Inversiones con mirada país

Carlos Cruz

Recientemente, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció un esfuerzo importante del gobierno por retomar la inversión en infraestructura: US$ 2.000 millones anuales en licitaciones a través del sistema de concesiones, incluyendo ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, embalses y otros. Si a esto se le suma la mantención de los niveles de inversión realizados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y otras entidades en infraestructura pública, es posible que el país se acerque al nivel del 3,5% del PIB en inversión en esta área que, como Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), hemos estimado necesaria para un desarrollo sustentable.

Hay, no obstante, algunos aspectos en los que estimamos necesario profundizar para asegurar el éxito de estos anuncios. Por una parte, esta meta de inversión debe responder a una mirada de país hacia el futuro. El mensaje debe incluir cuál es la visión que tienen las actuales autoridades sobre el devenir de Chile y cómo estos niveles de inversión contribuyen a esos logros. Por ejemplo, sería del todo conveniente saber si la incorporación de recursos privados a un ferrocarril público será complementaria al esfuerzo por ampliar nuestras carreteras para acoger parte del aumento del tráfico vehicular o será una inversión parcial, gestionada sólo desde la empresa estatal ferroviaria. De optarse por hacer un esfuerzo complementario, será muy necesario coordinar la políticas tarifarias de una y otra infraestructura de transportes, de modo de optimizar el esfuerzo realizado.

De igual forma, si lo que se pretende es recurrir al sector privado para ello, es muy importante recuperar el sentido estratégico de la alianza público-privada que tanto éxito ha tenido en el país pero que, cada cierto tiempo, es cuestionada a partir de una interpretación errónea de las responsabilidades que le caben a cada uno de los actores en este trato. Es cierto que no hay alternativa de aumentar nuestra dotación de infraestructura si no existe alguna modalidad de incorporación activa de los recursos con que hoy cuenta el sector privado para este efecto. Movilizarlos no sólo requiere proyectos, sino también una revisión contractual que asegure una relación de cooperación en el tiempo, en los momentos buenos, pero también los malos, a partir del reconocimiento que las inversiones que se promueven a través del sistema de concesiones es infraestructura pública, no privada. Es el Estado, a través de sus instituciones, al que le cabe defender esta modalidad de financiamiento de inversión sin incrementar la deuda pública, entendiendo que los privados deben hacer bien lo que tienen que hacer, lo cual algunas veces deja mucho que desear.

En este contexto, sería una gran señal que se despejara, a la mayor brevedad, la autorización para ampliar las rutas más frecuentadas del país, acuerdo alcanzado ya hace algunos meses y aún pendiente de toma de razón. De igual forma, sería una gran señal que las licitaciones en curso, algunas de las cuales fueron llamadas por el gobierno anterior, tengan un resultado exitoso en cuanto a participantes y condiciones demandadas al Estado para llevarlas a cabo. Una licitación declarada desierta o que no cuente con postores es una mala señal para la industria, para los financistas y, en general, para el país. Es preferible tomarse algún tiempo para revisar los pliegos y adecuarlos a lo que es posible para asegurar el éxito, que correr el riesgo de no contar con interesados. No hay razones suficientes para que, hoy por hoy, con el nivel de madurez con que cuenta la industria de las concesiones en Chile, no exista disposición de inversionistas privados a asociarse con el sector público en algún proyecto de infraestructura si este está bien conceptualizado.