Estado y privados: una alianza para la infraestructura

n tiempos en que la modernización del Estado es una preocupación de orden estratégico para el desarrollo de Chile, quienes ejercen las funciones de gobierno deben estar especialmente atentos a las señales de que la acción estatal está poniendo trabas o generando desincentivos en áreas clave de la economía.

Los proyectos de infraestructura pública —indispensables para el crecimiento— entran en esa categoría. Al respecto, resulta poco alentador que dos empresas líderes del sector, Salfacorp y Besalco, tras sus respectivas juntas de accionistas, hayan consignado en las páginas de Diario Financiero las dificultades que ambas han experimentado en los últimos años en su relación con el Ministerio de Obras Públicas, lo que las ha impulsado a recortar significativamente su participación en proyectos de infraestructura, pese a que estos fueron antes una parte central de su negocio.

Así, ambas relatan episodios en que el Estado, bajo distintos gobiernos, ha evadido por años el pago de importantes obras o bien retrasado la recepción de otras, dificultando en vez de facilitar la concreción de proyectos, y propiciando que actores de probada expertise en su campo tomen distancia. Como dijo a DF el presidente de una de estas compañías, “cuando es difícil cobrar, uno trata de poner a esos clientes más a la cola”.

Se trata de una señal a la que no sería prudente hacer oídos sordos. El Estado chileno necesita retornar al círculo virtuoso de confianza, asociatividad y desempeño eficiente que en el pasado permitió abordar grandes desafíos de infraestructura a través de concesiones. En la actualidad, sólo la situación en materia de hospitales, por ejemplo, requiere de un enfoque constructivo y con sentido de urgencia que ayude a colmar grandes pasivos en el ámbito de la salud. Para eso será crucial que el Estado y los privados —cada uno desde su perspectiva— establezcan modos de relación productivos que, hoy, al menos en cierta medida, se echan en falta.