Encuesta: gerentes legales de grandes empresas tienen más poder y buscan bajar costos de externalización

El mundo jurídico local vive una verdadera revolución. Varios son los informes que en el último tiempo han reportado parte de esta transformación y ahora es el turno de Idealis Reports, que dio a conocer en exclusiva a Diario Financiero una encuesta que realizaron durante mayo a 59 fiscales y gerentes legales de grandes empresas establecidas en Chile sobre sus expectativas acerca del futuro de la externalización de servicios legales.

La mayoría de los encuestados (55,9%) piensa que el tamaño de los departamentos legales internos va a crecer en el corto plazo. El 80% de quienes prevén ese futuro dan como razón que “la descripción de cargo del Chief Legal Officer (CLO) ha cambiado: hoy es un socio estratégico en la toma de decisiones en la empresa”.

Por otra parte, un 32,2% cree que el tamaño de la gerencia se va a mantener y un 11,9%, que se reducirá. En relación a los abogados externos, la percepción de los encuestados es que no disminuirán, pero sí buscarán reducir tarifas, mediante licitaciones o negociando métodos de facturación atractivos.

El cambio de rol

En cuanto a las áreas de práctica, excluyendo la corporativa, un 40% de los gerentes legales considera que el área laboral será la que más crecerá al interior de las empresas y, en segundo lugar, con un 15%, se prevé la contratación de más abogados ambientalistas.

Ante la pregunta de cuál es su rol, una abrumadora mayoría (80%) escogió la alternativa “El paradigma cambió: el CLO es ahora un alto ejecutivo de la empresa, llamado a leer procesos políticos, sociales y económicos, con el fin de asesorar y participar en la toma de decisiones estratégicas”, seguida (16%) por: “El CLO tiene como misión principal evitar contingencias jurídicas a la empresa. Es el guardián legal”. Sólo un 3,6% eligió: “El CLO debe saber que su lugar no es la primera línea, sino estar justo atrás de los que toman las decisiones, acompañando su razonamiento, sin pretender mayor figuración”.

“El manejo a ‘control remoto’ de un determinado asunto o ‘detrás de un escritorio’ ya no sirve. Los CLO son un actor principal en el desarrollo operacional y productivo de una compañía”, explicó Daniel Ocqueteau, gerente legal de la empresa Quiborax.

Santiago Montt, vicepresidente legal de BHP Billiton Brasil, por su parte, agrega que si bien la preparación del abogado lo llevaba a cumplir funciones de “lectura social”, esa visión amplia habría sido reemplazada por una “positivista” y tecnocrática que redujo al abogado a su ámbito de acción más conservador; el del “se puede o no se puede”.

Presupuesto

La investigación también arrojó que la mayoría de los encuestados estima que el presupuesto de los departamentos legales será destinado en más de un 50% a costos internos. Esta percepción es distinta a lo que ocurre actualmente en Estados Unidos, donde el 60% de los gastos de las fiscalías se va a pagar servicios de abogados externos, comenta Felipe Lavín, socio de Idealis Reports.

“Los honorarios de los externos son y seguirán siendo parte fundamental del presupuesto legal de las empresas. Sin duda, el método de cálculo más atractivo para los CLO es que les cobren un capped fee (con techo o límite) y el que les causa mayor rechazo es el hourly billing. Ahí existe una tensión porque el cobro por horas es el mecanismo que más han usado las oficinas”, añade Lavín, quien dirigió el estudio.

Por eso no es de extrañar que según las respuestas, el método más eficiente para bajar costos haya sido: “Negociar las tarifas de los externos”. Lo que sí fue inesperado, comentan en Idealis Reports, es que el segundo método más eficiente para abaratar costos fue: “Desarrollar o contratar tecnología”; una buena noticia para emprendedores que han apostado por crear soluciones para los abogados.

Para Francisco Javier Vargas, fiscal de Intervial Chile, la mejor combinación es un buen equipo legal in house, con áreas de especialidad que se complementen y una estructura que tienda a la horizontalidad. Además, “que existan metas y objetivos precisos, medibles y remunerados”, y que la fiscalía se apoye “en dos o tres estudios externos, involucrados con el negocio y con tarifas que les sean interesantes, pero flexibles”, concluyó.