Venta de SQM abre duda sobre necesidad de que comprador lance OPA por el activo

¿Lanzar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones o no? Esa es una de las dudas que el equipo que asesora la venta de las acciones que Oro Blanco mantiene en Pampa Calichera, y que en la práctica podría implicar el traspaso del control de SQM, estaría intentando resolver por estos días.

Esto, dado que no estaría claro si el comprador, dependiendo de la fórmula por la que opte, debe lanzar una OPA, ya que indirectamente podría estar tomando el control de una empresa.

Para definir esto entrarán a jugar varios factores, como si Julio Ponce se desprenderá de otros porcentajes de acciones por los cuales participa en la minera no metálica y cómo quede el pacto de actuación conjunta que tiene con Kowa, el que a su vez también habrá que dilucidar si puede mantenerse o no bajo el nuevo esquema.

El problema, dicen en la industria, es que si el nuevo comprador no adquiriera el control de SQM -sino que solamente una participación importante-, podría desatarse una nueva lucha por la minera, entre los máximos accionistas, la canadiense Potash, y el inversionista entrante.

De este modo, pese a que no hay forma que el comprador obtenga dos tercios de SQM, dado que Julio Ponce tiene menos del 30% y que incluso hay una restricción en los estatutos de la compañía, la OPA podría desatarse por otras de las obligaciones que establece la legislación.

Un tema que, según conocedores del proceso, estaría siendo analizado por el equipo asesor del proceso de venta.

De hecho, el 28 de abril, a las 12.30 horas, cuatro asesores llegaron hasta las dependencias de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para reunirse con el Fiscal de Valores, José Antonio Gaspar, y por el espacio de una hora y media abordaron los criterios del regulador en relación al proceso de venta, para adoptar todas las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a la normativa vigente, según consta en una consulta enviada por el gerente general de Pampa Calichera, Ricardo Moreno, al superintendente Carlos Pavez.

A la cita asistieron Ignacio Pérez Cossío, quien según LinkedIn es Investment Banking Vice President del Itaú BBA; el abogado Cristóbal Faine, Javier Graña y Gonzalo Honorato, se consignó en el portal de la Ley del Lobby.

Reserva de información

Aunque no se especificó a qué criterios se refería la consulta hecha por los problemas, un tema que se habría abordado directamente es qué tipo de información y bajo qué modalidad se debe ir informando al regulador. Lo que hay detrás es cómo se manejará información sensible de la compañía.

Esto porque pese a que Oro Blanco había solicitado información tanto a Pampa Calichera y, por su intermedio, a SQM para incluir en el data room que tiene disponible para interesados en la minera, estas compañías sólo han enviado antecedentes públicos, evitando enviar documentos confidenciales.

En el escrito, Pampa Calichera explica que pese a los requerimientos de información adicional realizados por Oro Blanco, su directorio, en sesión de 5 de mayo, “acordó que no se entregarían antecedentes que no revistan el carácter de información pública, a la espera de obtener un pronunciamiento de la SVS”, respecto de una serie de consultas.

Fuentes de la industria creen que esta consulta y cautela responde a que en el pasado ya se le ha cuestionado a estas sociedades el tratamiento y la oportunidad para dar a conocer información sensible, además que en este caso será necesario que el regulador tenga conocimiento de quiénes van a acceder a información confidencial, para monitorear su uso.

En ese sentido, Pampa Calichera consultó a la SVS si puede, considerando la legislación vigente y tomando los resguardos necesarios, entregar antecedentes que no tengan el carácter de información pública, para que Oro Blanco los comparta en el data room. Aclara que de todos modos, Pampa pediría que se cumplan condiciones como la firma de un acuerdo de confidencialidad para que Oro Blanco divulgue la información bajo ciertas restricciones para que solo las personas que tengan la necesidad de acceder a ella lo hagan, bajo deber de confidencialidad.

Además, los que accedan deberán firmar una declaración jurada, donde finalmente se abstendrán de participar de cualquier forma en la enajenación de valores de oferta pública emitidos por Pampa Calichera por un período de 120 días o hasta la fecha en que se concluya el proceso de venta.

Consultó a la SVS además, si hay otros mecanismos adicionales para tomar resguardos.