Revive conflicto en licitación de casinos: Dreams busca que Corte Suprema pueda revisar el caso

El próximo 18 de octubre se concretaría uno de los hitos más relevantes -y hasta el momento, conflictivo- para la industria de casinos: la entrega de ofertas para operar 12 plazas de juego. El modelo de concurso, ha envuelto a los actores y a su regulador en fuertes disputas judiciales.

Este concurso había partido el año pasado, pero se detuvo por la pandemia. En mayo se reinicio y en tres meses más las firmas deberán presentar sus ofertas técnicas y económicas en Hotel Gran Palace de Santiago para disputarse las plazas.

Las diferencias entre los operadores y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) radican en el cuestionado Art. 3° de ley de casinos, que establece que "los permisos de operación otorgados con anterioridad a la modificación de la presente ley se regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento, salvo que las normas posteriores impliquen mejores condiciones para su operación".

Según la lectura de algunas empresas, les correspondería un proceso licitatorio de concurso de belleza (beauty contest), que consiste en la presentación de un proyecto y en la evaluación de los atributos de este. Sin embargo, diez años después, se realizó una modificación que cambió el panorama y que trata en que la adjudicación de las plazas debe ser en base a una oferta económica.

En este escenario, actores como Dreams y Marina del Sol se han jugado varias cartas al llegar a la justicia presentando reclamos por ilegalidad contra el regulador, dirigido por la superintendenta Vivien Villagrán.

En el caso del primero jugador, la firma había interpuesto recursos en contra de la interpretación de la Super en la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, en mayo de este año la autoridad falló en su contra.

En la primera sentencia, señaló que "el criterio expuesto, esto es, la posición de la Superintendencia que esta Corte no puede menos que respaldar, no altera nada, la ley se encuentra vigente hace ya bastante tiempo, de modo que cualquiera pudo leerla y entender su alcance. Ella da seguridad y certeza jurídica a toda la comunidad, no solo a los actuales operadores, sino que también a los interesados en gestionar en el futuro un casino, y a quienes observan los procesos de licitación o de concurso que se producen en el país".

Sin embargo, lejos de quedarse brazos cruzados, ahora la sociedad que administra el casino Dreams Temuco, decidió interponer un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, dado que la ley de casinos no permite apelar las decisiones de la Corte de Apelaciones.

Con esta acción, Dreams busca que la Corte Suprema revise lo fallado por la autoridad anterior. Desde la lectura de la firma, al disponer una prohibición de apelar a su resolución, "se produce por tanto una afectación directa y esencial del derecho a recurrir, y consecuentemente, a la garantía del debido proceso". Hace unos días, el TC resolvió declarar admisible el recurso.

De todos modos, este actor que sorprendió al mercado al reconocer conversaciones para fusiones con Enjoy, no ha sido el único en iniciar procesos administrativos contra su regulador. Marina del Sol también hizo lo propio al interponer recursos contra la SCJ por su interpretación a la ley de casinos. En este caso, los procesos siguen en curso, dado que debido a la pandemia ha demorado su desarrollo.

Los otros pasos de Dreams en el TC

La judicialización en el sector ha sido recurrente. El año pasado, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago había cerrado la puerta al recurso de ilegalidad de Dreams en contra de la decisión de la autoridad de dar luz verde a un cambio en el proyecto de Pucón, que impulsa Enjoy.

En ese entonces, la firma señaló que no se solicitaron los informes necesarios para tomar la decisión. Y, entendiendo que la norma no permite elevar los fallos de la Corte de Apelaciones ante la Suprema, solicitó declarar inconstitucional el precepto. A inicios de noviembre del año pasado, el TC admitió a trámite el recurso y luego declaró como admisible el requerimiento. A la fecha, todavía no se da cuenta de cuál es su fallo.