Empresas de alimentos impugnan licitación del gobierno por unos US$ 2.000 millones en la Junaeb

Por J.C. Prado y A. PozO.


Una serie de demandas ante el Tribunal de la Contratación Pública se están presentando por estos días para impugnar las bases de una licitación impulsada por el gobierno a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) para proveer servicios de alimentación a dos tercios del sistema escolar.

El contrato -que debe estar operativo en 2012, ya que el actual vence el 15 de diciembre- es por cuatro años e involucra recursos estimados en cerca de US$ 2.000 millones. Este contrato ya se había prorrogado en 2010.

Una serie de empresas ya presentaron dos demandas cuestionando el proceso y luego se podrían sumar más, ya que ayer la asamblea del gremio que agrupa a las firmas grandes del rubro, NutreChile, decidió que también tomará acciones legales, según trascendió.

La licitación fue publicada a través del portal Chilecompra el pasado 20 de septiembre y el plazo para presentar ofertas vence el 2 de noviembre. De acuerdo al cronograma, ésta debería estar adjudicada antes de fin de año.

Se busca adjudicar un contrato por el servicio de suministro de raciones alimenticias,como desayunos, onces, almuerzos, cenas y colaciones en 54 unidades territoriales para dos zonas del país.

El plazo del contrato será de tres y cuatro años, dependiendo la zona del país. Según explica en el llamado a licitación, el monto referencial para presupuesto incluye a la Junaeb, Junji e Integra y es de $ 234.000 millones para un año, tomando como referencia el presupuesto 2011.

Motivos


Concretamente, las empresas del rubro están cuestionando tres puntos establecidos en las bases de licitación.

El más importante de ellos es que el proceso establece que las empresas que se adjudiquen el concurso deberán establecer una garantía correspondiente al 5% del contrato. En la práctica esto implicará inmobilizar unos US$ 100 millones. Con esto, alegan, no habría bancos interesados en financiarlas.

El segundo punto se refiere a las multas en temas sanitarios. En esta línea, se cuestiona que a los proveedores de servicios se les imponen obligaciones que son de los sostenedores de los recintos educacionales.

En tercer lugar, estiman que las multas que son excesivas.

Las demandas ante el Tribunal de la Contratación Pública se impulsan luego que terminara el proceso de preguntas y respuestas y, según comentan algunos actores del sistema, la autoridad dejó dudas sobre los puntos.

Primeros escritos


En la actualidad hay dos causas sobre la materia ante el Tribunal. La primera de ellas fue impulsada por Verfrutti. Sobre el punto de la garantía, esta empresa señala que se “discrimina arbitrariamente a los oferentes que tengan una capacidad financiera menor”.

La segunda fue impulsada por una serie de empresas, como Sociedad Alimenticia O’Higgins, entre otras. Aquí se explica que en procesos normales, la garantía correspondía a 4,5% del valor neto inicial anual del contrato.

Los grandes de la industria

NutreChile es el gremio que reúne a empresas proveedoras de alimentos de los programas de la Junaeb, la Junji y la Fundación Integra. Fue creada en 2008 y representa al 80% de un total de 2,5 millones de raciones diarias, entre Arica y Puerto Williams.
Entre las empresas que la componen, está Soser, Salud y Vida, Santa Cecilia, Departamental, Distal, Osiris, Alicopsa, Ferbas, Hendaya, Fojs, Remo, Lipermar, Verfrutti, Sercomaule, Raciosil, Vasma, Marchant Ibáñez, O’Higgins, Silva Gómez, Roma y Alianza.
Entre los peligros que implica un atraso en la licitación -que debería ser adjudicada hacia fines de año-, está que es poco probable -dado el tiempo que resta para implementar el contrato- que un nuevo operador tenga la logística para abastecer al servicio, dado lo extenso de la operación.