Lecciones para Chile de la sanción a OpenAI en Italia

Isabel Cornejo

La aparición de la inteligencia artificial plantea un problema jurídico y ético constante. Estos problemas pueden surgir en un país, pero repercutirán en otros lugares, por lo que, tarde o temprano, también serán relevantes en Chile.

“El caso destaca por la cuantía de la multa y por las implicancias éticas y legales del procesamiento masivo de datos en servicios globales”.

Un ejemplo es la sanción pecuniaria impuesta por el garante italiano de protección de datos personales a OpenAI, propietaria de ChatGPT. Esta autoridad vuelve a ser la primera del espacio europeo en actuar contra dicha empresa, ya que antes había suspendido los servicios de ChatGPT por no proporcionar información adecuada sobre el tratamiento de datos personales ni limitar el consentimiento para menores de 13 años. OpenAI implementó los cambios solicitados para cumplir con el Reglamento de la Unión Europea (RGPD), evidenciando la influencia del marco jurídico europeo.
La autoridad italiana impuso nuevas sanciones administrativas y pecuniarias por 15 millones de euros a OpenAI, alegando que habría violado varias disposiciones del RGPD. Este caso destaca no solo por la cuantía de la multa, sino también por las implicancias éticas y legales del procesamiento masivo de datos en servicios globales. Se considera que la culpa de la empresa estadounidense es grave, ya que lanzó un servicio que procesa datos personales a gran escala sin adoptar las medidas mínimas requeridas por el RGPD. Como sanción adicional, se ordenó una campaña educativa destinada a promover la comprensión del funcionamiento de ChatGPT y su impacto en la protección de datos.
Además, durante la investigación, OpenAI trasladó su sede europea a Irlanda, por lo que los documentos del caso fueron remitidos a la Autoridad de Protección de Datos irlandesa (DPC) para futuras acciones. Esta medida es pionera en Europa, aunque no aborda otros aspectos complejos de ChatGPT, como la seguridad, la calidad de los datos o los derechos de autor. Esto podría deberse a la espera de un pronunciamiento claro sobre las competencias de los organismos previstos en el nuevo Reglamento sobre IA de la UE. Este reglamento es un avance significativo en la regulación de la IA, estableciendo marcos legales para garantizar el equilibrio entre el desarrollo tecnológico y los derechos fundamentales. Sin embargo, todavía no se define qué autoridad supervisará estos temas.
Para Chile, es relevante lo ocurrido en Italia, ya que nuestra ley de protección de datos personales sigue de cerca al RGPD. Este marco permite abordar los desafíos éticos y legales que presenta la IA, especialmente en sectores como salud, educación y economía digital. ¿Podría Chile iniciar acciones contra OpenAI por infracción de esta ley? El precedente europeo podría servir de base para una decisión administrativa o judicial similar, posicionando al país como un pionero regional en la protección de derechos fundamentales en el espacio digital.