Se zanja futuro de Bocamina II: CNE posterga retiro de central a carbón de Enel hasta septiembre

Tras meses de cartas entre las partes involucradas y dudas por la compleja situación de estrechez del sistema eléctrico por la sequía, la Comisión Nacional de Energía (CNE) decidió postergar el retiro de la central de carbón Bocamina II de Enel hasta septiembre, obligando así a cambiar el hito programado para el 31 de mayo de acuerdo al plan de descarbonización.

Según la resolución que emitió este martes la CNE, a la que tuvo acceso DF, el secretario ejecutivo (S) de la entidad, Marco Antonio Mancilla, informó que “el retiro de la unidad generadora Bocamina II al 31 de mayo afectaría la seguridad de suministro eléctrico”.

“Desplegaremos nuestros mejores esfuerzos para cumplir esta instrucción con el objetivo de contribuir a la seguridad del suministro eléctrico del país”, dijo Enel.

Si bien se deja establecido que se debe postergar la salida hasta el 30 de septiembre, se detalla que “esa fecha será reevaluada en atención a la disponibilidad de recursos energéticos que presente el sistema eléctrico nacional”. Sin embargo, comentaron desde el gobierno, luego de septiembre “no deberían haber razones” para volver a postergar.

El aplazamiento de la salida de la central de 350 MW fue definida por la CNE tras el Estudio de Seguridad de Abastecimiento realizado por el Coordinador Eléctrico para el período abril 2022-marzo 2023 que fue publicado hace unos días. El organismo que supervisa el sistema mantuvo como válidas buena parte de las acciones identificadas en el informe de marzo para mitigar el déficit de suministro de energía. Entre ellas, la postergación de la salida de servicio en al menos cuatro meses de la central Bocamina II.

Según explicó la CNE, “la decisión del organismo regulador se funda principalmente en la aguda sequía que está atravesando el sistema eléctrico, que motivó la entrada en vigencia de un decreto de racionamiento preventivo y la implementación de diversas medidas para reducir eventuales riesgos de desabastecimiento de energía”.

Desde el Ejecutivo indicaron que esta decisión permitirá aliviar el suministro eléctrico para los meses de junio a septiembre y también reducir el consumo de petróleo diésel en unos 3.000 m3 al día.

Si bien en noviembre del año pasado el Coordinador dio la primera señal de que se podría posponer, generando la negativa de la firma que insistió en que la unidad dejara de operar el 31 de mayo, el organismo reiteró en febrero la necesidad de extender el plazo de manera “extraordinaria y urgente”.

Y en eso, la tensión entre la CNE y Enel se hizo evidente en diversas misivas, con la empresa pidiendo certeza al respecto, mientras la autoridad solicitaba a la firma flexibilidad para adaptarse ante cualquier escenario.

Posición de Enel

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Enel reconoció ayer que no es posible determinar a esta fecha el efecto financiero de la decisión, el cual dependerá, entre otros, “del precio futuro del costo marginal, del aporte de energía renovable al sistema, del precio de los contratos vigentes, la demanda de energía y potencia, la mantención y despacho por el Coordinador Eléctrico de otras unidades del sistema, el tipo de cambio y el precio de combustibles”.

Mientras, en un comunicado, el gerente general de Enel Generación, James Lee Stancampiano, indicó que, a pesar de las dificultades y desafíos que esto plantea, “desplegaremos nuestros mejores esfuerzos para cumplir esta instrucción con el objetivo de contribuir a la seguridad del suministro eléctrico del país”. “Confiamos en que todos nuestros stakeholders podrán realizar los ajustes necesarios para asegurar la operación de la planta en estos cuatro meses adicionales”, señaló.

La compañía detalló que la prórroga no modificará el trabajo y relacionamiento que Enel ha programado con la comunidad de Coronel, dando continuidad a los proyectos de fortalecimiento de la economía local comprometidos.

El proceso de cierre

Las autoridades recalcaron que la extensión de las operaciones de la central Bocamina II marca el inicio de su proceso de cierre que permitirá trabajar en una transición energética justa. Consultada, la Seremi de Energía de Biobío, Daniela Espinoza, aseguró que “la central se va a cerrar en septiembre, ya está definido, pero este es el proceso de inicio de cierre”.

Si bien ya hay una estrategia en el ministerio de transición justa, Espinoza precisa que dada esta extensión, comenzarán un trabajo más focalizado en Coronel donde tienen que estar todos los actores. “La idea es definir un marco para el cierre de la central”, dice.

“Sabemos que esto tendrá un impacto para la ciudad de Coronel y es por eso que vamos a trabajar en esta mesa con todos los actores para dar soluciones, y tener un cierre de forma segura y justa para todos los interesados”, dice.

Sobre la posibilidad que se reactiven las movilizaciones que se gatillaron en Bocamina por parte de un grupo de trabajadores contratistas, lo que obligó a paralizar temporalmente la operación, Espinoza recalcó que los trabajadores de la central -contratistas y directos- están invitados a la mesa de transición justa que instalarán.

Gobierno busca adelantar
la salida de carboneras

No solo Bocamina está en el radar del gobierno. Enfatizando que lo sucedido con la central de Enel es un hecho puntual que es necesario en estos momentos, pero que en ningún caso pone en duda el compromiso de descarbonizar la matriz energética, la Seremi de Energía de Biobío, Daniela Espinoza, cuenta que, paralelamente, están trabajando en una mesa al interior del Ministerio de Energía junto a otras carteras para revisar cómo pueden realizar el plan de cierre acelerado de las otras centrales a carbón.
“Estamos trabajando con los actores para acotar los plazos de cierre comprometidos en el gobierno anterior. Estamos hablando de adelantarnos por lo menos unos ochos años”, dijo. Asimismo, indicó que, “una vez definido el plan de cierre de las otras centrales, el cierre acelerado que estamos programando, la idea es presentar un proyecto de ley para una transición energética justa”.