Tanto va el cántaro a la fuente…

Susana Jiménez

El Ejecutivo ingresó el 12 de abril indicaciones al proyecto que modifica el Código de Aguas, motivado por las amplias críticas que ha recibido la indicación sustitutiva presentada por el propio gobierno el año 2014, y que ya lleva un tiempo en discusión. Se trata de una reforma que pretende introducir cambios profundos a la institucionalidad de las aguas en Chile, que data no desde 1981 como se ha dicho, sino desde comienzos del siglo pasado, y cuyos méritos han sido reconocidos incluso por el Banco Mundial. Sin embargo, ante el espíritu refundacional que ha caracterizado a esta administración, tuvo que pasar mucha agua bajo el puente para que finalmente el Ministerio de Hacienda, en una suerte de “control de daños”, decidiera enmendar algunas de las desafortunadas propuestas de sus colegas del gabinete.

Así todo, las indicaciones propuestas no son suficientes. Lo que se hizo fue simplemente eliminar aberraciones, pero manteniendo el espíritu original de la reforma, que en nada aporta para superar la escasez relativa del agua o los conflictos existentes sino, por el contrario, solo introduce cambios que debilitan el derecho de propiedad, afectan la certeza jurídica necesaria para el desarrollo de actividades productivas e impactan negativamente el financiamiento de proyectos y el valor de los activos. A ello se suma que, aunque las indicaciones presentadas puede que estén bien inspiradas, no resuelven completamente las dudas y, más grave aún, mantienen el efecto retroactivo de algunas normas sobre derechos de aprovechamiento de agua (DAA) ya otorgados.

El proyecto del Ejecutivo da un intencionado giro hacia una mayor injerencia del Estado y el control sobre el uso de los DAA. Esto, en esencia, no se ve alterado, puesto que pese a las indicaciones presentadas, se termina con el carácter indefinido de los otorgamientos de DAA, se limita el ejercicio de estos derechos, se eleva el pago de patentes por no uso, se introducen causales de caducidad y se aumentan considerablemente las atribuciones de la DGA.

De esta forma, los cambios propuestos por el Ejecutivo no alteran de forma sustancial las modificaciones que se están haciendo al sistema vigente, pero al menos permitirán, de ser aprobadas, corregir algunos de los puntos críticos. Destaca, entre ellos, el que se esclarezca que la temporalidad no aplica para derechos ya otorgados; que se faculte, bajo algunas limitaciones, para disponer del derecho; que se aumenten los plazos para las caducidades que ponen en riesgo el desarrollo de actividades productivas; se limiten las posibilidades para establecer caudales ecológicos mínimos respecto de derechos ya otorgados; y se restablezca el derecho a utilizar las llamadas aguas del minero, entre otras medidas.

Es imposible no reconocer el esfuerzo realizado con las últimas indicaciones presentadas pero, así todo, ello no basta para celebrar el resultado, pues sigue siendo una muy mala reforma que se suma a otras por todos conocidas. No sorprende entonces el estancamiento económico que hemos observado, la persistente caída de la inversión y el clima imperante de desconfianza pues, como dice el refrán, “tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”.