2020: año de la infraestructura

Carlos Cruz

En los últimos años se han dado señales muy claras acerca de la importancia que tiene la infraestructura para el desarrollo del país. No es casualidad que el MOP haya anunciado un programa de US$ 14 mil millones en licitaciones de concesiones para los próximos cuatro años ni el énfasis que el gobierno ha puesto en la construcción de hospitales y en las extensiones de líneas de Metro. Tampoco es algo fortuito que en la última reunión de la Enade, cinco de los nueve paneles temáticos se hayan referido a las oportunidades que representa la inversión en infraestructura para nuestro crecimiento.

Como Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), creemos que esta convergencia de intereses debe tener un curso mucho más definitivo, de modo de asegurar que los programas que se hayan anunciado durante este tiempo se profundicen, especialmente ante los nuevos desafíos que significará la puesta en marcha de los nuevos gobiernos regionales, una vez que se haya elegido democráticamente a los gobernadores.

Es por ello que proponemos que se declare 2020 como el año nacional de la infraestructura. Durante ese período -12 meses antes de las próximas elecciones presidenciales- debiéramos generar un consenso nacional para identificar los proyectos más relevantes que nos permitan dar el salto al desarrollo al 2030, tanto a nivel de la cobertura del territorio como de los principales centros urbanos. Para ello será necesario incorporar los nuevos criterios que surgen como consecuencia del cambio tecnológico que supone el avance en las comunicaciones; el impacto del cambio climático y la necesaria resiliencia con que debe contar nuestra infraestructura para enfrentar el futuro.

Estas propuestas debieran ir acompañadas de las alternativas institucionales que nos permitan tener la certeza de que los buenos proyectos serán debidamente encauzados para una pronta ejecución, tomando en consideración la arquitectura organizacional con que cuentan los organismos ejecutores; las nuevas demandas de participación ciudadana y el papel protagónico que jugarán los gobiernos regionales. Armonizar las necesidades y carencias en nuestra infraestructura de transportes, de riego, de conectividad digital y espacios públicos, entre otros, es una exigencia a resolver a la mayor brevedad.

De igual forma, estas propuestas debieran ir acompañadas de alternativas de financiamiento, en tanto existe el convencimiento de que Chile no carece de recursos para inversión, sino de los eslabones que permiten poner los recursos a disposición de los ejecutores de los proyectos para que estos materialicen. Entre las AFP y las compañías de seguros, es posible identificar más de US$30.000 millones que podrían destinarse a activos alternativos, donde las inversiones en infraestructura debieran constituir un gancho. En este sentido, la próxima entrada en vigencia del Fondo se Infraestructura es una opción que contribuirá a resolver, en alguna medida, esa falta de vínculo entre la disponibilidad de recursos y los usos que a estos se les puede dar a través de la infraestructura.

Concordar políticas que permitan alcanzar un Acuerdo Nacional para la Infraestructura serviría de base para las campañas electorales del 2021, de modo de darle continuidad transversal a esta propuesta y, a través de esa vía, asegurar su permanencia como programa de gobierno y su materialización en un horizonte razonable.