El pasado jueves 6 de enero, en una ceremonia en La Moneda, el presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de nuevo Código Penal que deberá tramitar el Congreso. El texto adecúa la legislación en tal sentido al siglo XXI, señala el abogado penalista y socio de Bofill Escobar Silva Abogados Jorge Bofill, que se podría considerar uno de los padres de la iniciativa, ya que actuó como coordinador de las comisiones que en 2013 y 2018 elaboraron sendos anteproyectos de la propuesta.
El experto conversó con Diario Financiero sobre los alcances del proyecto que ingresó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados e incorpora nuevos delitos –como hostigamiento, daño ambiental, afectación de áreas protegidas, ciberdelincuencia y utilización indebida de subvenciones públicas, entre otros-; establece penas transparentes para la ciudadanía; crea un sistema de penas efectivas; establece otras consecuencias adicionales al hecho punible, más allá de las penas; y, amplía el abanico de instituciones afectas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como universidades y partidos políticos.
Y si bien Bofill aclara que el texto ingresado "no es lo mismo que el trabajo de la comisión, porque entiendo que el anteproyecto que nosotros entregamos el año 2018 fue sometido a escrutinio de todas las universidades del país, los ministerios y otras entidades", tiene la convicción de que resultó "un muy buen producto que, desde el punto de vista teórico dogmático, es bien transversal y amerita que sea discutido en serio en el Congreso".
-¿Cuál es la principal característica de este proyecto de nuevo Código Penal?
-Diría que es una puesta al día de la legislación penal sustantiva, o sea, de las leyes que regulan qué es delito y cómo debe ser castigado, considerando que nuestro Código Penal –que no es un mal Código Penal- va a cumplir casi 150 años. El actual regula buena parte del fenómeno delictivo, pero también hay muchas leyes especiales; esto vale también para cuestiones que tienen que ver con los delitos socioeconómicos, de las empresas o del sistema económico. Hoy día hay delitos en la Ley de Bancos, en la Ley de Mercado de Valores, en el Código Tributario, en fin... Este proyecto incorpora todo al código, lo que por una parte hace más visible esa legislación y, por otra, la hace más armónica y coordinada.
Visión más realista
Desde el punto de vista de Bofill la principal innovación de la propuesta del gobierno, es que "elimina las amenazas de penas que no son realistas y establece reglas que le permiten al juez un margen de movimiento mucho menor del que tiene hoy en día", con lo que las penas impuestas debieran ser muy similares a las que dicta la ley, ya que se elimina –explica- la sustitución de penas como regla general.
En cuanto a la responsabilidad de personas jurídicas, el proyecto incluye nuevas sociedades sujetas a esta normativa (como TVN, Codelco, Correos de Chile, EFE, Casa Moneda, entre otros), universidades del Estado, personas jurídicas religiosas de derecho público y los partidos políticos; pero no se agregan delitos. Al respecto, el abogado explica que "desde el punto de vista del empresario la situación no cambia".
-Si no se agregan delitos, ¿cómo funciona?
-El principio general es hacer responsable a las empresas de aquellos riesgos que generan con el ejercicio de su giro. Por lo tanto, en vez de decirle a las empresas que tengan un modelo de prevención de 10 delitos, por ejemplo; lo que le dice la ley es que tenga un modelo de prevención de los delitos que se puedan cometer en el ámbito de su negocio.
-Pero esto no podría ser visto como un retroceso, al dejar a la persona jurídica la responsabilidad de decidir cuáles son los delitos que debe prevenir...
-No, es un traslado de responsabilidad, porque si resulta que la empresa nunca previó ciertos delitos, porque no los incluyó en su modelo, bueno, todo es para ella, porque si no tiene un modelo la van a sancionar. No veo por dónde pueda venir el retroceso. Porque hoy día la ley le dice a las empresas qué deben prevenir, pero hay delitos que no están incluidos en el listado y que esas empresas eventualmente sí pueden cometer.
-¿No hay forma de que la persona jurídica pudiera evadir eso argumentando que no había forma de que supiera que tenía que prevenir un determinado delito?
-El caso a caso siempre permite algún tipo de argumentación, pero te diría que la respuesta general a un argumento como ese va a ser, 'bueno, y si no tenía como prevenirlo por qué ocurrió'.
-¿De aprobarse el proyecto de nuevo Código Penal muchas iniciativas que se tramitan actualmente en el Congreso podrían quedar obsoletas antes de ver la luz?
-Ojalá se le diera prioridad al Código Penal y no a la pluralidad de leyes especiales que, al final del día, son todas leyes parche.
El anhelo del experto es que los proyectos que se están discutiendo como parche, por ahora, sean sustituidos muy pronto por un Código Penal que sistematice la legislación penal chilena. "Aquí ha habido proyectos por montones desde el año 1929 y todavía no hemos podido llevar adelante una reformación más que una reforma, una sustitución del sistema penal chileno. Insisto, ojala prioricemos lo que es más sistemático versus lo que es más casuístico", exhorta.
-¿El proyecto se podría ver expuesto a cambios producto del resultado de la Convención Constitucional?
-No se puede descartar, pero en principio el ámbito de regulación de una constitución con el de un código penal o del derecho penal no se entrecruzan. La Constitución de hoy día contempla el principio de legalidad, pero no dice qué es un delito. Por otra parte, es cierto que la nueva Constitución que se está discutiendo debiera ser un fiel reflejo de lo que es la sociedad del siglo XXI, pero este es un proyecto de ley del siglo XXI. Entonces, me cuesta imaginar que pueda haber muchas diferencias conceptuales, incluso ideológicas entre una nueva Constitución y este proyecto de Código Penal.
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