Asociación de Bancos propone que se proteja el ahorro privado ante la Convención Constitucional

El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, comenzó de lleno el nuevo año presentando ante la comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico de la Convención Constitucional. Ante dicha instancia, el timonel de la banca propuso que la Carta Fundamental consagre normas de inclusión financiera y de protección del ahorro privado.

El timonel de la banca resaltó que el sistema financiero ha estado "entre las industrias de mayor desarrollo de nuestro país".

Destacó que el sector ha posibilitado que un gran porcentaje de la población, empresas y emprendimientos accedan a productos y servicios financieros que "en este siglo son parte de la vida moderna, con medios de pago tecnológicos eficientes y masivos, productos que permiten la gestión de riesgo de la vida personal y empresarial, disponibilidad de variadas alternativas de ahorro, y acceso a posibilidades de financiamiento, como ha sido el caso de los créditos hipotecarios para las personas, las mejores de América Latina y comparables a países desarrollados.

Una de las propuestas de la banca incluye promover una economía inclusiva en la nueva Constitución mediante normas que impulsen la inclusión financiera.

Para ello, se asigna al Estado "el deber de diseñar e implementar políticas públicas que promuevan y potencien la inclusión de las personas a un sistema financiero seguro y formal, dados los marcos regulatorios vigentes, junto con fomentar que sus condiciones de acceso sean conocidas, transparentes y no discriminatorias".

Mena sostuvo que esta temática fue recogida en 2008 por la Constitución Política de Ecuador.

La segunda sugerencia que hizo la Abif ante la Convención es que el Estado tenga el mandato de "promover la formación financiera sin discriminar destinatarios, formas, oportunidades o mecanismos para ello, abriendo así un vasto campo de posibilidades al Estado, ya sea a través de su acción directa o a través de la colaboración de privados, pero también a todas las personas para que puedan acceder a estos espacios de la manera más cercana, accesible y transparente".

Mena ahondó que esto "debe conjugarse con otros derechos constitucionales, tales como la libertad de enseñanza, la libertad de asociación, la libertad de cátedra y la libertad de expresión".

La razón de impulsar esta medida es que "Chile exhibe una brecha y rezago relevante en el manejo de conocimientos financieros. Esto se refleja en diversos estudios internacionales, donde Chile se ubica por debajo de la mayoría de los países de Latinoamérica", sostuvo el presidente de la Abif.

Mencionó que en México se propuso una reforma constitucional que se está tramitando y que incorpora la educación financiera como parte integrante del derecho a la educación.

Protección al ahorro

El tercer pilar de la propuesta formulada por la Abif apuntó a proteger el ahorro privado, "resguardando los recursos obtenidos tras el esfuerzo de las personas y así incentivar la sana práctica de ahorrar", dijo Mena.

Para ello, la idea de la banca es que se aborde por un lado el de "reconocer constitucionalmente el ahorro privado, asociándolo a valores positivos y a una práctica sana, como una guía para los futuros legisladores y un resguardo frente a eventuales propuestas que pudiesen menoscabarlo en el futuro".

Además, indicó que se debe "explicitar el concepto de 'largo plazo', dada la importancia que esta dimensión temporal involucra en decisiones tales como financiamiento para la vivienda, la vejez, entre otros".

Y el segundo ámbito es "reconocer el derecho individual al ahorro y protegerlo de manera formal y segura. Sin este derecho, el principio formulado podría quedar sujeto al incierto impulso del futuro legislador. Por el contrario, al crear este derecho, se permite que las personas reclamen ante tribunales y órganos administrativos en caso de deterioro o vulneración del ahorro privado".

La propuesta de norma constitucional de la Abif es: "El sistema económico consta de un sistema de ahorro privado sano, competitivo y de largo plazo. La Constitución reconoce a todas las personas el derecho a ahorrar en entidades públicas y privadas de su elección, determinadas y reguladas por la ley".

Mena aseguró que este tipo de protección constitucional al ahorro privado ha sido abordado en las constituciones de Italia, Perú y Portugal.