Empujando el carro de la transparencia y la probidad

Alejandro Micco

Aumentar los niveles de transparencia y probidad en un país abierto al mundo como Chile resulta un imperativo. La buena reputación ganada por nuestro país, dados sus bajos niveles de corrupción en términos relativos, sólo permanecerá en el tiempo en la medida que tanto el sector público como el privado empujen el carro de la transparencia. En este escenario, la política pública tiene un rol clave.

En el año 2003 se aprobó la Ley que creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF), cuya misión es prevenir que una serie de actividades económicas del país sean utilizadas para el lavado de activos. A partir de la inteligencia financiera, el análisis de operaciones sospechosas y la coordinación con organismos nacionales e internacionales, se han elevado considerablemente los estándares de transparencia y control que se tienen en nuestro país sobre la materia, lo que se grafica en las 60 condenas definitivas dictadas por los Tribunales de Justicia chilenos entre 2007 y 2013, que involucran a 119 personas sancionadas penalmente. Esto nos demuestra que Chile no es ni ha sido inmune al delito de lavado de activos, y detrás de éste están el narcotráfico, la corrupción, el fraude al fisco, la malversación de caudales públicos y la trata de personas, entre otros delitos.

En nuestro compromiso con estos valores necesarios para tener una economía saludable, el primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet patrocinó una moción parlamentaria que buscaba fortalecer y modernizar a la UAF. Esta semana, en el segundo mandato de la Presidenta, se ha publicado la Ley 20.818, que eleva nuestra normativa a los más altos estándares internacionales, para perfeccionar los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Esto nos llena de orgullo y satisfacción, ya que podemos decirle al país que la lucha contra ambos delitos tiene una alta prioridad para este Gobierno.

Esta nueva Ley, junto con ampliar la facultad para levantar el secreto bancario en las investigaciones criminales de lavado de activos, amplía el catálogo de delitos base o precedentes de lavado, al agregar el contrabando, los delitos en contra de la propiedad intelectual, la falsedad maliciosa en los documentos que se acompañen en las actuaciones con el Banco Central o en las operaciones de cambios internacionales, la asociación ilícita, la comercialización de material pornográfico, las estafas y fraude de subvenciones, y el delito tributario por la devolución improcedente de créditos fiscales.

Asimismo, la nueva Ley aumenta el número de entidades privadas supervisadas por la UAF; modifica el umbral de los Reportes de Operaciones en Efectivo (desde UF 450 a US$ 10.000); y permite al Servicio Nacional de Aduanas retener hasta el 30% del efectivo sobre US$ 10.000 que no sea declarado por una persona al momento de ingresar al país, o el 100% de los instrumentos negociables al portador.

También incluye el financiamiento del terrorismo entre los delitos que la UAF debe prevenir e impedir; y establece el congelamiento y retención de activos de las personas vinculadas al financiamiento del terrorismo, que se encuentren en los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Pero quiero destacar que la nueva legislación también faculta a las superintendencias, servicios y órganos públicos (ministerios, municipalidades e intendencias, entre otros) para informar sobre todas las operaciones sospechosas de lavado y de financiamiento del terrorismo, que detecten en el ejercicio de sus funciones. A partir de esta semana, más de 1.000 servicios y órganos públicos están obligados a informar a la UAF todas las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones, información que la UAF debe remitir al Ministerio Público en caso que de dichos antecedentes aparezcan indicios de delitos previstos en el artículo 27 de la Ley N° 19.913, como cohecho, fraude al fisco y malversación de caudales públicos, entre otros.

Chile tiene grandes activos y seguir construyéndolos es tarea de todos. Algunos de ellos son su gran reputación a nivel mundial y bajo nivel de corrupción. Pero, como hemos visto, estos atributos no están garantizados para siempre, por lo que debemos trabajar decididamente para cuidarlos y fortalecerlos. Sin duda, esta Ley es un gran paso para ello.