Baja natalidad y envejecimiento le pondrán presión a las arcas fiscales

La caída en la tasa de natalidad y el incremento de la población de la tercera edad (60 años o más) prometen convertirse en una bomba de tiempo para la economía chilena, debido a que se reducirá la fuerza laboral y será cada vez mayor la carga que deberán sostener las familias para cuidar a sus mayores.

Las estimaciones más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indican que en 2022 un 18,1% de la población en el país tenía 60 años o más, muy superior al 9,5% de hace tres décadas. ¿Y a futuro? Se proyecta que dicho ratio se empinará a 32,1% en 2050.

Como contraparte, las personas menores de 15 años han descendido. Si en 1992 eran el 29,7% de la población, 30 años después bajaron a 18,9% y en los siguientes casi 30 descenderán a 14,2%.

Un escenario que amenaza con golpear no solo el bolsillo de las familias, sino también el del Fisco. Antecedentes de la Dirección de Presupuestos (Dipres) señalan que el gasto fiscal en salud pasó de 12,7% del total en 2000 a 20,9% en 2023. Y los desembolsos en funciones sociales -que engloban la salud y la protección social, así como recreación, cultura, religión, vivienda y servicios comunitarios, y protección del medio ambiente- subieron de 68,8% del gasto público a inicios del milenio a 72,3% a fines de 2023.

Hacia adelante, hay otros gastos que presionarán la situación fiscal. Por ejemplo, la Pensión Garantizada Universal (PGU) costará 0,95% del Producto Interno Bruto (PIB) por año hacia 2050. Eso sin considerar la ampliación de su valor, que es parte de la reforma de pensiones hoy en el Congreso, que costará US$ 3.644 millones adicionales (1% del PIB) cuando opere. La reforma previsional en su conjunto significará un gasto para el Estado de US$ 6.683 millones en el largo plazo, cerca de 2% del Producto.

Hacienda espera que la recientemente aprobada Ley de Cumplimiento Tributario ayude a solventar el gasto en pensiones relacionado a la reforma previsional.

Por otro lado, está la discusión sobre el nuevo sistema de salud y si se consolidará la fuga masiva de afiliados desde las isapres al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), lo que también tendrá incidencia sobre el gasto fiscal hacia adelante.

¿Qué hacer?

El exdirector de Presupuestos entre 2019 y 2021, Matías Acevedo, es enfático: el gasto público en pensiones y salud crecerá en el futuro y se requerirán más recursos a los proyectados para financiarlo. Hoy, ambas erogaciones representan cerca del 10% del PIB, mientras que a 2050 estima que podrían significar entre 5 y 7 puntos adicionales del PIB.

“Un menor crecimiento económico, debido a la desaceleración en el crecimiento de la población y a un cambio en la estructura de edad y género hacia segmentos menos activos, se traduciría en menores ingresos, suponiendo que no haya cambios en las políticas”, advierte el economista del CIES de la Universidad del Desarrollo (UDD).

Joaquín Vial, quien encabezó la Dipres entre 1996 y 2000, plantea que la PGU se financia con ingresos generales del Estado, por lo que si la productividad de la economía crece y el valor de la PGU se mantiene ligado a la línea de pobreza de las familias, la demografía no debería ser un problema para el Fisco.

“Salud es más complejo, porque el sistema público no está funcionando bien y acarrea déficits crecientes. Un adecuado control de costos (incluidas licencias fraudulentas) y mejoras en la gestión de la red pública de salud ayudarían a mitigar este problema”, dice el hoy investigador principal de Clapes UC.

Sergio Granados, titular de Dipres en 2010 y entre 2014 y 2018, enfatiza que el efecto vejez tiene un “alto impacto” en el gasto público en salud, porque es más caro atender a este segmento.

Sobre el impacto de una ampliación de la PGU, de un nuevo sistema de pensiones o la reforma a las isapres, asegura que la pregunta clave es: “¿Habrá espacio futuro para otras políticas sociales que podrán emerger?”. Esto, aunque esas leyes estén financiadas.

La coordinadora del Programa Fiscal del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián (USS), Margarita Vial, pone sobre la mesa otro antecedente: hacia 2050, el INE espera que la población en edad laboral disminuya en 10 puntos porcentuales, por lo que la sostenibilidad fiscal depende de que las políticas públicas se hagan cargo de este cambio.

“La institucionalidad presupuestaria en Chile hoy incluye un programa financiero a cuatro años que contemple los compromisos del Estado en el mediano plazo. Sin embargo, se vuelve cada vez más relevante avanzar hacia escenarios de más largo plazo”, agrega la exjefa de Administración Presupuestaria de la Dipres.

Ser más eficientes

El investigador senior del OCEC de la UDP, Juan Ortiz, argumenta que el proceso de envejecimiento de la población incide en un menor crecimiento tendencial del PIB. Por lo tanto, dado que la trayectoria de gasto se define a partir de los ingresos estructurales y la meta del balance estructural, la dinámica del envejecimiento reduce “marginalmente” la tasa de crecimiento de los ingresos estructurales, lo cual da como resultado un espacio “más acotado” para un mayor gasto público a futuro, explica.

“Lo preocupante es que hay cambios estructurales que por sí generan mayores presiones de gastos y menores ingresos estructurales y efectivos en el margen, como el envejecimiento de la población. Las reformas de pensiones y de salud deben considerar evidentemente este patrón”, advierte Ortiz.

Mientras que la economista senior de LyD, Macarena García, sostiene que antes de hablar de aumentar la carga tributaria para solventar las nuevas necesidades de gasto, hay que pensar en hacer más eficiente el gasto dado que las necesidades han mutado.

“Si la población está cambiando, las ayudas también debieran hacerlo de acuerdo a las nuevas prioridades. A lo anterior, se suma que parte de los problemas del sector salud son de gestión y no de recursos”, complementa.