Elección directa de los CORE: el eterno compromiso político



A. Chavez/C. Betancourt.




Por más de una década ha estado presente en las promesas de todos los candidatos presidenciales: se trata de la iniciativa legal que permite la elección directa de los Consejeros Regionales (CORE).

Los recientes acontecimientos que han marcado la agenda regional, como la crisis del gas en Magallanes, las críticas a la reconstrucción, la polémica por la intendenta del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe y los cuestionamientos que han generado las decisiones de las Corema, han reposicionado el debate sobre la elección directa de las autoridades regionales.

El actual presidente de la República, Sebastián Piñera, en su programa de gobierno recogió este anhelo y postuló que presentaría una reforma legal que permitiría implementar la normativa que regula la elección, directa de los Consejeros Regionales, impulsada por el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos y aprobada por el Congreso a fines de la administración de Michelle Bachelet.

Es decir, lo que se aprobó es la reforma constitucional, lo que falta es la ley. Pero a la fecha no existe nada.

Pero más allá de promesas incumplidas, ¿por qué estas autoridades locales, que muchos incluso desconocen, revisten tanta importancia?
"El poder de los CORE y la relevancia de sus decisiones es clave para llevar adelante programas importantes en la región", sostienen en los gobiernos regionales. 
Para el diputado DC por Chiloé, Gabriel Ascencio, quien a propósito del episodio Van Rysselberghe, llamó al gobierno a reimpulsar los proyectos de ley que permiten avanzar en una profunda democratización de los gobiernos regionales en la elección directa de los CORE pero también de los intendentes, quienes encabezan el Gobierno Regional, y que actualmente son designados por el Ejecutivo.

"Los CORE toman decisiones muy importantes en materia de distribución de recursos y los procedimientos que utilizan hasta ahora, no tienen que ver con el tipo de plan de desarrollo que cada una de las regiones pudiera haber elaborado", sentencia.

Es que los CORE, que son elegidos en forma indirecta por el total de concejales de cada región, no sólo definen los recursos de inversión regional también participan en los Consejos Regionales del Medio Ambiente (Corema), marcando un voto decisivo en la aprobación de proyectos medioambientales.




¿Debate artificial?


Fuentes del Ministerio de la Secretaria General de la Presidencia, reconocen que si bien no existe una propuesta legal al respecto, porque la prioridad es avanzar en las actuales reformas políticas que se tramitan en el Parlamento, aseguran que ya hay un grupo de profesionales de la División Jurídica y de Estudios de la cartera que está dedicado a elaborar una iniciativa que permita implementar la normativa.

Quienes han conocido el trabajo que se está realizando, adelantan que están en la etapa de estudio de las distintas alternativas que permitirán poner en práctica la elección popular de los CORE y que el debate está centrado en la definición del mecanismo de la elección: que sea un proceso paralelo con los concejales o parlamentarios, por sistema binominal o en listas cerradas.

En cambio, para el ex ministro Francisco Vidal -y ex CORE- la demora en la ley obedece a una falta de voluntad política que ha cruzado a los gobiernos que han hecho suya esta promesa.

"Políticamente, la UDI siempre se opuso al igual que algunos parlamentarios DC. La cosa está más clara en RN, el PS, PPD y PRSD. A los parlamentarios, salvo que la ley contemplara muchas compatibilidades, no les gusta un CORE electo porque finalmente éste distribuye recursos como colectivo", asegura el ex secretario de Estado.

Es más, advierte que el mecanismo que actualmente está evaluando la Segpres, "está más estudiado que el hilo negro, es la chiva". Añade que por años se debatió esto, "si era lista cerrada, por sistema proporcional o no, cuál era el colegio electoral, el ámbito si la comuna, la provincia, la región, la inhabilidades e incompatibilidades de los CORE electos con los parlamentarios en ejercicio, todo eso se vio hasta el cansancio. La respuesta es una: falta de voluntad política", insiste.

Argumento que es confirmado por Ascencio, quien revela que la demora en la ley es porque "cuesta mucho porque hay todo tipo de intereses, de tiras y aflojas, compromisos políticos y cálculos que se sacan".