Directorio pide renuncia a Pablo Alcalde, éste se niega y contrata asesoría de Jorge Bofill

POR SANDRA BURGOS



Desde la mañana de ayer, el directorio de La Polar estuvo reunido en las oficinas centrales de la multitienda. A medida que pasaban las horas, el ambiente se tornó más tenso, especialmente tras constatar que les sería imposible cumplir con la petición de la SVS de entregar ayer una estimación de las provisiones.

Pero eso no fue todo, en el transcurso de la tarde y a medida que se iban conociendo más antecedentes del caso, el directorio en pleno tomó la decisión de pedir la renuncia a Pablo Alcalde, argumentando que habían perdido la confianza en él, dado que los análisis de los datos daban indicios de que la “bicicleta” crediticia montada en la multitienda venía desde la época en que Alcalde era gerente general.

Alcalde se había negado y contrató la asesoría de Jorge Bofill para defenderse.




Artillería legal


Desde el jueves, los directores y accionistas de La Polar se abocaron a reclutar a los más connotados abogados litigantes de la plaza, a fin de empezar a preparar la defensa o demandas que vendrán.

Por parte de los directores, fueron contratados los abogados Pedro Pablo Gutiérrez, Enrique Alcalde, el Estudio Ortúzar Aguila & Concha abogados y Arturo Vergara.

Son varios los cauces legales que puede tener el caso. El más complejo es que se llegase a configurar que se cometió el delito de crear un valor artificial en la empresa con la finalidad de obtener incentivos por parte de los ejecutivos. Otro escenario complicado es que además de los ejecutivos, existan directores que sabían lo que estaba pasando y que ocultaron información.

Según los antecedentes que existen, en este caso de La Polar se habría incurrido en ocultamiento por parte de la plana gerencial de cómo se manejaba este tema, el cual vendría desde hace más de dos años.

“Aquí se comenzará a destapar una olla que salpicará mucho”, explica un abogado de la plaza. Y es que no sólo es probable que la SVS formule cargos y multas en contra de los directores por no ocupar el deber de diligencia, sino también accionistas pueden demandar a los directores y ejecutivos.

Ahora si se descubre algún delito, el tema ya trasciende las acciones civiles y pasan a las penales.