Superintendencia rebate críticas a bases de licitación de casinos ante el TDLC

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) defendió el modelo de licitación que dio paso a la renovación en agosto de 10 de 14 licencias en el territorio nacional. En el marco de la consulta impulsada por Corporación Meier en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la autoridad regulatoria explicó los argumentos que sirvieron como sustento para determinar el sistema de competencia, los montos de inversión y las cláusulas que distinguen a renovantes de desafiantes.

El grupo peruano busca suspender los procesos de licitación de las concesiones de Talca y San Antonio, pese que en el primer concurso mencionado fue el único oferente que pasó la etapa técnica.

A ojos de la SCJ, las bases técnicas del concurso tienen como objetivo principal “la promoción de la libre competencia”. De hecho, expuso que, al tratarse de un mercado regulado, para determinar los efectos en esta materia se licitó un informe en derecho y un informe económico.

El primero fue adjudicado a los abogados Francisco Agüero y William García; y el segundo a Marcelo Villena, a través de la empresa Econometrics. “Ambos Informes sirvieron de base en definitiva para la elaboración de las bases técnicas, los que serán acompañados oportunamente como documentos junto al informe requerido a esta SCJ”, expresó.

El operador con base en Perú criticó los montos de inversión establecidos por el concurso, ya que la Superintendencia tendría la facultad de favorecer a renovantes, en desmedro de desafiantes. Esto, porque permitiría que dueños de concesión actuales puedan tener la opción de que el 80% del proyecto económico sean obras existentes avaluadas. De acuerdo al regulador, esto es falso porque “es una regla establecida a nivel reglamentario de cumplimiento necesario por esta autoridad”.

Otra acusación de Corporación Meier es que la base de licitación tiene una alta cuota de “discrecionalidad” y cuenta con información muy vaga que beneficia a renovantes. La autoridad replicó que el documento exige cuatro informes a organismos públicos específicos. Y si bien las bases de licitación no entregan lineamientos para realizar estos documentos, dijo que sus resultados se ajustan a factores que evalúa la propia SCJ a partir de la Ley y el reglamento.