Informes financieros al debe

Susana Jiménez

De acuerdo a la Constitución, solo el Presidente de la República puede presentar proyectos de ley que impliquen mayor gasto fiscal, teniendo por tanto iniciativa exclusiva en proyectos que creen nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean éstos fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado, entre otros.

De acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados, estos proyectos deben adjuntar un informe financiero de la Dirección de Presupuestos (Dipres) con los antecedentes que expliquen los gastos que pudiere importar, estimando el monto de los recursos comprometidos y la fuente de financiamiento. La Dipres estima el impacto presupuestario y/o financiero que el proyecto tendrá en la Ley de Presupuestos vigente y su incidencia fiscal en los cuatro años posteriores, cuando corresponda.

Es precisamente a partir de este documento que las respectivas Comisiones de Hacienda informan los proyectos en lo relativo a su incidencia en materia presupuestaria y financiera, pues se trata de un instrumento clave para conocer el impacto fiscal que tienen los proyectos presentados por el Ejecutivo. Sin embargo, su espíritu no se condice con el contenido, trasparencia y acuciosidad de los informes más recientes. En particular, éstos no son lo suficientemente completos, toda vez que han fallado en entregar información de la disponibilidad real de recursos, los gastos de transición y/o el traspaso de personal.

Así, por ejemplo, los informes financieros que acompañaron los proyectos que dividen el Sename en dos nuevos servicios, señalan expresamente que se irroga gasto en personal “originado en un mayor número de cargos, asociado a la institucionalidad del nuevo servicio y al fortalecimiento de los centros de administración directa”, totalizando 5.252 cargos. El ministro Valdés debió aclarar que más de 4.700 de estos cargos correspondían a personal que actualmente se desempeña en la administración del Estado y que serían traspasados a los nuevos servicios.

Otro ejemplo: el proyecto de ley de Educación Superior. El informe financiero señala que la incorporación a la gratuidad desde el 5° al 6° decil tendrá un costo de $ 217.202 millones para 2018; sin embargo, el ministro nuevamente cuestionó esta cifra, señalando que supone una serie de instituciones entrando a gratuidad, lo que, de no ocurrir, significaría un costo 40% inferior. ¿Cuál es el verdadero costo a considerar entonces?

Pero lo más grave ha sido la falta de transparencia, pues la Dipres ha tenido una demora considerable en publicar en su página web todos estos informes y el Congreso no tiene una regla común como mecanismo para acceder a ellos, lo que limita seriamente el análisis de los proyectos presentados.

Existe, por tanto, un desafío importante de mejora. Se necesita un instructivo claro de contenido y difusión de los informes financieros que permita un análisis acabado del impacto fiscal de los proyectos por parte de los parlamentarios y de toda la ciudadanía. Ello resulta especialmente relevante frente al escenario de estrechez fiscal que dejará este gobierno, lo que vuelve aun más gravoso comprometer gastos fiscales futuros.