Energía y Estado

Susana Jiménez

„ Desde el inicio del actual gobierno se nos notificó que se promovería un rol más activo del Estado en el sector energético, lo que luego quedó plasmado en la Agenda de Energía. Cabe reconocer que este anuncio se ha ido cumpliendo, lo que cada uno podrá evaluar como bueno o malo.

Primero fue la ley de licitaciones de suministro eléctrico para clientes regulados, que si bien se hizo cargo de un diagnóstico compartido en cuanto a la necesidad de perfeccionar algunos aspectos del sistema vigente, terminó por otorgar un fuerte rol al Estado en el proceso de licitación, adjudicación y modificación de contratos. En particular, el Estado se hizo cargo del sistema de licitación (antes en manos de las empresas distribuidoras) y asumió como propia la responsabilidad de los resultados de los procesos.

Ello fue ampliamente debatido por no separar los roles de regulador y operador del mercado, así como por el riesgo implícito de que se pudieran privilegiar objetivos no prioritarios, distintos a garantizar el menor precio posible a los clientes regulados.

Luego fue la ley que amplía el giro de ENAP a la producción, transmisión y comercialización de energía eléctrica. Esto gatilló una fuerte controversia puesto que la incursión de estatal en el negocio no solo no resolvía los problemas de fondo – como es destrabar la ejecución de proyectos energéticos de base – sino que podría incluso tener efectos indeseados en el mercado y, eventualmente también, en los dueños de la estatal que son todos los chilenos.

El proyecto de transmisión eléctrica viene a realzar aún más el rol del Estado, otorgándole mayores atribuciones en la planificación energética, la expansión del sistema y la determinación de franjas para la transmisión. Adicionalmente, se empodera a la Comisión Nacional de Energía, dependiente del Ministerio de Energía, otorgándole nuevas facultades en materia de procedimientos, como es el caso de la regulación y remuneración de los servicios complementarios, los que hasta ahora son determinados por los CDEC y aprobados por la CNE.

También en materia de distribución la CNE concentró mayores atribuciones, que podrían incluso ampliarse de prosperar una eventual modificación al proceso tarifario de las empresas distribuidoras. En este contexto, no es de extrañar que se abriera un debate en torno a la necesidad de otorgar mayor autonomía a la CNE, a fin de dar más garantías de que los procesos técnico–económicos estén debidamente aislado del ciclo político e intereses particulares.

El tema es ciertamente discutible; sin embargo, a la luz de los cambios no debiera descartarse sin antes discutirlo en profundidad. Son muchas las atribuciones traspasadas al Estado en corto tiempo y los efectos solo podrán ser evaluados en un período más largo.

Y al final, lo quieran o no, los resultados dependerán fundamentalmente de la certeza jurídica y el clima de negocios que impere en los mercados para que pueda desplegarse la iniciativa privada.