Entre la seguridad y la privacidad: el desafío del secreto bancario en Chile

Carlos Aranís

En el contexto del debate sobre la propuesta de levantamiento del secreto bancario en Chile, se pone de manifiesto un conflicto de derechos de gran relevancia: el interés colectivo de combatir el delito versus el interés particular de salvaguardar la privacidad de los individuos.
La idea de otorgar amplias facultades a ciertas entidades estatales para acceder a información protegida sin autorización judicial plantea serias preocupaciones en términos de posibles abusos de poder y violaciones de las garantías constitucionales.
Primeramente, es importante destacar que la posibilidad de acceso a información sujeta a secreto bancario sin una autorización judicial previa, debe darse en el contexto de investigaciones por operaciones sospechosas. Pero lo relevante en este punto, es que el uso de la facultad de acceso a la información reservada está otorgada a la discrecionalidad del Ente Fiscalizador, y aquí es donde se abre la puerta a posibles abusos de poder y violaciones a la privacidad de los ciudadanos.

La propuesta del Gobierno va en la línea correcta, y en concordancia con la práctica internacional, pero
deben reforzarse las medidas y reglas para evitar abusos.

A pesar de que la propuesta del gobierno establece ciertas medidas de protección, como la obligación de mantener la confidencialidad de la información y la imposición de sanciones por un mal uso, la ausencia de un control jurisdiccional previo y una eventual revisión judicial ex post como único recurso, implican que el daño potencial ya se habría materializado, y la información sensible ya se habría expuesto a ciertas entidades. En términos simples, el daño ya estaría hecho.
Con iniciativas legislativas como las presentadas por el gobierno, que buscan modificar el régimen del secreto bancario con el objetivo de facilitar el acceso a la información financiera, sin un adecuado control jurisdiccional previo, estamos fortaleciendo las facultades del ente fiscalizador sin contrapesos, el que gradualmente se podría convertir en un "Leviatán estatal" con la autoridad para acceder a información confidencial, investigar sin autorización judicial y sancionar de manera intrusiva, lo cual representa una amenaza directa a la privacidad individual y a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La propuesta del gobierno va en la línea correcta, y en concordancia con la práctica internacional, pero deben ser reforzadas las medidas y reglas para evitar abusos. En este sentido, el control jurisdiccional ex ante, es una medida fundamental que otorgaría garantía a ambas partes -administración y administrado- en orden a salvaguardar los intereses individuales y colectivos.