Desconfinando la justicia
MACARENA LETELIER VELASCO Directora ejecutiva CAM Santiago
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MACARENA LETELIER VELASCO
La pandemia ha provocado efectos silenciosos que, por un lado, perjudican a las personas, y por otra se transforman en desafíos para la autoridad en la búsqueda de soluciones. Un efecto ha sido el llamado “cuello de botella” en el sistema de justicia, que sin perjuicio de las medidas adoptadas el año pasado con la dictación de la Ley N°21.226, ha impactado en la paralización de juicios y en la certeza necesaria para una reactivación económica en tiempo de crisis.
La buena noticia es que el Ejecutivo puso suma urgencia al proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite y que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación actual (boletines N° 13.752-07 y 13.651-07). La justicia contribuye a la paz social, es pilar de la democracia y obtenida a tiempo, dignifica a las personas. En materia económica la paralización de activos, la incertidumbre en la disputa de derechos o la simple demora en la resolución de un conflicto tienen como consecuencia el justo temor de no emprender o reemprender como ocurre en tiempo de crisis.
El proyecto en tramitación, entre sus normas propuestas, reactiva términos probatorios y hace referencia en varios de sus artículos al uso de vías remotas como la forma regular y ordinaria en que debe prestarse el servicio judicial, esto de manera excepcional y por un plazo atendida la emergencia que vive el país. Por su parte, el Poder Judicial ha señalado que a través de Corporación Administrativa se encuentra preparando un plan a tres años para enfrentar la acumulación de causas, el que contempla contar con jueces transitorios y un presupuesto de $ 43 mil millones al año.
La crisis sanitaria no sólo ha afectado al sistema de justicia en Chile. El informe “Understanding the impact of COVID-19 on tribunals. The experience of tribunal judges”, que analizó las respuestas de 1.507 jueces británicos que participaron en audiencias desde el 19 de marzo de 2020 hasta el 31 de julio de 2020, y que fue conducido por la Legal Education Foundation (Reino Unido), despertó gran interés en explorar el impacto de los cambios relacionados con la pandemia en la experiencia de los tribunales, identificando oportunidades para perfeccionar los procesos puestos en marcha y lograr mejores desarrollos futuros.
Entre los desafíos identificados como barreras en la práctica, está la de los jueces de ‘silenciar’ a los participantes, tecnología de baja calidad en algunas ocasiones y acceso restringido a la banda ancha. Debemos estar alerta ante estas experiencias, muchas de ellas aplicables a nuestra realidad, sin perjuicio de la cultura y régimen jurídico propio de cada país.
Las medidas anunciadas por los diferentes poderes del Estado demuestran que cuando hay voluntad y capacidad de colaborar entre los entes colegisladores y se pone a la persona al centro, se puede adaptar las instituciones del Estado en épocas de crisis y en tiempos razonables. Esperemos que este proyecto y los planes anunciados se transformen en ley y acciones concretas a la brevedad y así vayamos desconfinando la administración de justicia.