Balances y proyecciones de Corfo para la certificación de proyectos de I+D
En 2023 aumentaron en un 245% los montos de certificación respecto del año anterior, gracias a la aplicación de la Ley de Incentivo Tributario a la Inversión en Investigación y Desarrollo.
- T+
- T-
Gracias a la Ley de Incentivo Tributario a la Inversión en Investigación y Desarrollo (Ley I+D), Corfo certificó casi $ 313 mil millones en proyectos de I+D liderados por empresas en 2023, el monto más alto en su historia. Esto significó un incremento de 245% respecto a los $ 90.790 millones registrados en 2022.
El monto certificado por Corfo en 2023, a través de su Gerencia de Innovación, representó un 35% del monto certificado desde 2012 (entrada en vigencia de la Ley), con cifras cercanas a los US$ 900 mil millones, y 1.232 proyectos de I+D liderados por 704 empresas.
La Ley I+D está enfocada en mejorar la capacidad competitiva de las empresas chilenas, estableciendo un incentivo tributario para la inversión en I+D, lo que les permite rebajar el impuesto de primera categoría, hasta el 52,55% de los recursos destinados a actividades de investigación y desarrollo, siempre que los proyectos sean certificados por Corfo.
Durante el año pasado, la tasa de certificación aumentó en 11 puntos porcentuales respecto del promedio registrado entre 2020 y 2022, alcanzando el 72% de las iniciativas postuladas. “El año 2022, en términos de montos, se certificó el 43%. En cambio, en el año 2023 aumentamos la tasa a un 75%”, afirmó la gerente de Innovación y Directora Ejecutiva del Comité InnovaChile de Corfo, Jocelyn Olivari.
Además, y por primera vez, la participación de regiones distintas a la Metropolitana lideró el portafolio con un 51% respecto al número de proyectos certificados, y del 58% si se mide en montos aprobados.
“El año pasado certificamos 76 proyectos, lo que responde a una estrategia de focalización de la Gerencia de Innovación”, afirmó Olivari.
Participación de empresas y casos de éxito
Solo en 2023, Corfo sumó 26 nuevas empresas que empezaron a utilizar el incentivo tributario. Los sectores económicos que han recibido mayor certificación desde 2012 hasta el año pasado han sido el comercio y retail; los servicios de ingeniería o de conocimiento; y la química, caucho y plásticos (excepto industria farmacéutica).
Por otro lado, los montos acumulados hasta 2023 han posicionado a la minería y metalurgia extractiva como el mercado líder en torno a certificaciones otorgadas (con $ 306.958 millones), seguida de la pesca y acuicultura ($ 110.751 millones), y el mercado agrícola, exceptuando el cultivo de uvas ($ 80.176 millones).
Uno de los casos de éxito en 2023 fue la minera Anglo American, que registró el mayor monto de certificación en un proyecto desde el origen de la ley. La compañía logró certificar $ 77.294 millones para I+D, enmarcados en la conducción de una nueva tecnología de lixiviación (recuperación de metales presentes en el mineral mediante la aplicación de agua y ácido sulfúrico) denominada SandLixTM, para la obtención de cobre desde minerales primarios de baja ley -baja concentración de metales o minerales-.
Otro caso destacado en 2023 es el proyecto que realizarán en conjunto Enaex, Nittra y Antofagasta Minerals, quienes certificaron cerca de $ 100.000 millones para realizar estudios que permitan avanzar en el proceso de producción de amoníaco verde y disminuir la intermitencia y dependencia del suministro de energías renovables e hidrógeno verde en el proceso Haber Bosch (reacción de nitrógeno e hidrógeno gaseosos para producir amoníaco).
Proyecciones y futuro del incentivo tributario
Olivari señaló que este año pretenden aumentar en un 25% respecto a los montos de certificación obtenidos en 2023, además de sumar 39 nuevas empresas que estén utilizando el incentivo tributario.
También se refirió a la discusión por el nuevo pacto fiscal, y dijo que éste “podría impactar positivamente” al abrir el beneficio a empresas tecnológicas sin utilidades inmediatas. Sin embargo, manifestó que existe preocupación sobre la continuidad del incentivo tributario, debido a que la ley actual tiene una fecha de caducidad en 2025.
“Nosotros queremos que este instrumento permanezca en el tiempo y que siga siendo un incentivo para apuntalar los esfuerzos y la inversión de las empresas en investigación y desarrollo”, añadió.
Desde el 30 de enero hasta mediados de abril, estará abierta la primera de las convocatorias del año “Desafíos de I+D para el Desarrollo Productivo Sostenible”, orientada al desarrollo de la industria del litio, minería sostenible, transición energética y transformación digital.