Economía digital y rol del Estado

Ana María Montoya

Es un hecho que la transformación tecnológica juega un rol esencial en el desarrollo y crecimiento de los países. Y que la aceleración de este fenómeno está cobrando cada vez más relevancia para enfrentar desafíos económicos, sanitarios y sociales -como han demostrado algunas de las mejores prácticas internacionales para controlar el Covid-19-, y así garantizar el correcto funcionamiento de la educación y las actividades laborales. En todo esto, sin duda el rol del Estado se hace indispensable.

Para desarrollar una economía digital de manera eficiente y segura se requiere como condición necesaria -como lo sugiere la OCDE- contar con identidad digital que permita habilitar servicios. Ya sucede en Estonia, donde el Estado es el responsable de identificar a las personas contando con sistemas interoperables y seguros. Y también podría hacerlo Chile si construye una infraestructura de Identidad Digital sobre la base de lo ya desarrollado con la Cédula de Identidad y Servicio de Registro Civil, siguiendo lo avanzado con la Clave Única. O si continúa dando pasos estratégicos, como el que efectuó hace unos días el gobierno al firmar el Acuerdo de Asociación de Economía Digital con Nueva Zelanda y Singapur.

Tan importante es el papel que juega y que puede jugar el Estado en este ámbito que basta mirar el acceso a internet. Si bien hace una década lo considerábamos un bien esencial para el desarrollo, hoy se ha tornado una necesidad básica, clave para que estudiantes y docentes puedan adaptar sus metodologías presenciales a un entorno completamente online. La pandemia, sin embargo, ha dejado en evidencia serias falencias en inversión y digitalización en el sector educacional. Carencias que no se distribuyen homogéneamente en la población, afectando con mayor fuerza a sectores vulnerables, y especialmente a zonas rurales y alejadas de los centros urbanos.

En la misma línea, y considerando la relevancia del acceso a financiamiento para PYME y consumidores sub-bancarizados, el Estado también puede contribuir con condiciones de infraestructura tecnológica que permitan a las personas disponibilizar sus datos personales que se encuentran en poder de instituciones públicas. Estos, al ser compartidos con terceros en forma ágil y segura, con autorización del cliente, podrían facilitar el acceso a productos y servicios financieros, entre otros. Un ejemplo de ello podría ser una interfaz (API) respecto de información de deuda, para lo cual ya hay avances claros, lo que se ve reflejado en la cantidad de usuarios que solicitaron certificados de deuda en línea en CMF el año 2020 con Clave única ahorrándose trámites presenciales (1,2 millones). Lo anterior podría ser replicado con una API pública de SII respecto de carpeta tributaria, que permita la acreditación de ingresos para acceso a financiamiento.

Estos ejemplos nos muestran cómo la economía digital no es sólo está modificando la forma en que nos relacionamos, sino que tiene distintas aristas donde el Estado debe estar presente.