Expertos evalúan el primer año del gabinete económico

Hacienda: Que la política fiscal se transforme en política de Estado

Jeannette von Wolfersdorff
Directora ejecutiva del observatorio del gasto fiscal

Cuando los niños quieren saber algo, la conversación a menudo se pone interesante: a veces los adultos mismos no lo podemos explicar con suficiente claridad, y a veces ni siquiera tenemos la respuesta. Algo parecido pasa con los datos fiscales cuando ciudadanos interesados quieren preguntar al gobierno qué se ha hecho con los recursos públicos. Hay una cantidad exuberante de datos que simplemente pueden disponibilizarse mejor, pero de repente, también aparecen preguntas sencillas sobre el gasto que carecen de respuestas incluso dentro del propio gobierno. "¿Qué y cuánto se hizo con los recursos públicos, y cuán bien se hizo?" y "¿alguien está mejor, y cuánto mejor después del gasto?" son preguntas que no tienen respuestas claras, dado que nuestro sistema presupuestario no pone el foco en informar sobre el desempeño del gasto, ni opera con la debida gobernanza de datos, basada en las nuevas tecnologías.
Recientemente, la Dirección de Presupuestos (Dipres) ha sostenido que ella no es la institución responsable de contestar este tipo de preguntas sobre el gasto. Serán más bien los servicios públicos quienes deberán rendir cuentas de forma directa sobre el uso de recursos públicos y los resultados logrados. No obstante, según su marco normativo, desde casi veinte años la Dipres ya está formalmente a cargo de "generar, difundir y proporcionar al H. Congreso Nacional y a la ciudadanía en general, información periódica sobre las finanzas públicas del país, así como aquella requerida por organismos internacionales". Es decir, ya 20 años atrás, se entendió al menos teóricamente el rol de la Dipres frente a la ciudadanía y el Congreso.
A nivel internacional, el Código de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda que los gobiernos publiquen objetivos claros y medibles para el gasto público, así como los resultados alcanzados. Además, sugieren que los gobiernos se encarguen de coordinar la respectiva información, incluyendo la de nivel regional. Además, los datos deberán ser relevantes, destaca el FMI, lo que implica tener que entender las necesidades de información de los usuarios -ciudadanía, mercados, y Congreso, entre otros- en vez de solo publicar información a ciegas.
Dado que estamos por iniciar un ojalá exitoso 2019 para Chile, soñaría que pudiéramos no solo ir cumpliendo con estándares internacionales en materia de transparencia fiscal, sino ante todo, que la política fiscal se transforme en política de Estado. Al inicio de su mandato, el presidente Piñera ha dejado claro que los desafíos complejos que enfrenta nuestra sociedad no se pueden solucionar de forma vertical. Ha llamado a basar las políticas públicas en consensos amplios, lo que también debería valer para el ámbito fiscal que ha sido un área poco consensuada durante 2018.
Partiendo desde donde estamos, solo podemos ganar gobierno, Congreso, academia y sociedad civil: existe una oportunidad única para diseñar juntos un marco presupuestario que sea capaz de contestar preguntas básicas que los distintos stakeholders tenemos acerca del gasto público.

Minería: Los primeros pasos del ministro

Alejandra Wood
Directora Ejecutiva de Cesco

En marzo llegó al Ministerio de Minería el exsenador Baldo Prokurica que, con su larga trayectoria como parlamentario de la Tercera Región y convencido de la importancia de la minería para el país, asumió este nuevo desafío con la promesa de retomar una senda de crecimiento como vehículo para el desarrollo. Recalco esto, ya que es al menos sorprendente que para el sector más clave de la economía de un país, su ministerio tenga un presupuesto que no alcance para tener suficientes fiscalizadores en terreno respecto de temas claves como la gestión de relaves, por ejemplo.
En estos primeros nueves meses de gestión, el ministro Prokurica junto con el subsecretario Pablo Terrazas, han ido concretando algunas de las promesas de la actual administración para el sector.
En primer lugar, el anuncio de capitalización de Codelco por USD 1.000 millones, clave para la concreción de su agresiva cartera de proyectos, que le permitirá sostener sus niveles de producción en el mediano plazo. Sin embargo, creemos que aún no hay claridad y consistencia respecto de una política de capitalización para la estatal. Tampoco parece adecuada la prolongación por ocho años más del gravamen del 10% de las ventas brutas de cobre para el fisco chileno, lo cual no le permite a la compañía desarrollarse y competir en igualdad de condiciones con la minería privada.
Por otra parte, celebramos la concreción de la institucionalización del Programa Nacional de Minería Alta Ley -hoy Corporación Alta Ley-, que a través de la cooperación público privada, busca que Chile no sólo exporte minerales, sino que también minería como un proveedor de servicios y tecnología de clase mundial.
Asimismo, la presentación del proyecto que modifica la normativa de cierre de faenas que, junto con resguardar los intereses del Estado y el territorio, busca no afectar la inversión sobre todo de la mediana y pequeña minería, particularmente, por la garantía que hoy deben constituir para el plan de cierre de faena. El proyecto cambia las boletas de garantía por una póliza de seguro, descomprimiendo la caja para estas faenas de menor tamaño.
Por último, destacamos el anuncio de elaboración de una Política Nacional de Minería 2018-2050. Esperamos que este trabajo cuente con una amplia participación de todos los stakeholders relevantes para el sector, incluyendo las voces de las regiones mineras. En nuestra opinión, dicha participación junto con un buen mecanismo de diálogo, serán clave para que esta política sea legítima y su implementación, exitosa.

Telecomunicaciones: Retomar los consensos para volver a ser líderes

Pablo Bello
Exsubsecretario de Telecomunicaciones

Chile ha liderado en los últimos años el desarrollo digital de América Latina, con políticas públicas con sentido de Estado que se han ido perfeccionando de gobierno en gobierno. Hoy, 7 de cada 10 chilenos accede a internet, las velocidades de conexión se han multiplicado, mientras los servicios son cada vez más accesibles en precio. Esto ha sido consecuencia de acertadas decisiones regulatorias y del esfuerzo inversor e innovador de las empresas. Sin embargo, el año que termina no ha sido bueno para el sector. Hemos pasado de un entorno en el que primaba el diálogo y el consenso sobre el modelo de desarrollo sectorial, a conflictos estridentes y excesiva judicialización. Se ha deteriorado la institucionalidad sectorial, lo que sin duda termina afectando la seguridad jurídica, introduciendo mayor incertidumbre y generando preocupación en los inversionistas. Como consecuencia del notable éxito del proceso de incorporación de 4G en el país, Chile estaba llamado a ser abanderado de la llegada del 5G a América Latina. Hoy eso parece un sueño difuso.
Las razones del estado del sector son múltiples, tanto como las responsabilidades. De alguna forma todos los actores han contribuido a este entrampamiento. Y en este sector el tiempo perdido juega en contra del progreso del país. En este clima complejo y enrevesado, es preciso destacar la figura de la ministra Hutt, quien ha sido la voz serena que, a través del diálogo y la rigurosidad técnica, ha logrado desactivar una crisis tras otra y ha iniciado el camino de recuperación de las confianzas.
La ministra sabe que las telecomunicaciones son fundamentales para la digitalización del país, y que las TIC son claves para incrementar la productividad y generar crecimiento económico. Sabe también que todos los chilenos, sin excepción, deben poder acceder a servicios de calidad. La forma de avanzar hacia la plena inclusión digital y el desarrollo de una infraestructura de conectividad de primer nivel pasa necesariamente por el diálogo público – privado, por las inversiones de las empresas, por la competencia y la innovación, y por el rol de liderazgo que le corresponde al gobierno.
La ministra sabe escuchar y esa es una cualidad fundamental que no todos comparten. Entiende los diversos intereses que están en pugna y tiene claras las prioridades del país. Eso la hace ser una muy buena servidora pública. Hoy se necesita más que nunca de esas cualidades.
El ministerio está a tiempo de evitar que estos cuatro años sean de estancamiento, para lo cual es preciso fortalecer la senda del diálogo y volver a construir los necesarios consensos que permitan abordar los desafíos que tenemos.
En ese contexto, puede ser el momento de realizar una necesaria actualización de la institucionalidad sectorial, volver a poner sobre la mesa la conveniencia de contar con un regulador independiente y colegiado -estándar OECD- y tener una autoridad política empoderada para impulsar la digitalización del país.

Trabajo y Previsión Social: un inicio promisorio

David Bravo
Director Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, U.Católica

Para hacer un balance técnico de los primeros 290 días de gestión del Ministro Nicolás Monckeberg me concentraré en tres dimensiones: trabajo y capacitación, pensiones y el tema del empleo.
El ministerio se ha mostrado muy activo en el área laboral. Lo más destacado es el proyecto de ley de Sala Cuna Universal, una iniciativa largamente esperada, que elimina una norma discriminatoria del Código del Trabajo en contra de las mujeres, tanto porque no incorporaba a las empresas con 20 o más mujeres, como porque elevaba el costo de contratación de éstas. Esta legislación puede ser de gran relevancia para la incorporación de más mujeres en el mercado laboral. Otras dos iniciativas muy importantes son el proyecto que establece un contrato especial para jóvenes estudiantes, que permitiría a estos compatibilizar trabajo y estudios y formalizar el trabajo juvenil; y el que regula el trabajo a distancia.
Adicionalmente, conformó una mesa técnica y otra sindical, para analizar los desafíos pendientes –que son numerosos- en materia de modernización laboral, incluyendo temas como la adaptabilidad, la necesidad de nuevas normas para las nuevas formas de empleo, la modernización de la Dirección del Trabajo y la necesidad de contar con mayor certeza jurídica y diálogo en las relaciones colectivas de trabajo. También se ha abordado la necesaria reforma al Sence. Sobre todas estas esenciales materias, cimentadas sobre la base de acuerdos técnicos, se han dado pasos que permitirían esperar reformas importantes en 2019.
En el ámbito del sistema de pensiones, la gestión ha sido correcta al presentar los proyectos para la incorporación obligatoria de los trabajadores independientes y la reforma al sistema de pensiones. La iniciativa permite adelantar acuerdos en áreas centrales como los trabajadores independientes, el aumento en la tasa de cotización con cargo al empleador, el fortalecimiento del pilar solidario, beneficios especiales para las mujeres y la clase media. La parte más débil del proyecto son las normas para incrementar la competencia y el tratamiento distinto para la cotización adicional respecto del 10% actual. Sin embargo, lo más importante es que ya se cuente con una propuesta que permitirá hacer en 2019 una discusión en el Congreso para una reforma de carácter urgente para el país.
En relación con el tema del empleo, el ministerio tiene pocas herramientas directas para incidir en su evolución. Sin embargo, quiero destacar el que desde el inicio de su gestión el ministro Monckeberg lanzó un Centro de Estadísticas del Empleo que apuntó a incorporar indicadores de trabajo provenientes de registros administrativos como complemento a las cifras del INE. Esta iniciativa, que debe ser fortalecida, se ha visto validada luego con el correr de los meses a partir de la discusión sobre las debilidades de los datos del INE.
En resumen: los datos de la gestión ministerial muestran una activa presencia con iniciativas fundamentales. 2019 debe ser un año para transformarlas en ley y en políticas públicas.

Agricultura: Escasez hídrica, herencia de 50 años

Maximiano Letelier
Director Ejecutivo Corporación Reguemos Chile

Sin duda la gestión de un ministerio como el de Agricultura es compleja. Su presupuesto es escaso, de $505.897 millones en el año 2018, equivalente aproximadamente al 1% del total del presupuesto de Chile. A pesar de ello, se hace cargo de una enorme población rural, 30% en Chile, y representa al segundo motor exportador del país después del cobre, con exportaciones que bordean los US$17.000 millones por año.
Sumado al desafío operacional y presupuestario, el Ministerio de Agricultura enfrenta coyunturas e incertidumbres aún mayores como la escasez hídrica. Un problema instalado, bastante estudiado, muy bien diagnosticado; pero con casi nulas soluciones reales, estructurales y de largo plazo. Este no ha sido enfrentado por el Estado en su real gravedad, ya sea por falta o exceso de institucionalidad, duplicidad de atribuciones y/o carencia de un organismo que sea el responsable final de dar soluciones, pensar en políticas de largo plazo y al que se le puedan exigir responsabilidades. Esto último ha obligado a instituciones público-privadas como la Corporación Reguemos Chile, a levantar propuestas y proyectos que puedan enfrentar el problema de fondo.
En este escenario el ministro Antonio Walker ha puesto el foco de su gestión en dos ejes como lo son el cooperativismo y empujar las soluciones a los problemas hídricos. El primero de ellos busca fortalecer la asociatividad de la gran masa de pequeños agricultores -más del 80% de las explotaciones agrícolas están en manos de pequeños agricultores-, dándoles a ellos la posibilidad de surgir; y también permitiéndole a Chile fortalecer su agroindustria, disminuir el lucro cesante de lo que implica tener tierra y agua mal explotadas para así convertirnos en la potencia agroalimentaria que se anhela por ya bastante tiempo.
El segundo desafío que ha abordado el ministro Walker es el de la escasez hídrica, que tiene la dificultad extra de exigir una coordinación de gran parte del Estado y de muchos actores privados; cuestión que es y sigue siendo una debilidad de los gobiernos de los últimos 50 años y que puede poner en jaque parte importante del desarrollo del centro-norte de Chile. Se requiere con urgencia que el gobierno instale los pilares de una política pública en torno al agua, que pueda dar soluciones de largo plazo.

Infraestructura: Un balance positivo, pero aún falta

Carlos Cruz
Director Ejecutivo Consejo de Políticas de Infraestructura

Este año el gobierno anunció un programa de concesiones por US$ 14 mil millones y la disposición de continuar con la instalación del Fondo de Infraestructura y de la nueva Coordinación General de Concesiones. Además, decidió promover el "free flow" y destrabar la ampliación de ciertos contratos de concesión; agilizar la puesta en marcha de las obras del Hospital El Salvador y reponer un programa de concesiones modificadas de hospitales a nivel nacional.
A esto se sumó la compra de equipos para mejorar el servicio de ferrocarriles de pasajeros en Concepción, la continuidad de los proyectos de pasajeros a Melipilla y Til-Til y la optimización de los servicios a Chillán. En Metro, la puesta en marcha de las líneas 6 y 3 y el anuncio de los estudios para las líneas 7, 8 y 9, validan el rol central de este servicio en el transporte público de Santiago.
Pero hay bemoles. La licitación Los Vilos-La Serena, con un solo postor, evidencia que hay algo que disuade a los inversionistas de participar en un proyecto con dificultades normales y flujos asegurados; la postergación de la recepción de ofertas para el Camino de La Fruta tampoco es buena señal, especialmente por el alto valor económico de ese trayecto para el país. No se ha encontrado una vía institucional para responder a la propuesta privada de un tren Santiago-Valparaíso, ni cómo abordar la reposición del puente ferroviario sobre el Bío Bío, o la conflictiva relación entre los trenes de carga y de pasajeros en zonas de alta demanda. Tampoco ha habido un pronunciamiento oficial acerca de la vigencia del Puerto de Gran Escala en San Antonio, ni de cómo Chile seguirá avanzando en materia portuaria para dar cuenta de su rol de plataforma comercial de la región.
Sin duda hay avances importantes en materia de infraestructura, pero aún hay mucho por hacer para alcanzar los niveles de inversión que el país requiere para asegurar competitividad y responder a las demandas sociales pendientes.

Economía: Ejecutivo, enfocado y aprendiendo de los errores

Katia Trusich
Presidenta de la Cámara de Centros Comerciales y exsubsecretaria de economía

No fue un año fácil para el ministro José Ramón Valente, en un gabinete que afrontó las altas expectativas de un gobierno con sello económico. Pero al término de 2018, el panorama resulta auspicioso para la cartera: la aprobación de la ley de pago a 30 días, el avance del proyecto de ley de firma electrónica avanzada (en tercer trámite constitucional), y el training de diez meses a la cabeza del Ministerio de Economía, arrojan resultados positivos para su gestión. También demuestra avances de acuerdo a las materias definidas como prioritarias por Valente: productividad, agilización de inversiones y economía del futuro. En este último punto, hay que destacar la voluntad de impulsar una agenda con visión como el uso de big data en la astronomía (Observatorio Virtual que reunirá la información de los telescopios instalados en un país cuyos cielos concentran el 70% de la inversión astronómica mundial).
Hay alta expectativa, asimismo, por el trabajo silencioso y conjunto con SERNAC, que se está desarrollando para implementar a tiempo los 12 reglamentos de la ley de protección al consumidor que debe entrar en vigencia en marzo de 2019.
José Ramón Valente venía del mundo empresarial y asumió un cargo político donde ejercer la coordinación es clave. A los once servicios dependientes de Economía, como Corfo, Sercotec, INE, Sernatur, Inapi, el mismo Sernac, entre otros, Valente ha entregado autonomía, enfocándose en las metas que definió. Esto demuestra un liderazgo ejecutivo, que da espacio a las instituciones dependientes y que se complementan con el ministerio en lo político y lo técnico.
Uno de sus aciertos fue la creación de una oficina que contribuye a destrabar los proyectos de inversión, que efectivamente ha cumplido su objetivo. Sin embargo, aquí persiste el desafío de seguir avanzando para mejorar la coordinación entre las entidades públicas que conceden los permisos, pues todavía hay varios proyectos inmobiliarios que podrían reactivarse, generando inversión, trabajo y desarrollo.
Además de su formación económica, José Ramón Valente tiene habilidades comunicacionales que ha sabido potenciar con el buen uso que hace de las redes sociales. Aquí debe seguir desarrollando la empatía, no olvidar que en el Estado el primer público objetivo son todas los ciudadanos, que la mayoría son gente de esfuerzo y que el 70% de los empleados en Chile gana menos de $550.000 al mes. Pero el ministro está empoderado, tiene todas las condiciones y disposición para seguir mejorando y demostrar que como secretario de Estado seguirá aportando al crecimiento del país teniendo en la mira el desarollo sostenible.

Energía: Un ministerio con proyección, además de desafíos

Hugh Rudnick
Director de Systep y académico UC

Desde que el gobierno del presidente Piñera formulara su Ruta Energética 2018-2022, se anticipaba que la ministra de energía Susana Jiménez proyectaría el actuar definido por el gobierno anterior, avanzando en el desarrollo de las energías renovables variables y la búsqueda de una matriz baja en emisiones. Se plantearon nuevos énfasis, como por ejemplo el dar un sello social a la energía, la electrificación del consumo, el transporte eficiente y la eficiencia energética, materia pendiente de la anterior administración. En ese contexto, se ha visto a una ministra desplegada en terreno, activa en las redes sociales y transmitiendo un mensaje positivo. Ha sido notable, quizás una excepción a nivel gubernamental, el ejercicio conjunto de responsabilidades con el subsecretario Ricardo Irarrázabal.
Es en las materias pendientes donde está por verse la efectividad del actuar ministerial en el logro de sus 10 megacompromisos. Si bien el espectro ofrecido es muy amplio, es en el reto de tres de esos compromisos que se afrontan las mayores dificultades. Primero, en lo inmediato, lograr superar la dificultad ambiental para concretar proyectos de transmisión. Segundo, avanzar en el proceso de descarbonización, un objetivo muy querido por los ambientalistas y la industria de energías renovables, estará sujeto a lo que pueda ofrecer, en volúmenes y plazos, la industria del carbón y sus intereses corporativos. Tercero, modernizar la regulación de la distribución eléctrica mediante "un proceso participativo", en las "nuevas realidades del sector", en forma "eficiente y competitiva". No será fácil lograrlo, en un sector con características de monopolio natural y con fuertes intereses involucrados. Introducir competencia no será fácil, aunque los apetitos por avanzar en esa línea crecen día a día.
Tenemos un equipo afiatado que se ha instalado bien en el ministerio. Falta aún que demuestre sus avances en las materias complejas.