la Contraloría, el desarrollo productivo y los tratados de libre comercio?
- En materia de tratados creo que hay que establecer una regla mejor que el actual artículo 5 de la Constitución. Los tratados deben cumplirse en conformidad a las normas del Derecho Internacional, pacta sunt servanda, pero se requiere una especial consideración tratándose de tratados sobre derechos humanos.
Respecto a la Contraloría o al Banco Central me parece que no habrá grandes problemas en concordar un criterio común, que garantice la eficiencia de su función. En torno al orden público económico en la Constitución, me parece que hay que alejarse de los fundamentalismos neoliberales o estatistas. El Estado debe cumplir un rol más importante que el actual en el desarrollo del país, pero por supuesto también el sector privado.
- ¿Cree que dentro de este nuevo proceso se pueda dejar de lado la discusión política que se da en el día a día para lograr una nueva Constitución que sea aprobada el 17 de diciembre?
- Me parece que precisamente nos eligieron para definir la Constitución futura del país, no para enredarnos en el debate de la contingencia. Yo espero que todos seamos capaces de estar a la altura de la responsabilidad que nos han asignado, pero es muy importante que los partidos políticos y otros actores actúen también con la madurez necesaria para generar un contexto que convoque a la unidad del país y a la elaboración de un texto viable. Que actúen con patriotismo constitucional y no solo atendiendo a la defensa de sus intereses de corto plazo. Los chilenos y chilenas, el país mismo y nuestros hijos lo merecen.
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