Subvencionados discrepan de pago por alumno y afirman que valor es insuficiente para algunas zonas

Por M. Marañón



El Estado asignaría 
US$ 400 millones anuales de la reforma tributaria a la compra de los inmuebles con lucro, según señaló el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Pese a que el dato no es menor, los actores del sector educativo privado lo consideran un monto insuficiente, dicen no estar interesados en la venta y discrepan de la fórmula de tasación por alumno e, incluso, de que el cálculo de la infraestructura quede en manos del comité ligado al gobierno.

“Nosotros no estamos dispuestos a vender la infraestructura. Queremos permanecer proveyendo educación en el sector particular subvencionado”, explica Hernán Herrera, presidente de la Conacep. “El gobierno –agrega- entiende que comprando la propiedad está comprando el know how y lo único que está comprando es fierro y ladrillos”.

En nombre de la organización defiende y reitera que “no tiene ningún sentido” el juego de cifras del Ministerio porque la disposición de los sostenedores al respecto es clara. Además, asegura que el “nivel de suspicacia entre los sostenedores es altísimo porque sienten que ésta es una ley pensada para sacarlos del sector y dar una solución a la subutilización que tienen los establecimientos municipales y que ronda el 40%”.

Los involucrados consideran insuficientes las primeras cifras de US$ 2.500 millones por la compra de todos los establecimientos con fines de lucro propuesta por el ministro Eyzaguirre, por cuanto los subvencionados, o incluso municipales, tienen infraestructura adicional a lo exigido por el Ministerio y tilda de “ridículo” valorar los establecimientos por alumno en lugar del costo real. “Es distinto que el Ministerio diga que va a pagar 105 UF por alumno en el mejor de los casos, porque eso no se condice al costo de la infraestructura”, asegura.

En esa misma línea, Raúl Martínez, presidente de Colegios Extremadura y miembro del directorio de la Conacep, define como mera “expresión de voluntades” este proyecto que las cifras que aporta la Secretaría son “erráticas”.

De hecho, afirma que el problema va más allá de la dimensión económica. “Erradamente el ministro ha hecho un análisis muy reduccionista planteando comprar la infraestructura nada más y desconociendo que los proyectos que hay sobre esta infraestructura son sumamente complejos”, asegura Martínez. Recalca, además, que en algunas zonas de Santiago y del país el valor que se otorga es insuficiente por el boom inmobiliario que ha vivido Chile en los últimos años.

En tanto, Herrera explica que se debe tener en cuenta que en este sector con fines de lucro existe al menos un 1,3 millones de alumnos. Por ello, cree que la cifra a pagar debería ser próxima a US$ 10 mil millones.

“Contando que un establecimiento promedio debería atender del orden de los mil alumnos, y construyendo de acuerdo a los estándares del Ministerio de Educación, se traduce en US$ 4 millones o US$ 5 millones por cada establecimiento de cada tipo”, argumenta.

Condiciones poco factibles


Asegura, asimismo, que el proyecto acarrea otras “condiciones insalvables para los sostenedores”, como la vinculada al traspaso de sociedad con lucro a una exenta de ello. “Las barreras de entrada para que se integre la propiedad no han sido levantadas. El proyecto establece que los sostenedores tienen que ser dueños de la propiedad y estar exentos de deudas hipotecarias. “Eso denota un desconocimiento absoluto de lo que es el sector, porque más del 70% de la propiedad no son dueños de ella y estar sin deudas lo cumplen sólo el 20%”, mantiene.

“Nadie va a poder cubrir ese crédito en el tiempo cero, cuando el Estado se compromete a comprártelo en 12 años en cómodas cuotas mensuales; otro error de la Ley. No pueden venderlo aunque tuvieran la voluntad porque no tienen la propiedad saneada”, defiende.

Por su parte, Jesús Triguero, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), que agrupa a 850 colegios, de los cuales un 52% mantienen financiamiento compartido, considera que “la inversión (para saldar las deudas hipotecarias) no la pueden cubrir con préstamos bancarios porque las entidades no les prestan”. Cree, además, que el “nerviosismo” y la “preocupación” describen el ánimo que viven los sostenedores ante los parámetros que se han propuesto.

Por una parte, la inquietud proviene, dice, de la falta de concordancia entre lo que se ofrece y lo que reclaman los grupos del sector subvencionado. “Consideran que no son retribuidos como corresponde con la inversión que han hecho”, asegura. “Los sostenedores nos dicen que la oferta está muy por debajo de las tasaciones que tienen. Defienden que los US$ 5 mil millones no cubren lo que han hecho”, argumenta.

Por otra parte, les preocupa que el encargado del avalúo sea del Ministerio porque, dice, se “pierde la objetividad”.