¿Reformas estructurales en México?

Entre demandas de un fraude generalizado y compra de votos, el retorno del PRI al poder después de doce años en la oposición, con Enrique Peña Nieto, surgen varias interrogantes. Los críticos del PRI ven el regreso del partido a la presidencia como una oportunidad para restablecer el sistema político autoritario que se mantuvo por gran parte del siglo XX.

Muchos temen que Peña Nieto sea meramente un frente amable para un partido corrupto y no reformado que pretenda retroceder los avances democráticos de los últimos 15 años. Sin embargo, esta opinión pasa por alto el hecho de que el ambiente político en México cambió de algunas maneras fundamentales desde que el PRI tuvo la presidencia por última vez.

En particular, como sus predecesores desde 1997, Peña Nieto se verá forzado a alcanzar acuerdos con la oposición parlamentaria si quiere gobernar con éxito. De hecho, la aprobación de reformas estructurales significativas depende, en primer lugar y más importante, de la capacidad del nuevo presidente de asegurarse el respaldo del centroderechista PAN, que podría exigir un alto precio para sacar adelante elementos clave en la agenda legislativa del PRI.

Los mercados financieros celebraron positivamente la victoria electoral de Peña Nieto, apostando a que las perspectivas de una reforma estructural habían mejorado considerablemente como resultado.

Lograr que las cosas se lleven a cabo, después de todo, fue el argumento con el que el PRI siempre intentó contrarrestar las acusaciones de corrupción en su contra, y la campaña de Peña Nieto por lo tanto enfatizó la necesidad de una “democracia centrada en los resultados”.

La principal línea de ataque del PRI en contra del PAN fue que había logrado muy poco durante sus doce años en el poder, un sentimiento compartido por muchos votantes, a pesar de las serias dudas que tenían algunos de ellos sobre darle al PRI una segunda oportunidad.




Congreso fragmentado


No obstante, el optimismo inicial sobre la capacidad de Peña Nieto de lograr que su programa sea aprobado en el congreso, podría ser inapropiado, ya que él deberá negociar con un congreso fraccionado y una sociedad civil cada vez más ruidosa.

De acuerdo al último conteo de votos, el PRI no alcanzó a asegurarse una mayoría en el Congreso, aunque sí será el partido más grande en ambas cámaras del poder legislativo. Lograr aprobar elementos controvertidos de la legislación sería, por ende, tan agotador para Peña Nieto como lo fue para los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, del PAN.

De acuerdo con el recuento final de votos realizado el 8 de julio, el PRI obtuvo 207 asientos en la cámara de diputados de 500 asientos, mientras que sus aliados electorales, el PVEM, tendrán 34 escaños. Esto no es suficiente para conseguir una mayoría total, a menos que logren incluir en su alianza a los diez miembros del PANAL.

A inicios de año, Peña Nieto dio por terminada abruptamente su alianza electoral con el PANAL y su líder, Elba Esther Gordillo, la impopular líder del sindicato de profesores.

Pese a su necesidad de respaldo parlamentario, es posible que Peña Nieto sea cauteloso de buscar su apoyo, en parte porque ella realizaría una dura negociación (cualquier esperanza de reforma educacional probablemente sea aniquilada), pero principalmente porque ello lo pondría en conflicto con los partidos más grandes de oposición y dañaría su postura a los ojos de los votantes.

Algunas reformas estructurales (particularmente en el sector energético) necesitarían enmiendas constitucionales y, por lo tanto, dos tercios de mayoría en las dos cámaras, con lo que serían imposibles de lograr sin el apoyo del PAN.

Es probable que reformas “más fáciles” sean aprobadas a inicios del período.

Se espera que Peña Nieto se enfoque durante su mandato en una serie de reformas políticamente factibles que aumentarían su atractivo. Por ejemplo, una reforma fiscal dirigida a elevar la recaudación tributaria y reducir la dependencia de los ingresos por petróleo, para así canalizar los fondos hacia sus proyectos favoritos de seguridad social universal e inversión en infraestructura.

Mayor financiamiento en el sector energético, particularmente en gas natural, también está en la agenda, con discusiones sobre el rol de los inversionistas privados que están adquiriendo prominencia.

Algunos de estos cambios no necesitarían más que una mayoría simple y tendrían un efecto positivo en el crecimiento económico, una de las bases electorales clave de Peña Nieto.

Pero si acaso los 115 diputados y 38 senadores del PAN demostrarán ser dóciles a las súplicas de Peña Nieto, dependerá de lo que el nuevo presidente esté dispuesto a ofrecer a cambio, con la reforma política propuesta por Calderón siendo tal vez la concesión más evidente.

Las negociaciones de Peña Nieto con el congreso deberían, al menos, dar una lección saludable de democracia a un partido, el PRI, que en el pasado gastó grandes cantidades de energía en intentar evitar su florecimiento pleno.

El PAN se comprometió a presentarse a sí mismo como una oposición constructiva, y por lo tanto las perspectivas del PRI de obtener el respaldo del PAN en algunas partes de su agenda legislativa, donde existen intereses comunes (principalmente en energía, así como en el establecimiento de una red de seguridad social universal) parecen positivas.

En la práctica, sin embargo, el PAN podría no olvidar el hecho de que fue el PRI el que derribó en gran parte muchos de sus propios intentos de reformas.

Con el PAN ahora haciéndose eco de algunas de las denuncias del PRD de fraude en la elección del 1 de julio, una relación completamente cooperativa con el PRI está lejos de ser una apuesta segura, una vez que le traspase el mando a Peña Nieto y a su nuevo gobierno.