¿Cuánto cuesta una ley? Hablemos sobre costos de cumplimiento

Lejos de ser un obstáculo, la ley genera confianza, seguridad y riqueza. Así, sin un marco legal que garantice condiciones equitativas y claras, las inversiones se volverían inestables. En este sentido, los debates no suelen centrarse en la necesidad de regular, sino en cómo hacerlo. El desafío es crear leyes eficaces sin costos desproporcionados o imposibles de cumplir.

“Se ignora el impacto que una ley tiene sobre personas y empresas y se trasplantan normas de contextos ajenos a nuestra realidad sin considerar sus efectos”.

Lamentablemente es preocupante cómo se legisla en Chile. Se ignora el impacto que una ley tiene sobre personas y empresas y se trasplantan normas de contextos ajenos a nuestra realidad sin considerar sus efectos, convirtiéndose muchas en ejercicios teóricos sin soluciones. Para cambiar esto, es crucial conocer los costos asociados a cada proyecto de ley. Esto permite analizar impactos y evaluar opciones a tiempo.

La OCDE define los costos de cumplimiento como aquellos asumidos por empresas, ciudadanos y la administración pública para cumplir una regulación. Ignorar estos costos puede ser una condena para quienes tienen menos recursos y menor capacidad para adaptarse a nuevos requisitos legales.

En ese contexto, el modelo de costeo estándar, adoptado por la EU, ofrece un marco que descompone cada obligación de una ley, la traduce en costos y evalúa sus impactos. Este enfoque se aplica desde el diseño de una norma y continuar durante su vigencia. Ninguna ley es inmutable, debiendo someterse a un constante escrutinio de eficacia.

No debe confundirse este análisis con el debate presupuestario de una ley. El primero se centra en los recursos necesarios para una implementación de manera general, mientras que el análisis de costos de cumplimiento examina en detalle los esfuerzos que se deben asumir para cumplir con una ley y sus efectos en la economía.

Si queremos avanzar en esta dirección, es vital que el sector privado y la sociedad civil asuman un rol activo en el proceso legislativo, sin aportes superficiales sino con contribuciones sustanciales basadas en estudios y evidencia. Debemos reconocernos como co-creadores legislativos, finalmente es parte esencial del ejercicio democrático.

Cada proyecto de ley debería ir acompañado de un análisis exhaustivo, que contemple tanto los costos de cumplimiento como el impacto regulatorio. Solo así se puede justificar plenamente una nueva norma, evaluar sus efectos en la competitividad y establecer medidas para reducir o eliminar cualquier carga innecesaria.

La complejidad de una ley no puede ser sinónimo de opacidad. Cuando la confianza es frágil, la transparencia es una obligación. Solo cuando discutimos el costo real de una ley, con los números sobre la mesa y voces diversas, podemos aspirar a normas que no ahoguen, sino que impulsen. Una ley no puede ser una carga sino un pilar para un desarrollo sostenible, ese tan anhelado por todos.