A medida que avanzan los días y decantan algunos cursos que podría comenzar a tomar la reforma al sistema de pensiones anunciada por la presidenta de la República este martes, han comenzado a surgir voces que abogan por un debate de alto nivel técnico que evite que en el diseño de medidas específicas se puedan deslizar propuestas que terminen produciendo resultados contraproducentes que no sólo afecten negativamente los montos de las futuras pensiones, sino que además distorsionen la compleja y delicada estructura de incentivos económicos que opera en las bases del sistema previsional.
En efecto, y sólo a modo de ejemplo, cuando se anuncia que se buscará modificar el cobro de comisiones por parte de las AFP o acabar con las llamadas comisiones “ocultas” que se asegura aplican las administradoras, se intuyen medidas que podrían alterar la estructura de incentivos que hoy moviliza la competencia por lograr una mayor rentabilidad o distorsionar la forma en que estos inversionistas institucionales se desenvuelven en el mercado de capitales local y global.
Se trata, en ambos casos, de declamaciones que pueden funcionar comunicacionalmente, pero generar expectativas equivocadas e irreales y, lo que es peor, resultados nefastos para los propios afiliados en el largo plazo.
La autoridad, que con la apertura de este tema ha dado un paso necesario y bien recibido por tener una seria vocación de diálogo, deberá de ahora en adelante hacer un manejo más delicado de las expectativas, así como un esfuerzo superlativo porque las soluciones progresen por la senda de la mejora en las pensiones y no en las encuestas.