DF Tax | Denunciante anónimo tributario: un Peligro para los trabajadores

Jorge Martínez Rivera, director de Whistleblower Chile y profesor de la Universidad de Chile.

En el ámbito comparado, las recompensas para quienes reporten ilícitos en sus organizaciones han demostrado ser una herramienta eficiente para detectar fraudes. Sin embargo, el llamado “denunciante anónimo” del proyecto de cumplimiento tributario expone a los trabajadores-whistleblowers a considerables riesgos. La mayoría asociados a una errónea conceptualización y deficiente “transplante legal” al ordenamiento jurídico chileno.

Durante la discusión del proyecto, abogados y asesores empresariales han instalado una visión hostil contra los whistleblowers. Lo cierto es que existe consenso internacional en que las denuncias de interés público son una actividad prosocial que debe promoverse. Si un trabajador denuncia que su empleador está cometiendo delitos tributarios, tal trabajador debe ser protegido y la denuncia investigada. La experiencia comparada es inequívoca en que las denuncias de interés público deben ser fomentadas para detectar ilícitos que afectan a la comunidad pero que están fuera del alcance de la fiscalización estatal.

Segundo, el proyecto tributario no recoge el aspecto cultural del whistleblowing. Por ejemplo, la expresión “denunciante anónimo” es equívoca. En derecho comparado la expresión estándar es “whistleblower” (el que suena el silbato), en español se han usado los términos “alertador”, “denunciante” o “informante”. Además, la figura contenida en el proyecto tributario no es un “denunciante anónimo”. Un sistema en que se paguen recompensas no puede ser anónimo. Más bien, se trata de un programa de recompensas que otorga confidencialidad al denunciante.

Una tercera crítica es que la regulación del “denunciante anónimo” no protege a los whistleblowers que no obtengan recompensas. Por ejemplo, un whistleblower que colabore con la investigación y no obtenga recompensa porque el SII consiguió la información de otra fuente. Este whistleblower habría arriesgado su carrera profesional, y en caso de ser represaliado por su empleador, no contaría con protección en su calidad de whistleblower. Una tarea pendiente del proyecto es modificar el Código del Trabajo e incluir expresamente e inequívocamente las “denuncias de interés público” como una actividad protegida por la garantía de indemnidad.

Por último, la tipificación penal de la “denuncia falsa” no tiene sustento en las buenas prácticas internacionales. Al contrario, las denuncias falsas no aumentan por las recompensas (que tienen como requisito ser ciertas para pagarse). En la experiencia comparada, las denuncias falsas se han vinculado más bien con el anonimato. Así ocurrió cuando la autoridad de protección de datos francesa en 2005 rechazó el sistema de denuncias anónimas (“hotlines”) implementado por empresas norteamericanas que hacían negocios en Francia. Las denuncias confidenciales del proyecto tributario no pueden recibir las críticas propias de las denuncias anónimas. El “denunciante anónimo” propuesto es un programa de recompensas que otorga confidencialidad, no anonimato.

En conclusión, la promoción de los whistleblowers en el área tributaria es una loable política pública, pero requiere adecuarse a las buenas prácticas internacionales. Los whistleblowers llevan adelante una actividad prosocial que debe ser fomentada. Asumir que la única protección para los whistleblowers son las recompensas no contribuye al cambio cultural necesario para fomentar las denuncias de interés público en los lugares de trabajo. Es más, un whistleblower debería contar con protección contra represalias por el solo hecho de presentar una denuncia razonable, independientemente de si califica para una recompensa. El proyecto no cumple con esto, ya que les amenaza con una sanción penal. Todavía se está a tiempo de corregir los defectos del proyecto de “denunciante anónimo”.