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Alto contrasteEn menos de un año, el gobierno logró la aprobación del proyecto de ley de equidad tarifaria. Específicamente, la modificación reduce las diferenciales de tarifas eléctricas residenciales entre las distintas zonas del país, además de rebajar las tarifas en las comunas donde existe generación de energía eléctrica.
La nivelación de precios viene a completar una ecualización ya existente en los componentes de generación y transmisión de la tarifa, extendiéndola ahora a la distribución a fin de lograr mayor equidad a nivel de usuario final, sin que ello afecte las señales de eficiencia de los proveedores.
Lo que ha causado sorpresa (y molestia) es que se aprobó también la posibilidad de traspasar los costos de corte y reposición del servicio eléctrico a todos los usuarios, socializando el costo que generan para el servicio de distribución los clientes en mora. El gobierno ha defendido esta modificación argumentando que se estaría castigando a la gente de menores ingresos que deja de pagar por falta de recursos y que luego tiene no solo que ponerse al día con las cuentas sino que costear la reposición del servicio.
La fundamentación resulta bastante débil considerando que las distribuidoras incurren en costos adicionales que no deberían ser costeados por quienes sí cumplen con sus obligaciones, y que la exención de pago basada en la escasez de recursos podría ser extensible a múltiples otros cobros y multas, generando importantes distorsiones e injusticias. Claramente, hacer que otros paguen por las faltas propias parece ir más allá de lo razonable, y además genera malos incentivos a la conducta responsable de los usuarios.
