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Alto contrasteEl gobierno ha resuelto emprender el camino de una reforma constitucional como forma de salvar la titularidad sindical, materia que estaba en el corazón de la reforma laboral y que fuera objetada hace unas semanas por el Tribunal Constitucional. Esta decisión deja en suspenso tanto el veto presidencial promovido por la ministra del Trabajo, como el otro expediente que se insinuó en su minuto, el de una “ley corta”.
La noticia, que se conoce casi simultáneamente con la divulgación de informes de expertos laborales afines a la Democracia Cristiana que estiman “compleja y poco clara” la vía constitucional como forma de destrabar el tema, fue recibida como un balde de agua fría por el mundo gremial empresarial, que teme que esta decisión deje abierto este flanco de incertidumbre por un período prolongado.
La noticia, además, se conoció en un momento especialmente sensible, pues coincidió con la divulgación de un deprimente dato de Imacec para el cuarto mes del año (de sólo 0,7%) y un diagnóstico económico esbozado por el IPoM de junio bastante desolador, en la medida que da cuenta de niveles de inversión que decaen y no prometen recuperarse adecuadamente en el futuro inmediato.
El anuncio del gobierno, además de reabrir un tema que se creía zanjado por las instituciones pertinentes, echa por tierra buena parte de la expectativa de que la preocupación oficial por el crecimiento diera paso a señales concretas que estabilicen las deprimidas expectativas de los agentes económicos, sin las cuales difícilmente se saldrá de la compleja situación actual, de sucesivas revisiones a la baja del crecimiento.
