Cambio de criterio de DGA complica permisos de inmobiliarias y pone en alerta al sector

Antes de hacer la primera excavación para la construcción de un edificio o poner el primer ladrillo de un condominio, las inmobiliarias deben obtener los permisos sectoriales y, en algunos casos, recibir la aprobación ambiental para recién ejecutar las obras, proceso que se ha hechó aún más extenso tras nuevos requerimientos de la autoridad para evaluar los desarrollos, lo que retrasaría la finalización de las viviendas y eleva los costos.

En específico, hace algunos meses un cambio de criterio de la Dirección General de Aguas (DGA) complicó -dicen en el sector- todavía más la tramitación ambiental de los proyectos inmobiliarios. Esto porque el organismo solicita estudios hidrogeológicos sobre la infiltración de agua a las napas subterráneas para la obtención del permiso ambiental sectorial (PAS) 158.

El director de la consultora Andalué, Cristóbal Fernández, comenta que esto afectará la tramitación de proyectos, aumentando en hasta $10 millones los costos de las declaraciones ambientales y alargando los tiempos de evaluación. Dice que esto sería un error de interpretación de la autoridad, porque este estudio se solicita a quienes aportan agua a las napas solo si, luego, quieren tener un lugar prioritario en solicitudes de aprovechamiento de agua.

“Lo único que hace esto es poner más exigencias que son impertinentes en el proceso de evaluación ambiental, que encarecen los estudios. Ahora, por ejemplo, un proyecto del Serviu tendrá que hacer un estudio hidrogeológico con pozos para demostrar a qué profundidad está la napa, aunque sea irrelevante porque estos desarrollos solo quieren mantener la recarga natural del acuífero”, dice Fernández.

El gerente general de Sustentable, Manuel Silva, señala que hay bastante preocupación en las inmobiliarias, “lo hemos analizado con nuestros clientes y creemos que no corresponde este nuevo criterio de la DGA”. Añade que esta forma de aplicar la normativa descincentiva la inversión, porque la petición de estudios hidrogeológicos -que puede implicar compromisos de revisión a lo largo de la vida útil del edificio o condomio- “encarece y hace más largo el proceso”. La gerente técnico de la consultora Altoya, Astrid Oyarzún coincide y recalca que subirá “el valor de los estudios de evaluación ambiental de los proyectos (...) La industria inmobiliaria requiere una pronta definición, que permita continuar desarrollando proyectos en un marco legal y normativo conocido”.

Aumentan desistimientos

Fuentes del sector dicen que la incertidumbre se nota en el porcentaje de proyectos desistidos. Durante 2015 fueron 55 los proyectos inmobiliarios presentados y luego desistidos por las empresas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), equivalente al 33% de todas las iniciativas sometidas a este instrumento y es un aumento de casi el doble respecto a 2014, cuando se desisitieron 29.

En cuanto a inversión, los proyectos inmobiliarios desistidos suman US$ 1.556 millones, 26% en monto de todo lo presentado al SEIA el año anterior. Aunque está la preocupación en empresas, desde la CChC dijeron que recién están analizando los cambios en las comisiones y todavía no existe un posición oficial.

La respuesta

Consultados por la posición de la industria, desde la DGA informaron que desde fines de 2013, en donde el reglamento del SEIA dispone la aplicación del PAS 158, han detectado que la aplicación genera diferencias de interpretación entre los titulares de proyectos. Por eso, han sostenido reuniones con distintos actores a los que se les ha explicado la aplicación concreta del PAS 158, diferenciando obras de infiltración y de recarga, ajustando conceptos e interpretaciones. “La meta es que estas definiciones sean parte de una guía tramite del SEA-DGA. Paralelamente, este año se conformará una mesa de trabajo con la dirección regional del SEA y de la DGA y con participación de la Cámara Chilena de la Construcción para que todos los sectores puedan aportar su visión”, dijeron. Además, publicarán una resolución interpretativa que diferencia proyectos que conllevan infiltración de aguas lluvias de aquellos que tienen un proyecto de recarga artificial de acuíferos.