Empresa de servicios tecnológicos con fuerte presencia en organismos públicos pide su reorganización
Upgrade Chile tiene contratos de arriendo y soporte de más de 40 mil equipos con los ministerios del Interior, Justicia y Salud, además de la Contraloría y el SII, entre varios otros.
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Una nueva empresa del rubro de la tecnología solicitó su reorganización judicial y así evitar su quiebra. Ahora se trata de la firma Upgrade Chile, que ofrece servicios tecnológicos y tiene una fuerte presencia en organismos públicos.
La firma constituye la tercera compañía del sector que recurre a la justicia para intentar llegar a un acuerdo con sus acreedores para refinanciar sus deudas. Ya lo habían realizado las empresas Tecnodata y Adexus. En todos los casos, las causas de los problemas financieros se atribuyen a los efectos de la crisis social y la pandemia.
Upgrade Chile –cuyos pasivos rondan los $ 20 mil millones- lo explicó en su presentación a la justicia. “No logramos ser ajenos a los efectos del llamado estallido social, durante el cual sufrimos el robo de cientos de computadores en diversas regiones y a los efectos de la pandemia mundial que hasta hoy existen”.
El abogado Guillermo Troncoso Vidal, experto en insolvencias y liquidaciones, detalló que las normas sanitarias que restringieron la movilidad e instauraron la modalidad del teletrabajo, produjeron el cierre de diversas oficinas de los clientes. Esto, dijo, significó que las licitaciones adjudicadas a nivel nacional se paralizaran por casi un año, no pudiendo entregar y recuperar sus equipos en los plazos acordados.
Las causas de la crisis
“Al encontrarse todo paralizado, nuestros clientes no nos permitieron facturar y, por ende, recibir nuestros ingresos económicos presupuestados, lo que trajo consigo un inmediato déficit de caja, toda vez que, seguimos pagándole a nuestros operadores financieros las cuotas de los contratos de leasing mediante los cuales adquirimos nuestras impresoras, computadores y software”, explicó el abogado.
Frente a la alta morosidad de sus clientes, dijo que la empresa se vio forzada a recurrir a operaciones de factoring. “Recibimos dinero de éstos, los que no fueron pagados finalmente por nuestros clientes, sino que por nosotros mismos, produciéndose aún más falta de liquidez y pago de millonarios intereses no previstos”, sostuvo.
Luego, dijo que surgió la necesidad de recurrir a los créditos Covid-19 para tratar de seguir cumpliendo con los compromisos comerciales.
“Hoy nos vemos en la obligación moral, jurídica y comercial de pedirle a nuestros acreedores un plan de refinanciamiento integral que permita cumplir con nuestros compromisos económicos, tal cual lo hemos venido haciendo estos 35 años que llevamos presentes en el mercado”, indicó el abogado.
Al respecto añadió: “lo único que podría salvarnos de un eventual procedimiento de liquidación concursal sería uno de reorganización judicial, tendiente a mantener viva la empresa, conservar el empleo de cientos de colaboradores y asegurar la mantención de la operatividad de gran parte de las instituciones públicas de nuestro país”.