Gobierno lanza proyecto de deuda consolidada desatando el rechazo del comercio y el retail

Por Paula Gallardo


En una inusual puesta en escena -un restaurante en la comuna de San Felipe- el presidente Sebastián Piñera, acompañado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, presentó ayer el esperado proyecto que crea un nuevo sistema de información comercial, que consolida en una sóla base los datos del historial de cumplimiento y morosidad de las personas en el sistema financiero.

La iniciativa se centra en cuatro ejes principales. Primero, consagra la idea que la propiedad de los datos comerciales corresponde a las personas, estableciendo resguardos a la privacidad.

Bajo esa lógica, obliga a quienes aportan los datos -bancos, comercio, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, notarios, etc- a pedir el consentimiento de los titulares para recopilar, tratar y comunicar tanto la información positiva (deuda vigente y pagos al día) como negativa (morosidades), incluso cuando sea requerida por entidades no crediticias. Además, dichas entidades deberán informar a las personas quiénes serán los potenciales destinatarios de la información.

En segundo lugar, establece límites para el acceso a las bases de datos. Esto porque sólo podrán acceder a ella los oferentes del crédito en el marco de la solicitud de financiamiento o, en último término, el propietario de la misma.

En tercer lugar, establece una regulación orgánica a la información comercial mediante la creación de un Sistema de Obligaciones Económicas (SOE) que funcionará como un administrador encargado de pedir, almacenar y entregar la información comercial a las distribuidoras, al que también deberá recurrir Dicom. Este sistema será licitado a través de la Superintendencia de Bancos, que supervisará el funcionamiento del modelo y determinará los requisitos, obligaciones y prohibiciones para la distribución de la información comercial.

Y finalmente, faculta tanto a la Superintendencia de Bancos como al Sernac para regular, fiscalizar y eventualmente sancionar eventuales incumplimientos de la normativa. De hecho, la SBIF podrá aplicar multas que van desde las 200 a las 1.000 UTM, la eliminación del registro de distribuidores o el término anticipado del contrato de la administrador.



Los efectos esperados


Según el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el proyecto permitirá que la información tanto positiva como negativa de los deudores fluya con el consentimiento de los titulares, favoreciendo a los 10 millones de deudores que registra el sistema financiero.

“Vamos a tener información no sólo de los bancos, sino que del mundo de las casas comerciales, de las cajas de compensación y de otros oferentes del crédito”, añadió.

Como consecuencia de ello, “vamos a poder distinguir a los buenos deudores que muchas veces quedan fuera del sistema porque las tasas son muy altas”. Y por lo mismo, proyectó que “vamos a ver muy probablemente una baja en la tasa de interés” cuando el sistema esté en ejercicio.

Agregó que la iniciativa no tendrá efecto retroactivo dejando intactas las bases de datos que históricamente han recopilado la banca y el retail, aunque mantendrá la caducidad de los datos en cinco años, tal como ocurre en los registros actuales.

Larraín recalcó que “el acceso a los datos de las personas lo van a tener solamente los oferentes de crédito y ya no cualquier persona que hoy día se mete a la base crediticia”. Esto, planteó, “permitirá que no se pueda excluir a nadie de un trabajo o de la atención en salud por tener Dicom”.

El proyecto ingresaría esta semana a trámite y establecería un período de transición de dos años entre el antiguo y el nuevo sistema.