Super de Casinos de Juego se defiende tras críticas de gremio a su rol fiscalizador

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) ha tenido que hacer frente a una serie de críticas que surgieron tras el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que surgió para revisar la fiscalización a los casinos de juego, el que fue aprobado por una amplia mayoría en Sala hace una semana y que cuestionó el rol de esta autoridad.

Este jueves, además, el presidente de la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) -gremio que reúne a actores de la industria como Marina del Sol y Sun Dreams-, Ricardo Abdala, dijo en un punto de prensa que lo constatado en dicho informe apunta a que "sería prudente que el gobierno analizará la posibilidad de que una nueva persona lidere la Superintendencia; una que no tenga conflictos de interés para encabezar los procesos en curso en la industria", apuntando a la titular Vivien Villagrán.

Ante este escenario, el regulador salió a defenderse. "Resulta difícil de entender los sucesivos cuestionamientos sobre eventuales faltas de diligencia en la aplicación de las leyes, más aún cuando los mismos que critican a la SCJ han tenido acceso a todos los mecanismos para impugnar las decisiones administrativas", comenzó diciendo en una declaración el superintendente (S), Manuel Zárate.

Sobre esto, agregó que las sociedades operadoras con permisos que expiran en 2023 y 2024 han sido "particularmente activas para intentar impugnar las bases técnicas de la nueva licitación que se inició en julio del año pasado".

Asimismo, Zárate destacó que todos los recursos de protección presentados ante la justicia han sido rechazados por diversas Cortes de Apelaciones e incluso por la Corte Suprema.

Ahora bien, respecto al informe de la comisión investigadora, que sostiene que existirían hechos y situaciones que deben ser investigados para establecer la legalidad de las decisiones administrativas del regulador, el superintendente de Casinos de Juego (S) señaló que consideran que son los órganos pertinentes, como la Contraloría General de la República, "los que deberán pronunciarse en definitiva sobre si esta Superintendencia ha actuado apegada a ley y al marco normativo, como es nuestra convicción".