DF Lab Opinión/ Ley REP: Se acaba el plazo

El 16 de septiembre de 2023 empieza a regir la obligación legal de las empresas de organizar y financiar la recolección y valorización de los residuos de los envases y embalajes de productos que comercialicen en el país, para cumplir las metas y obligaciones establecidas en la Ley REP (Ley de Responsabilidad Extendida del Productor). Para ello, deberán conformar o adherir a sistemas de gestión individuales o colectivos, entre ellos los Gransic, conformados por 20 o más productores no relacionados. Estos últimos no reparten utilidades, y no pueden impedir la adhesión de nuevos miembros.

Aunque hay más de 14.500 empresas sujetas a esta regulación, hoy solo 25 compañías de diversos rubros han iniciado formalmente la solicitud de autorización del primer Gransic al alero del gremio AB Chile, que agrupa a las principales firmas de alimentos y bebidas analcohólicas, y que está llamado a integrar además a empresas de diversos sectores de la economía.

Una explicación a lo anterior podría estar en que faltan casi dos años para que empiecen a regir las metas. La constitución de este Gransic inició su tramitación legal ante las autoridades de libre competencia en abril de 2021, proceso aún en desarrollo y con etapas por cumplir; resta la constitución como persona jurídica, que implica requisitos legales adicionales, hasta concluir con la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente (MMA). Se espera terminar este proceso en julio de 2022. Así, si un sistema de gestión se empezara a tramitar hoy estaría listo a fines de 2022, nueve meses antes de que entre en vigencia la ley. Los plazos se acortan drásticamente.

A esto se suma otra exigencia legal: un año antes de la vigencia de las metas, debe presentarse al MMA el Plan de Gestión del GRANSIC que incluye el número de compañías que adhieren al sistema, el volumen de envases que ponen en el mercado -y en base a ello cuánto están obligadas a recuperar-, la tarifa que cobrará por ello, la infraestructura y las licitaciones para la gestión de los residuos. Los plazos se ajustan aún más.

¿Por qué esta exigencia? Porque el cálculo de la tarifa y el costo de gestión depende de cuántas empresas adhieren al sistema, y cuántos envases ponen en el mercado. Si el número de ellas varía, este cálculo se modifica, lo que lo hace inviable ante los plazos establecidos.

Así, el 16 de septiembre de 2023 está encima frente a toda la tramitación previa. El riesgo para las empresas de quedar fuera de un sistema de gestión colectivo es alto: la multa por incumplir la Ley REP llega hasta US$ 8 millones, y el costo de hacerlo solo -con un sistema de gestión individual- lo hace prácticamente inviable. Estimamos que el primer año de operación de un GRANSIC costará a las empresas US$57 millones, y para los primeros 10 años la cifra llegará a US$2.000 millones.
Mientras más residuos gestione un sistema, menor será el costo para las compañías. Por ello, en países como España, Bélgica o Francia existe un solo gran sistema de gestión para cumplir las metas de envases domiciliarios regulados por la REP.

Los plazos se acortan. De ahí la importancia de sumarse hoy a un GRANSIC, y no quedar fuera de la implementación de la política ambiental más importante de la última década en Chile.