Gobierno lanza dos reformas para reducir la permisología y agilizar los proyectos de inversión

Llegó el día. El Gobierno presentó este miércoles la llamada reforma al sistema ambiental 2.0 y la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que en su conjunto -primera y segunda fase- buscan reducir los plazos que requiere un proyecto de inversión para cumplir con los permisos requeridos. En La Moneda, el Presidente Gabriel Boric afirmó que si se logra aprobar la segunda iniciativa -que llamó “ambicioso proyecto de ley”- se debieran bajar en más de un tercio los tiempos. Por lo mismo, invitó a acelerar su tramitación en el Congreso.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordó que la Comisión Marfán estimó sobre la base de estas propuestas que “se podría incrementar el nivel del Producto en 2,4% al cabo de 10 años”. Asimismo, en la medida que aumente el PIB, también sube el nivel de ingresos fiscales en alrededor de 0,3% del Producto.

Tras la presentación en La Moneda, durante la tarde de este miércoles se ingresó al Congreso la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Entre las principales materias que se buscan reformar por medio del mensaje presidencial está el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), tras diversos intentos por su modernización que no han prosperado. Pero también, la Evaluación Ambiental Estratégica, la responsabilidad por daño ambiental y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.

Las claves principales de los cambios que se proponen en el escrito de 79 páginas son las siguientes:

1 El componente político

Cambios relevantes tiene la reforma en su componente político. Con la eliminación del Comité de Ministros, la Dirección Ejecutiva del SEA será la encargada de resolver las reclamaciones que se interpongan, tanto respecto de una DIA como de un EIA. Asimismo, el proyecto pone fin a las COEVA (Comisión de Evaluación Ambiental) “radicando su función en la Dirección Regional del SEA –órgano eminentemente técnico-, quien pasará de recomendar a calificar directamente los proyectos o actividades”.

Así, se propone en el proyecto modificar ambas instituciones por “órganos técnicos que permitan garantizar la observancia de criterios técnicos ambientales durante la evaluación de un proyecto, así como durante su calificación, aportando así certezas y previsibilidad del proceso, y mejorando la eficiencia en los plazos de tramitación de estos”.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, explicó este miércoles que se quiere “elevar la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y, de esa manera, disminuir en el diseño original de instancias políticas que son discrecionales”. En concreto, la decisión de aprobar o rechazar un proyecto recaería fundamentalmente en el SEA.

2 “Sistema recursivo complejo”

Se consigna que hoy hay una doble vía de impugnación administrativa y judicial que genera incertidumbre. El proyecto propone un recurso de reclamación “único y simplificado”, que evite tiempos excesivos y reenvíos entre tribunales y la administración. Se espera que estos cambios reduzcan significativamente los tiempos totales de tramitación.

3 Participación temprana

Se establece un proceso de participación temprana, el cual será voluntario y previo al ingreso al SEIA. En cuanto a la participación ciudadana en el marco del SEIA, se elimina como requisitos para abrir una etapa de participación la justificación de cargas ambientales para comunidades próximas. Así, se dice, “será suficiente que una solicitud sea formulada por 10 personas naturales directamente afectadas, o dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, por escrito y dentro de plazo”.

4 Otros ajustes

Respecto a las consultas de pertinencia, el proyecto crea la figura de la declaración jurada, por medio de la cual el titular pueda informar de cambios que no sean de consideración de sus respectivos proyectos o actividades con RCA. Sobre el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, se propone realizar modificaciones menores a los artículos 72 y 73 de la ley, para perfeccionar y fortalecer el funcionamiento del Consejo.

También, se sugiere que el SEA administre un registro público de consultores, quienes serán los encargados de firmar los antecedentes que deban acompañar los titulares de proyectos o actividades que se sometan al SEIA. Hoy dicho registro no es obligatorio para los consultores y solo tiene carácter informativo.