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Alto contrasteMagallanes sin clases: una traba a la economía regional
MARÍA TERESA ROMERO ARRAU Directora Ejecutiva Escuelas Abiertas
La región de Magallanes enfrenta una crisis educativa y social sin precedentes: cerca de 12.000 niños no han iniciado el año escolar por una paralización de profesores. Esta situación no solo impide el acceso a la educación, también golpea la vida económica de las familias, especialmente de las mujeres, quienes deben reorganizar su rutina laboral y familiar.
Esto ha generado una baja en la productividad, presión sobre el empleo femenino y retrocesos en la participación laboral de sectores ya vulnerables. El impacto no se limita a los hogares. Ciudades como Punta Arenas y Puerto Natales se ven directamente afectadas. La inactividad escolar genera desajustes logísticos, encarece la vida para familias y empresas, y ralentiza la economía regional. Las escuelas son un pilar del entramado productivo y comunitario; cuando no funcionan, todo el ecosistema se altera.
“Esta crisis demuestra las consecuencias de un sistema donde el Estado concentra excesivamente la provisión educativa y responde con ineficiencia”.
Desde Fundación Escuelas Abiertas hemos estado presentes en la zona recogiendo testimonios de madres y padres que expresan su frustración ante la falta de soluciones. La suspensión prolongada de clases significa vulnerar un derecho consagrado por la Constitución, y hoy el propio Estado está negando a miles de niños y niñas la oportunidad de desarrollarse, aprender y poder tener libertad de elegir qué proyecto de vida quieren para su futuro. Es una señal de que el sistema está fallando en lo más esencial. Cada día sin clases es también un día de pérdida económica para las familias y la región.
Ante esta realidad, urge avanzar en el proyecto de reforma constitucional que busca declarar la educación como “servicio esencial”. Esta iniciativa permitiría asegurar la continuidad del proceso educativo y evitar interrupciones por tomas, paros o problemas administrativos, protegiendo el derecho a la educación y la estabilidad de las familias.
También es clave ampliar la oferta educativa en la región. Muchas familias buscan opciones de calidad en la educación particular subvencionada, pero estos establecimientos no cuentan con vacantes al ser los preferidos por las familias. El proyecto de ley Escuelas para Todos, actualmente en discusión en el Senado, permitiría destrabar la creación de nuevos colegios y fortalecer la colaboración público-privada para mejorar la cobertura.
No podemos seguir permitiendo que miles de niños queden sin clases por fallas administrativas. La educación no solo forma personas: sostiene economías y comunidades. Esta crisis demuestra las consecuencias de un sistema donde el Estado concentra excesivamente la provisión educativa y responde con ineficiencia. Para avanzar, no basta con asegurar continuidad en las clases; también debemos abrir el sistema a una mayor participación de privados comprometidos con la calidad. Es urgente eliminar las barreras que impiden a nuevos proyectos educativos surgir y crecer, fortaleciendo así la libertad de enseñar y el derecho de las familias a elegir. Desde Escuelas Abiertas seguiremos exigiendo respuestas y soluciones urgentes para que nunca más la educación sea lo primero en abandonarse.
