Bonistas de Alsacia y Express aprueban plan de reestructuración

Alsacia y Express, operadoras del Transantiago ligadas al grupo colombiano GPS, lograron la aprobación por parte de sus tenedores de bonos del plan de reorganización financiera que les propusieron, amparadas en el mecanismo del capítulo 11 de quiebras en Estados Unidos. Con esta decisión, las empresas avanzaron en la tarea de alejar el riesgo de default que las amenazaba en caso de un resultado adverso en el proceso que finalizó el viernes pasado. Los 81 bonistas, que se pronunciaron en forma unánime, representan el 82,58% de la deuda total que estas compañías contrajeron a través de un bono por US$ 464 millones, colocado en 2011.

La propuesta de las operadoras del sistema capitalino de transporte público implica reducir la deuda por este concepto, que asciende a US$ 362 millones, mediante dos cuotas variables anuales que a 2018 completarán US$ 70 millones.

La proposición considera además otros US$ 220,5 millones, que provendrán de los excedentes de flujo de caja disponible que las empresas proyectan y que corresponde al 90% de dichos recursos. El 10% restante, en tanto, permanecerá en manos de los accionistas, con un tope de US$ 1,25 millones anuales.

Concesión
Uno de los supuestos en los que se basa el plan de reorganización financiera que aprobaron los tenedores de bonos de Alsacia y Express, es que su concesión del Transantiago será extendida desde noviembre de 2018 a fines de abril de 2021. Al respecto señalan que en caso de que esta prórroga sea concedida por la autoridad, la deuda seguirá vigente, mientras que en caso de una negativa, las operadoras tendrán que liquidar sus activos a fin de saldar las obligaciones que sigan impagas.

Las empresas informaron a la Superintendencia de Valores y Seguros que este jueves presentarán el plan de reorganización para su ratificación ante la Corte de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York, instancia que podría pronunciarse durante los primeros días de diciembre. Fuentes de Alsacia dijeron que este tribunal estaría obligado a aprobar el acuerdo cuando éste fue validado por más de dos tercios de los tenedores de bonos, requisito que se superó al ser votado unánimemente.