Que el próximo Gobierno cumpla con el compromiso de consolidación fiscal planteado en el acuerdo nacional es clave para la evaluación de riesgo país, a juicio del vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez Cabello, quien desde marzo está full teletrabajo, siguiendo de cerca la evolución de la pandemia y, por cierto, su impacto en la economía.
“No nos van a bajar el grado de inversión por tener un déficit grande este año ni por llegar al 35% del PIB deuda, pero si los mercados no nos creen que vamos a consolidar, y se puede dar con cierto grado de probabilidad el escenario de Dipres, de llegar a un nivel de deuda de 70% del PIB, se pone en riesgo el grado de inversión”, advierte.
- La Dirección de Presupuestos prevé para este año un alza del gasto público de 11,4%, un déficit fiscal efectivo de 9,6% y una deuda pública que sube a 34,8% del PIB. ¿Le preocupan estas cifras?
- Estamos en una situación única de los últimos 100 años y, por tanto, es imposible salir sin rasguños. Afortunadamente, como país hemos seguimos una política de responsabilidad fiscal de años anteriores y tenemos cierta espalda importante para poder reaccionar, hay muchos países que no la tienen. El Presupuesto 2020 se elaboró con una estimación de PIB de 3,3%, hoy se piensa que caerá 6,5%, en ocho meses nos cambió la realidad. Hay que considerar que estamos en una crisis sobre crisis, ya nos había cambiado el panorama con el estallido social. El Gobierno ya había hecho una actualización de proyecciones, había hecho paquetes fiscales especiales para afrontarla y había cambiado las metas de balance estructural. Ahora, con la pandemia, todo eso quedó obsoleto y se actualiza nuevamente.
- ¿El déficit fiscal esperado está en un nivel abordable?
- El déficit de 9,6% del PIB publicado por Dipres es el más grande de los últimos 50 años. Si uno mira desde el 90 en adelante, el único que se le acerca es el de 2009 por la crisis financiera (4,3%). Pero hoy nadie dice que haya que evitar ese déficit, porque lo que se necesita es justamente políticas fiscales que vayan en ayuda de las familias para que pasen la tormenta y, después, cuando ya se pueda retomar la actividad económica, poder hacer planes más tradicionales de incentivo a la actividad económica, a la inversión, o a la contratación, que hoy no tiene sentido hacer porque las condiciones sanitarias lo impiden.
- Entonces, no hay que preocuparse…
- En términos de política económica, es adecuado estar teniendo un déficit fiscal este año y, probablemente el próximo, y eso es lo que refleja el acuerdo. Pero pasada la tormenta, debemos tener una senda de consolidación fiscal y hay que estar encima para que esa parte del acuerdo se cumpla. Para 2020-2021 estamos con el componente del gasto, pero para 2022 en adelante el acuerdo considera una consolidación, que es la parte más dolorosa porque ponerse de acuerdo en gastar no es tan difícil, pero hacerlo para consolidar las cuentas fiscales sí lo es. Será muy importante que la institucionalidad en dos años más ayude y esté presente.
- Estamos hablando de 2022, con un nuevo Gobierno. ¿De qué dependerá que sea factible la consolidación fiscal?
- Valoro que economistas y actores políticos lo incluyeran en el acuerdo. Es importante que no haya inconsistencia temporal, que llegado el minuto de hacer la segunda parte no se desconozca su importancia. También dependerá de si ha pasado la crisis o no, porque si continúa habrá voces que pedirán una política fiscal expansiva, pero hasta el minuto las proyecciones indican que podríamos estar en condiciones de hacer una consolidación. Como lo suscribieron distintos sectores políticos, esperaría que lo cumpla cualquiera sea el Gobierno. Entonces, pasa por voluntad política y también es importante poder desarrollar elementos institucionales que ayuden a que se cumplan estos mecanismos. La Ley de Responsabilidad creó el Consejo Fiscal y quizás hay que perfeccionar esas institucionalidades para que ayuden a cumplir la consolidación.
- ¿Ese perfeccionamiento pasa también por una revisión de los parámetros de la regla fiscal dado el nuevo escenario?
- Hay muchas voces, y el CFA también publicó un estudio con perfeccionamientos posibles a la regla fiscal. Hay otra gente que dice -también con grado de razón-, que por muchas reglas que uno tenga, si no hay voluntad política de cumplirla tampoco va a funcionar, hay que tener el mix adecuado de reglas como de voluntad de cumplirla. El acuerdo recogió varias ideas que habíamos planteado como CFA previamente, hay una novedosa que ha ido tomando fuerza y que es complementar la regla de balance estructural con una regla de límite de deuda, quizás se podría avanzar en institucionalizarlo, tener metas de deuda que sean vigiladas por el Consejo Fiscal, o que sean efectuando análisis de sostenibilidad fiscal por organismos independientes. El acuerdo insinúa que no se debiese superar una deuda de 45% del PIB, pero hay que contar con elementos institucionales para que eso se cumpla.
- ¿Hay un nivel de duda considerado sano para la economía? Países europeos tienen deudas de 50%, 60% del PIB y no se inquietan…
- Chile en los últimos 20 años se ha caracterizado por tener una de las deudas más bajas comparado con países emergentes y en desarrollo. Efectivamente, hay un nivel de deuda que se puede tornar insostenible y Chile no está cerca de llegar a ese nivel. Ese margen es el que se está aprovechando para hacer frente a la crisis.
- ¿Cuál es ese nivel?
- Eso se tiene que calcular por país. En el caso de Chile, no se han hecho estudios al respecto y es una tarea que de hecho el Consejo Fiscal está desarrollando a través de un convenio con la OCDE. En general, muchos economistas coinciden que el rango está en torno a 45% para un país emergente. También hay que entender que en la calificación de riesgo país inciden otros factores y, por tanto, a los desarrollados se les puede permitir un nivel mayor de deuda, porque tienen otras variables que los hacen más sólidos que un país emergente.
- Uno de los escenarios que planteaba la Dipres es que si no se logra avanzar en la consolidación la deuda podría avanzar al 70% del PIB en el mediano plazo.
- Eso sería un nivel insostenible y nos bajaría la calificación crediticia de riesgo y traería consecuencias negativas tanto para el sector público como privado. Dipres hace bien en hacer ese escenario, porque ayuda a encender luces amarillas si no se cumple el acuerdo.
Fuerte ajuste
- ¿Qué tan doloroso será ajustarse a partir de 2022, considerando que las demandas del estallido social siguen insatisfechas?
- Es una situación importante y hemos hecho ver el punto. El acuerdo considera medidas transitorias para necesidades transitorias que se financian con deuda y reasignaciones, pero no nos podemos olvidar que tenemos problemas permanentes con necesidades de fondo que van a seguir existiendo, como bajas pensiones, campamentos, informalidad laboral y esos problemas requieren soluciones permanentes con financiamiento permanente, esa es otra discusión que el acuerdo no aborda. Por eso, superada esta pandemia hay que buscar cómo hacerse cargo de medidas permanentes con financiamiento permanente.
- Si se agudizara la crisis, ¿quedan más recursos por inyectar?
- Los US$ 12.000 millones son los adecuados con la foto actual. No podría decir si hay más espacio.
- Lo pregunto porque en algunos países ya están hablando de una segunda ola…
- Estamos en un nivel de incertidumbre bastante grande. Por ahora, tenemos el acuerdo con el componente de consolidación fiscal que viene después. Es un desafío gastar esos recursos, en épocas anteriores se hicieron planes de reactivación económica y hubo lentitud en ejecutarlos. No se trata de agrandar y agrandar el fondo, sino de ser capaz de gastarlo y ejecutarlo.
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